Nicolás del Caño y Nathalia González Seligra (PTS-FIT) se hicieron presentes para repudiar la persecución a los estudiantes y a la abogada Leticia Celli. Además dijeron presente organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, políticas, de trabajadores y estudiantiles.
Miércoles 31 de octubre de 2018 16:43
Esta mañana se realizó en la sala Regino Maders de la Legislatura cordobesa una importante muestra de apoyo a los estudiantes y la abogada que fueron imputados por el juez Vaca Narvaja y la fiscal Graciela López de Filoñuk de daño y usurpación por la toma del Pabellón Argentina de la Universidad.
En la audiencia estuvieron presentes los diputados del PTS-FIT Nicolás del Caño y Nathalia González Seligra, como así también los legisladores provinciales Laura Vilches (PTS), Ezequiel Peressini (IS) y Eduardo Salas (PO). Participaron la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos; la directora del Museo de Antropología, Fabiola Heredia; la directora del Archivo Provincial de la Memoria, María Eleonora Cristina; los decanatos de las Facultades de Filosofía y Humanidades y de Ciencias Sociales; los Centros de Estudiantes de las Facultades de Filosofía y Humanidades, Sociales y Arquitectura; la Secretaría General de la Federación Universitaria de Córdoba; representantes de salas de teatro como La Luna y Bataclana; el director de teatro Toto López, entre otros. También asistieron delegados docentes, miembros de la Asamblea de Ciencia y Técnica y trabajadores de Luz y Fuerza, Minetti, Volkswagen y el Sindicato del Neumático.
En primer lugar, los estudiantes leyeron un documento agradeciendo la solidaridad de quienes estaban presentes y quienes no pudieron asistir, remarcando que las imputaciones son “una forma de atacar los derechos humanos, el derecho a la protesta, el derecho a la defensa y el derecho al ejercicio de la profesión de la abogacía”. Cuestionaron el rol de los medios de comunicación durante el conflicto, que los estigmatizaron y redujeron la lucha universitaria a una discusión banal de “toma sí o toma no”. “Hoy en día, el procedimiento judicial acapara la agenda mediática, de forma tal que no se discuten las reivindicaciones por las que luchamos”. También plantearon que las imputaciones tienen argumentos legales muy débiles, por lo que es claro que persiguen una intención política de deslegitimar la lucha y disciplinar a quienes salen a luchar. También hicieron referencia al contexto político y social, “signado por un segundo acuerdo celebrado por parte del gobierno nacional con el FMI”, un verdadero saqueo al poder adquisitivo y a las conquistas de los sectores populares. Agradecieron especialmente la presencia de distintos sectores de trabajadores: “para nosotres es central la unidad con estos sectores de los cuales aprendemos y compartimos la experiencia de lucha, lo que demuestra que la solidaridad de clase es un eslabón fundamental para lo que tenemos que enfrentar con este gobierno”.
A su turno, la abogada del CeProDH Leticia Celli planteó que “ciertamente participé de las asambleas de Derecho, donde se expresó la exigencia de la separación de la iglesia del estado sacando la virgen del patio de la facultad. También estuve presente en el Pabellón Argentina cuando la patota de la Franja Morada intentó amedrentar a los estudiantes y cuando la policía se presentó sin ninguna orden judicial para desalojar el Pabellón, como lo hacemos desde el CeProDH en toda lucha de los trabajadores y los oprimidos. El régimen político pretende disciplinar al movimiento estudiantil y al movimiento obrero que salen a luchar, pero no lo van a lograr y no nos van a amedrentar”.
Nicolás del Caño, por su parte, destacó la lucha de los y las estudiantes de Córdoba como “expresión de una juventud que este año se puso de pie y luchó en las calles, sobre todo las compañeras con la marea verde por el derecho al aborto. Hay una preocupación en las clases dominantes y sus instituciones sobre este surgimiento. la pelea no fue sólo por la educación pública sino por una alianza con la clase trabajadora. No podemos ver esto por fuera de la represión que aplica el gobierno, como vimos la semana pasada en la votación del presupuesto y como pasa en Córdoba con la Gendarmería arriba de los colectivos, que apunta a que no se pueda unir la juventud universitaria con la juventud de los barrios pobres, como ustedes hicieron. Por eso no podemos permitir estas imputaciones ejemplificadoras”.
Delegados de Luz y Fuerza leyeron un documento en el cual expresaron la preocupación por “el avance persecutorio y proscriptivo de la justicia federal sobre los estudiantes y una abogada por ejercer el derecho a la protesta”. Aseguraron además que es necesaria la organización para articular una respuesta de los sectores afectados por las políticas expropiatorias del Gobierno y la defensa de la universidad pública y gratuita a la que puedan acceder los trabajadores y las trabajadoras.
La diputada Nathalia González Seligra recordó que la lucha por la educación pública y gratuita es una bandera que molesta mucho a los sectores dominantes, “no sólo en Argentina sino también en Brasil, donde vimos a la extrema derecha irrumpir en las universidades y atacar a los estudiantes. Hemos presentado un proyecto en la Cámara de Diputados contra estas imputaciones, que ha logrado muchas firmas del Frente de Izquierda, del Frente para la Victoria, del Frente Renovador y del Movimiento Evita. Ponemos nuestra banca a su disposición para lo que ustedes necesiten, esta lucha es un ejemplo a nivel nacional”.
También leyeron adhesiones y apoyos legisladores de Izquierda Socialista y del Partido Obrero, trabajadores del SUTNA, representantes de docentes universitarios, de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos y de la Asamblea de Ciencia y Técnica. Para finalizar, los y las estudiantes anunciaron que el jueves 8 de noviembre se realizará una audiencia en la Cámara de Diputados para seguir extendiendo la campaña contra las imputaciones y contra la criminalización de la protesta, de la cual esta instancia fue un gran paso.
