Nacional. Iacobaccio y Time Warp, el turno del cajero del PRO

La Sala II de la Cámara Federal le reclamó al juez de la causa Time Warp, Sebastián Casanello, que investigue la pista sobre enriquecimiento ilícito del Gerente Operativo de Eventos Masivos de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) Claudio Iacobaccio.

Iacobaccio es arquitecto y fue ascendido a ese cargo en 2011. Pocos tiempo después de Time Warp fue denunciado por el Auditor General de la Ciudad Facundo del Gaiso y por el diputado de Bien Común, Gustavo Vera. Desde 2011 su patrimonio habría aumentado de manera exponencial. Cuando asumió declaraba 128.000 $, cuatro años después su patrimonio era cerca de 8 millones. Sólo durante este año, según la AFIP, sus cuentas acreditan un monto de 1.319.702 $. Ni con el abultado sueldo que cobra un funcionario se puede llegar a semejante acumulación. Iacobaccio, hoy suspendido, era una pieza clave de la Agencia Gubernamental de Control y este organismo es, a su vez, un área central para “hacerse” de millones de pesos que van a la “caja” de la política PRO o bien al bolsillo de los funcionarios. Desde hace años que la AGC está relacionada con denuncias de corrupción. El incendio del taller clandestino de Luis Viale en 2006, los derrumbes del gimnasio de Villa Urquiza, el del boliche Beara en 2010, así como el incendio de otro taller clandestino en la calle Páez en 2015 son algunos antecedentes.

Poco ha cambiado desde que Aníbal Ibarra fuera puesto en el banquillo de los acusados por estar al frente de un gobierno cuyo ejército de inspectores liderados por la funcionaria Fabiana Fiszbin transaban con los empresarios de los boliches y se volvían ciegos a la hora de controlar irregularidades. Pasó Cromañon y lo único que ha cambiado es la magnitud del negocio. La política “cultural” del PRO es, por principio, favorable a grandes espectáculos donde lo importante es que corra mucho dinero. Eventos masivos realizados en locales perteneciente a allegados del PRO (como es el caso del predio de Costa Salguero, cuya concesión es del esposo de la actual Vicepresidenta de la legislatura porteña), megafiestas que permiten hacerse de muchísimo efectivo y donde todo está aceitado para que Matías Alvarez Dorrego, el Director de la AGC que instruía órdenes a Iacobaccio, juegue su papel de “recaudador “. A su subordinado, se lo conoce como el “cajero”. En un organismo que según “habilita y controla el funcionamiento y seguridad de las actividades de los Locales Bailables y supervisa los permisos especiales para los Espectáculos y Eventos Masivos de acuerdo a la normativa vigente”, no está de más aclarar, que la caja que maneja el “recaudador” es millonaria.

Iacobaccio estuvo esa noche en Costa Salguero “a título personal” según dijo a la revista Perfil y declaró posteriormente que el agua corría en los baños y que “no notó” la venta de droga, tema que “está fuera de su alcance”. Sobre las personas que asistieron a la fiesta, “creyó” lo que le dijeron los inspectores, que a su vez “creyeron” a los empresarios. Cuando dicen que “visualmente” detectaron a “10 mil personas” en realidad se refieren al acta que le presentaron los organizadores. A esta altura sería ingenuo hacer elucubraciones sobre la ceguera de un funcionario corrupto pero es útil remarcar que lo que dijo Iacobbaccio es lo mismo que dijo Matías Alvarez Dorrego cuando apareció a dar explicaciones por la legislatura porteña. Y palabras más, palabras menos, lo mismo que el Jefe de Gobierno. El discurso no se diferencia en nada del que ofrecieron a la justicia Adrián Conci, el titular de Dell Producciones (empresa que organizó la fiesta electrónica) o Víctor Stinfale de Energy Group (la empresa que comercializaba el agua block en Time Warp), y quien jugó un rol central en el armado del evento en común acuerdo con los funcionarios para excluir la protección estatal y permitir la comercialización de estupefacientes y de agua trucha (la de su empresa) en esa trampa mortal que fue Time Warp.

Operativo impunidad

Pasaron cuatro meses y once días de aquella noche donde murieron cinco jóvenes que sólo querían disfrutar de uno de los eventos más trascendentes a escala mundial para los fans de la música electrónica. Lo que debía ser una fiesta se transformó en una tragedia y Time Warp en el Cromañon de quienes van por su tercer mandato en la Ciudad y ahora dirigen los destinos del país. La noche del 15 de abril se convirtió en uno de los máximos ejemplos de connivencia entre el poder político, empresarios de la noche y fuerzas de seguridad, privadas y estatales, que lucran con la vida de la juventud, para convertir el derecho al ocio en un negocio sangriento. Desde entonces hemos denunciado en varias oportunidades que hay en marcha un operativo de encubrimiento para salvar al poder político. Con comando en el Jefe de Gobierno se dirige a una banda de funcionarios y legisladores que cuando hablan del tema solo buscan tapar sus negociados. Los grandes medios son de la partida. Salvo algunos párrafos cada tanto para informar por dónde transita la causa judicial, también colaboran en el operativo impunidad.

En la legislatura porteña el 24 de agosto pasado se realizó una reunión de las comisiones de Seguridad, Salud y Desarrollo Económico donde dirigidos por el PRO se busca consensuar entre los radicales de Suma +, los socialistas de Roy Cortina y el FpV distintas leyes aportadas desde lo sucedido el 15 de abril. No es intención de esta nota hacer un debate sobre los proyectos presentados. Sólo decir que lo que pasó en Time Warp no se debe a que faltara tal o cual precisión en la normativa. Le ley que presenta el Jefe de Gobierno es un compendio de preceptos ya existentes con algún agregado para hacer ver que se hace algo. Lo que hubo en Time Warp es corrupción lisa y llana.

Estamos dispuestos a llevar esta causa hasta las últimas consecuencias y por eso hemos denunciado penalmente a Horacio Rodríguez Larreta y a Matías Alvarez Dorrego además de reclamar en varias oportunidades la presencia del Jefe de Gobierno en el recinto de sesiones para que dé la cara. Se negaron así como a conformar una comisión investigadora. Toda su política se reduce a culpabilizar hipócritamente a la juventud dando cátedra en los medios sobre el “flagelo” de la droga cuando son estos mismos funcionarios los responsables de lo sucedido en Time Warp.

La masacre de Cromañon logró tomar estado público no solo por su magnitud sino por la persistencia de familiares y amigos de las víctimas, organizaciones sociales, de derechos humanos y de la izquierda que se movilizaron y aportaron nuevas pruebas para promover el castigo a los culpables. Es el camino necesario para acabar de una vez por todas con el encubrimiento que busca impunidad para el Jefe de Gobierno y sus funcionarios.