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Red Internacional
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Protección patronal. IMSS: Zoé Robledo hace acuerdo con Apps ante ascenso de lucha de repartidores

El pasado 30 de septiembre, el director del IMSS, Zoé Robledo, de la mano de Beat, DiDi, Rappi y Uber anunciaron que promoverán una prueba piloto para que los repartidores que así lo deseen se incorporen a la seguridad social, deslindando a las Apps de cumplir con sus obligaciones.

Sábado 2 de octubre de 2021

El pasado 30 de septiembre, el director del IMSS, Zoé Robledo, realizó un convenio junto con las empresas Beat, DiDi, Rappi y Uber el cual consiste en una Prueba piloto de afiliación al IMSS que otorgará -como dicen en su página- “acceso a los cinco seguros del Régimen Obligatorio del Seguro Social (Enfermedades y Maternidad; Riesgos de Trabajo; Invalidez y Vida; Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez; y Guarderías y Prestaciones Sociales) y podrán registrar a sus beneficiarios legales, tales como cónyuges, padres e hijos.” [1]

Es necesario hacer notar que el acuerdo se hace en un doble escenario:

1) El ascenso de las luchas de las y los repartidores, que actualmente se encuentran agrupados en dos frentes, en la Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación (UNTA) y el colectivo #NiUnRepartudorMenos.

2) El incremento, sin precedentes, del número de repartidores durante la pandemia. Las plataformas tuvieron aumentos que los medios han informado en 34 %, 150 % y hasta 250 %. [2]

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Es claro que el convenio es una maniobra de protección patronal que pretende contener la presión que poco a poco van ejerciendo las luchas de los repartidores, razón por la cual fueron excluidos del acuerdo. Es decir, la 4T, de la mano de Zoé Robledo, está acorazando los intereses empresariales de Beat, DiDi, Rappi y Uber.

Lejos de contener la tragedia de la precarización laboral que padecen los repartidores, los cuales no cuentan con ningún derecho laboral porque no son reconocidos como trabajadores, están oficializando la mentira empresarial de tomarlos como socios, “personas que trabajan por su cuenta”, como se anuncia en su boletín de prensa:

“Agregó [Zoé Robledo, i.m.] que históricamente se han establecido criterios insuficientes para el aseguramiento de las personas que trabajan por su cuenta al hacer de lado la relación obrero-patronal como la única forma de entender el mundo del trabajo, ‘y quisimos cambiar el paradigma y ser los facilitadores del ingreso a la seguridad social en todas estas franjas de trabajadores’.”

La burla es tal, que la afiliación al IMSS será voluntaria, es decir, no será una obligación patronal, sino una decisión. Consumando, en los hechos, una más de las tantas violaciones flagrantes a la Ley, pues los derechos laborales son irrenunciables, el trabajador no puede elegir si los adquiere o no.

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El punto de vista liberal se sigue escandalizando de estas violaciones porque no han querido reconocer la realidad de un siglo de legalidad capitalista y se amparan en el membrete ideológico del Estado de Derecho, no como quien abandera la violencia de clase, sino como un supuesto árbitro imparcial que debería mediar los conflictos, el cual solo aparece en las fantasías de sus ríos de tinta.

Las declaraciones de Zoé Robledo ni siquiera ocultan la intención de facilitarle al Estado la precarización laboral. Con el convenio, Robledo sigue los pasos de Ricardo Monreal, quien es un fiel defensor del outsourcing y logró hacer valer los intereses empresariales al interior de la 4T para que su regulación no los afectará.

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Por su parte, la Secretaría del Trabajo no ha emitido ningún pronunciamiento al respecto. Dudosamente su titular, Luisa María Alcalde, defenderá los intereses del trabajo.

Se verifica así que desde las alturas del gobierno no sólo no llegará la reconquista de derechos laborales, sino un nuevo tipo de ofensivas. Esto lo saben las organizaciones de repartidores, las cuales emitieron sus respectivos comunicados para denunciar que el acuerdo entre patronales y gobierno no los beneficia ni los representa.

Por ello, es importante impulsar un gran movimiento de trabajadoras y trabajadores, con independencia política del gobierno, las patronales y la burocracia sindical, que logre hacer valer derechos laborales y humanos.