Congreso Nacional. Impostura: Cambiemos busca reformar la ley de Defensa de la Competencia

La coalición oficialista presentó en la Cámara de Diputados un proyecto para reformar la ley de Defensa de la Competencia, que prevé la creación de la figura del arrepentido para combatir las prácticas monopólicas y de abuso de posición dominante, la conformación de la Agencia Nacional de la Competencia como un ente autárquico y la imposición de fuertes multas económicas, entre otros puntos.

"Este proyecto es para proteger a consumidores y productores contra la cartelización en muchos sectores", dijo la diputada Elisa Carrió (Coalición Cívica) durante la presentación en la que también participaron el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana; el ministro de Producción, Francisco Cabrera y el secretario de Comercio, Miguel Braun.

También acompañaron a Carrió en la presentación, el coautor del proyecto y titular del bloque radical, Mario Negri; el presidente de la Cámara, el macrista Emilio Monzó; y el jefe del bloque PRO, Nicolás Massot.

"Nosotros queremos una Argentina de competencia y esta Ley va a permitir que haya competitividad para la exportación y que no haya abusos ni concentración", sentenció Carrió, quien tomó el papel protagónico durante la presentación.

"Hay que acostumbrarse a que en la Argentina hay un mercado", sentenció Carrió, al criticar las maniobras de "cartelización" aplicadas por algunas empresas y dijo que "yo lo defendí a Magnetto (Héctor, CEO del grupo Clarín), pero le digo que no queremos cartelización".

Por su parte, Negri dijo que "el objetivo de este ley es proteger el bienestar de los consumidores y el correcto funcionamiento del mercado para que no haya conductas cartelizadas ni abusos de posición dominante".

El diputado aclaró que "esta ley no es contra nadie, sino que es en favor de la sociedad", que "el gobierno no arma leyes para perjudicar a nadie" y que "el último que hizo mal uso de las herramientas del Estado en materia de competencia fue el -secretario de Comercio de los gobiernos kirchneristas, Guillermo- Moreno".

El ministro Cabrera indicó que "el Poder Ejecutivo apoya este proyecto porque la defensa de la competencia es un pilar fundamental del Plan Productivo Nacional en el que trabajamos todos juntos".

A su turno, el secretario de Comercio, Miguel Braun, acompañado por el titular de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, Esteban Greco, resaltó "la importancia de este proyecto" porque "consolida la visión del Gobierno de tener un instrumento legítimo para defender los intereses de los consumidores y evitar abusos que afecten el bolsillo de la gente".

Los principales referentes del oficialismo indicaron a la agencia Télam que el proyecto ingresaría en un plenario de comisiones la semana próxima, y que el objetivo es "convertirlo en ley antes de fin de año".

Un aspecto importante del proyecto es la creación de la figura del arrepentido, con el objeto de que una persona o empresa pueda denunciar el propio accionar monopólico, para que se pueda evitar esa cartelización que sucede cuando se acuerdan precios entre dos o varias empresas.

Además, la reforma de la ley de Defensa de la Competencia prevé el aumento de las multas a las empresas que realizan prácticas de abuso de posición dominante, ya que las mismas están muy desactualizadas.

También su subirá el importe para pedir autorización para la fusión de empresas.

La ley de Defensa de la Competencia vigente en la actualidad fue aprobada en agosto de 1999 en el tramo final del gobierno del peronista Carlos Menem, como parte de una exigencia surgida de la reforma constitucional de 1994, aunque nunca se conformó el tribunal que debía aplicar y controlar el cumplimiento de esta norma.

Penalidades por competencia desleal

El proyecto de ley establece multas de hasta 3.000 millones de pesos ajustables por el Índice de Precios al Consumidor, en lo que constituye uno de los mayores aspectos para enfrentar los casos de abuso de posición dominante o cartelización.

La iniciativa contempla tres tipos de sanciones disuasivas: el del beneficio ilícito, sancionando con un tope de hasta el doble del beneficio obtenido ilícitamente como resultado de la conducta anticompetitiva; el porcentual, de hasta 30% del volumen de negocios en los mercados afectados, multiplicado por el número de años de duración de dicho acto o hasta el 30% del volumen de negocios consolidado a nivel nacional del grupo económico durante el último ejercicio.

Por último, define un criterio Monetario mencionado en el primer párrafo: una multa de hasta 200 millones de Unidades Móviles (equivalente hoy a $3.000 millones ajustables por IPC).

¿Dará resultados?

Históricamente, las leyes de este tipo no han contribuido a contrarrestar la tendencia a la concentración y centralización económica ni a detener las prácticas monopólicas, ni en Argentina ni en el mundo.
Como se observó en muchos episodios durante el gobierno anterior y el actual con el programa “Precios cuidados”, las empresas utilizan todo tipo de artilugios como ocultar los productos, engañar a los clientes con presentaciones alternativas o directamente no ofrecerlos, entre muchas otras maniobras.
Las multas terminan siendo irrisorias. Es lo que ocurre, por ejemplo, con las cementeras de nuestro país (mayormente en manos extranjeras) que establecen precios elevados a través de su cartelización al costo de pagar multas que no afectan en lo esencial sus negocios.

Mucho menos creíble es pensar que la transparencia y el control de la competencia en manos de Cambiemos conducirá a algún fin noble, cuando todas las medidas económicas que ha tomado fueron en beneficio del gran capital concentrado. No por nada, se lo conoce como un gobierno para los ricos.

El tarifazo en la energía es una prueba más que contundente que en nada le interesa al Gobierno el consumidor cuando los grandes beneficiarios fueron los oligopolios petroleros y de los servicios públicos.

Fuente: Agencias