Lejos de la fama, el éxito y la tranquilidad económica que sólo gozan unos pocos colegas, la inmensa mayoría de ilustradores de distintos rubros vive a diario la difícil tarea de negociar de manera individual con las empresas en un contexto de precarización y desempleo. No es un problema nuevo, sin dudas, pero empeora con cada ajuste.
Martes 21 de febrero de 2017
Mientras los trabajadores asalariados de diversos gremios reclaman mejoras y discuten en paritarias, los trabajadores independientes, como los ilustradores, carecemos de convenios o leyes que protejan nuestro trabajo.
Pese a los esfuerzos colectivos por visibilizar esta situación, la creación del tarifario orientativo de ilustración y la campaña “Tu Trabajo Vale” (acciones encaradas por la Asociación de Dibujantes de Argentina) la realidad cotidiana confirma que, sin una regulación, son las empresas las que siguen imponiendo cuánto debe cobrar un dibujante. Y al que no le guste, que se busque otro empleo, si tiene suerte. El mercado editorial es un ejemplo de esto: empresas que no sólo no aumentaron sus presupuestos de ilustración conforme la inflación, sino que los han rebajado, con el argumento de que están en crisis. Editoriales que, por un trabajo que lleva un mes, pretenden pagar una cifra que alcanza para sobrevivir una semana. Otras que exigen cesión de derechos de autor total y exclusiva, a cambio de un monto inferior a un salario mínimo. Contratos abusivos, bajo presupuesto, demoras de hasta seis meses en los pagos (especialmente en rubros como el publicitario). Condiciones sumamente desfavorables para los ilustradores, pero legales, porque para la Ley se trata de una relación comercial entre particulares libres e iguales. A esto se suma la problemática ya estructural de todo monotributista, que debe pagar impuestos aunque no tenga trabajo, para no convertirse en evasor.
Desde el sector empresario, especialmente pyme, se argumenta que están en crisis y por eso no pueden mejorar los presupuestos. Según dicen, esto se solucionaría con el retorno de las compras institucionales de libros y la inversión estatal. Pero si esa inversión no va acompañada de una regulación de nuestras condiciones de contratación, sólo producirá ganancias para las empresas y derramará algunos beneficios para los pocos ilustradores que cobren derechos de autor, como ya ocurrió. Para el resto, todo seguirá igual. Vale decir que los programas de fomento del libro y la cultura en general son siempre bienvenidos: todos queremos que haya producción local y trabajo. Pero ese trabajo tiene que ser digno y bien remunerado. Ninguna “industria cultural” debería sostenerse en la precarización laboral.
La realidad nos exige, más que nunca, avanzar en un proyecto de ley que proteja a los trabajadores independientes y, en nuestro caso particular, en la creación de convenios de trabajo para los dibujantes e ilustradores de cada sector. Para eso hay que juntarse, intercambiar experiencias y también dar a conocer las acciones de ADA (empezando por el tarifario). Es fundamental el compromiso de todos los colegas; incluso de los más reconocidos, que pueden aprovechar su llegada al público masivo para dar visibilidad al problema. Las soluciones llegarán de la mano de la unidad y la acción colectiva.
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