Mientras gobierno y oposición discuten sobre el futuro de la salud pública en México, miles de pacientes y sus familias se mantienen en la incertidumbre acerca de su atención y tratamiento médico.
Miércoles 15 de enero de 2020
La situación del país en materia de salud es verdaderamente preocupante. Particularmente, lo que tiene que ver con la atención médica para pacientes de bajos recursos y con enfermedades complejas, así como la situación laboral de trabajadoras y trabajadores del Seguro Popular (hoy INSABI).
El 1 de enero se implementó el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), bajo la dirección del tabasqueño Juan Antonio Ferrer. La creación de dicho instituto tiene como finalidad, según el presidente y los representantes del gobierno, acabar con el lucro y negocio en las instancias de salud pública y garantizar el acceso a la misma para 69 millones de personas que carecen de seguridad social.
Tras el anuncio del presidente López Obrador sobre la desaparición del Seguro Popular y la creación del INSABI, una ola de incertidumbre recorre las instituciones de salud pública, desde el primero hasta el tercer nivel. Ni los pacientes, ni el personal médico, ni los trabajadores sabemos a ciencia cierta qué implicaciones va a tener la desaparición del primero y cuáles van a ser las reglas de operación del segundo.
La campaña mediática y de confrontación entre el gobierno de la 4T y los gobernadores del PAN en Aguascalientes, Guanajuato, Tamaulipas, Querétaro, Baja California Sur y Jalisco, tampoco ayuda a disipar el ambiente de incertidumbre y por el contrario, abona a la polarización de la opinión pública en un tema muy delicado en donde, la vida y salud de millones de personas están de por medio.
Mientras los gobiernos estatales de la oposición reclaman la pérdida de millones de pesos anteriormente otorgados por la federación en materia de salud, el gobierno de la 4T guarda silencio ante la crisis laboral para los 50 mil trabajadoras y trabajadores del ahora extinto Seguro Popular. Por su parte, el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (STNSA), Marco Antonio García Ayala, señaló que fue “un error” por parte del presidente ofrecer medicinas y atención médica gratuita para toda la población.
Con esto queda claro que en las disputas políticas entre la oposición y el gobierno, con los sistemas de salud pública de por medio, los más afectados somos, como siempre, los pacientes de bajos recursos junto con las y los trabajadores precarios al servicio del Estado.
Ante la situación de incertidumbre laboral para personal médico y administrativo, desde el 14 de enero un grupo de trabajadores despedidos provenientes de los estados de México, Michoacán, Oaxaca, Guerrero y la Ciudad de México, mantienen un plantón ante las oficinas del INSABI en la capital del país. A ellos se suman protestas contra los despidos en Puebla, Oaxaca y otros estados.
Las trabajadoras y trabajadores anunciaron una protesta para mañana 16 de enero en Palacio Nacional, con el objetivo de obtener una respuesta por parte del presidente de la República. Ante la crisis e incertidumbre en la salud pública, es urgente que todas las organizaciones sociales, feministas, estudiantiles y principalmente, las organizaciones sindicales que se reclaman democráticas como la Nueva Central de Trabajadores (NCT), la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) y la Confederación Internacional de Trabajadores (CIT), se pongan a la cabeza de la solidaridad efectiva con las y los trabajadores del Seguro Popular y levantar la más amplia unidad para la defensa de la salud pública para el pueblo pobre y trabajador.
