Cinco decretos y una resolución que autorizan la organización de sindicatos y algunas reversiones de concesiones a cooperativas mineras tienen un carácter demagógico al preservar los intereses transnacionales.
Martes 6 de septiembre de 2016
Gabinete de Gobierno aprueba nuevas medidas para sector cooperativista minero
Foto: ABI
Tras el anuncio de un paquete de cinco decretos y una resolución que fijan nuevas reglas para el sector de cooperativas mineras, el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), indicó que revertirá en primera instancia las 31 concesiones mineras otorgadas a cooperativistas y que fueron subarrendadas a empresas privadas nacionales o extranjeras.
Lo cierto es que el conflicto cooperativista minero con el gobierno, ha abierto una caja de pandora que ha obligado al gobierno a retroceder en algunas de las concesiones otorgadas a los empresarios cooperativistas y por medio de estos a las empresas privadas nacionales o extranjeras.
Lo que pretende el gobierno con estas medidas es mostrar que todos estos años ha sido “engañado” por los cooperativistas mineros y que ahora toca hacer un ajuste de cuentas. Es por eso que en esta misma línea el Ministro de Educación señaló que “Han ido socavando los recursos del Estado por la forma social de las cooperativas que les permitía a estos capitalistas enmascarados sacar una gran cantidad de utilidades utilizando los beneficios que se otorgaba al cooperativismo minero”. Lo que es vergonzoso es cómo el gobierno hace vista gorda de algo que impulsó, avaló y respaldó durante tantos años; por lo mismo, no es de sorprenderse que el ministro de Gobierno, Carlos Romero, maneje cifras y datos de cuánto dinero se ha generado bajo el prebendalismo cooperativista: “Manquiri ha suscrito siete contratos con cooperativas mineras en Potosí, la cooperativa Unificada, la ComPotosí. Estas siete cooperativas involucran 7.000 personas entre socios activos, pasivos y trabajadores. De acuerdo a estimaciones del Ministerio de Minería, Manquiri obtiene ganancias de $us 200 millones por año”.
A todo este discurso “reversionista” hay que agregarle la postura cínica de justicia social que asume el gobierno cuando el Viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Alfredo Rada, señala: “Yo creo que aquí se está corrigiendo una injusticia histórica, una injusticia social que no podíamos seguir manteniendo en el tiempo (…) es un derecho de los trabajadores el sindicalizarse, es un derecho universal”. A caso el ministro y la gente del gobierno no sabían que la gran mayoría de los socios cooperativistas son gente humilde que trabaja obteniendo un ingreso promedio mensual de 250 dólares o menos, que dentro de este sistema existen verdaderos empresarios que se benefician del no pago de impuestos y regalías, además de contar con mano de obra, jornaleros y cooperativistas pobres, a quienes no se les paga ningún tipo de beneficio social, jubilación o seguro de trabajo. A caso no sabían que bajo el nombre de cooperativas se esconden verdaderas cámaras empresariales del trabajo en negro y precario que buscan hacerse de los yacimientos para explotarlos en sociedad con trasnacionales, sin realizar inversiones de prospección y exploración minera, agotando los yacimientos y dejando pueblos fantasmas a su paso.
El mismo Viceministro Alfredo Rada, que días antes increpó a la Central Obrera Boliviana (COB) de haber inducido al gobierno a cometer un error cuando aceptó su demanda de usar la dinamita en manifestaciones sociales, se dirigió en tono demagógico a su aliado el burócrata sindical Guido Mitma, principal ejecutivo de la COB: “Yo quiero escucharle al compañero (…), qué opina usted de estos decretos, fundamentalmente de este decreto que otorga derechos labores a más de 100.000 trabajadores de las cooperativas mineras”. Esta medida que un par de años atrás hubiera significado introducir la lucha de clases al interior de las cooperativas fortaleciendo a los asalariados, jornaleros, peones y capas bajas de cooperativistas; hoy, con la caída estrepitosa de los precios de los minerales, las actuales medidas carecen de relevancia ya que el sector cooperativista empresarial venía abandonando parajes y cerrando ingenios por esta caída. Por lo mismo, la posibilidad que hoy abre el gobierno a que los trabajadores puedan organizar sindicatos no revertirá esta tendencia.
Lo que queda claro es que el discurso de “socialismo comunitario” del gobierno se hizo aguas como el discurso demagógico de los gobiernos de la izquierda latinoamericana; el “fin de ciclo” progresista, tras haber cumplido su función histórica de contención de las crisis sociales y restablecimiento de las condiciones del orden, expresa los límites estratégicos del reformismo burgués que ocupó el poder estatal que proclamó discursos de profunda transformación, pero mantuvo casi intacto el poder del gran capital, abriendo el camino a la derecha que golpea nuevamente en el momento actual.
Una de las alternativas para dar salida al problema de la minería cooperativizada, que tiene su correlato con los conflictos de Huanuni y Colquiri, es imponer la nacionalización de toda la minería, sin indemnización alguna y bajo administración obrera, bajo un plan integral de desarrollo e industrialización dirigido y controlado por los trabajadores, realizando crecientes cortes y limitando el derecho de propiedad burguesa sobre los medios de producción.
“Es necesario llevar la lucha de clases al interior de las cooperativas, para terminar con ese carácter reaccionario y atrasado de la producción artesanal e improductiva desde el punto de vista nacional. Sólo los trabajadores jornaleros de las cooperativas y los cooperativistas pobres pueden ser los que apoyen una salida progresiva a la crisis minera en curso transformando la producción cooperativa en genuinas empresas cooperativizadas con distribución de ganancias por igual entre los socios, exigiendo el fin de las comercializadoras estableciendo una relación directamente con el Estado y recibiendo créditos baratos para su capitalización para lograr un aumento de la productividad del trabajo beneficiándose los cooperativistas de filas, las comunidades y el país” (Plan Obrero-metalúrgico para enfrentar la crisis minera - Liga Obrera Revolucionaria por la Cuarta Internacional).
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