La nueva iniciativa parlamentaria, que ha cobrado fuerza en el debate público, ya se encuentra ad portas de su primer trámite legislativo.
Sábado 8 de agosto de 2020
Se abre nuevamente la arena legislativa. Un nuevo proyecto amenaza con poner nuevamente contra las cuerdas al debilitado gobierno de Sebastián Piñera. Se trata del cada vez más conocido proyecto de ley de “impuesto a los super ricos”. Dicha iniciativa, que estipula un impuesto único por el 2,5% de su patrimonio a todas las fortunas de más de 22 millones de dolares, está pensada para recaudar unos 6 mil millones de dolares y destinarlos a ingresos de emergencia.
La repercusión del proyecto ha sido tal, que el gobierno ya salió a tildarlo de “malo”, acusando que es un proyecto para ganar “rating”. Incluso los sectores más mudos han salido a posicionarse al respecto, como es el caso de la CUT, la ANEF, y otras grandes centrales sindicales, que le exigen al parlamento legislar el proyecto cuanto antes en una campaña llamada “impuesto x la dignidad”.
No deja de llamar la atención el comportamiento de la oposición. Por un lado redacta proyectos como éste, que objetivamente pueden ir en ayuda de los alicaídos bolsillos de la clase trabajadora, pero por otro; vota proyectos emblemáticos de Piñera como lo son el proyecto de salvataje económico a grandes empresas, usando nuestros fondos de las AFP; o la famosa ley de destrucción del empleo, que permitió a las grandes empresas suspender a decenas de miles de trabajadores y trabajadoras, obligándoles a consumir su seguro de cesantía.
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Si bien es necesario acudir en ayuda del bolsillo de la clase trabajadora, para que una medida como ésta no se transforme en un bono más, es necesario ir un poco más allá. Es necesario un plan integral, para que la crisis no la paguemos las y los trabajadores. Hace falta que el impuesto a las grandes fortunas sea progresivo y permanente. Es urgente también, que el “trabajo” que dan los grandes empresarios no consista en trabajo basura, pagado con migajas.
Son las mismas grandes fortunas, dueñas del retail, de las mineras, de las forestales, entre otros grandes negocios; las que han arrojado a millones a la cesantía y los bajos salarios. Un plan de contingencia serio, debe considerar al menos la prohibición de los despidos, la repartición de horas de trabajo entre ocupados y desocupados, además de asegurar un ingreso de emergencia equivalente a la canasta básica familiar. Cualquier medida intermedia, aunque progresiva, acaba siendo un maquillaje al modelo neoliberal que impera en Chile, sin cuestionarlo de fondo.