Los capitales mineros son grandes ausentes del proyecto impulsado por la oposición, que alcanzaría por única vez a 1.572 multimillonarios de Chile.
Viernes 7 de agosto de 2020 23:05
Gran repercusión causó en el mundo político el proyecto de impuestos a los “súper ricos”, presentado por la oposición, encabezado por el Partido Comunista y el Frente Amplio.
El proyecto busca tocar parte del patrimonio bruto desde los 22 millones de dólares hacia arriba que tienen las familias más millonarias del país, por única vez, en medio de la emergencia sanitaria.
A través de este impuesto único, según quienes presentan la iniciativa, se podría recaudar cuando menos unos 6 mil millones de dólares, lo que sería el equivalente a la mitad de los 12 mil millones dólares del plan del Gobierno y el acuerdo nacional para enfrentar la actual situación de emergencia.
Según cifras que dio el mismo Jadue, alcalde de Recoleta (PC), este impuesto único tomaría a un total de 1.572 personas que en Chile tienen un patrimonio superior a los US$22 millones. Entre estos también caben las familias magnates del país, como los Luksic que tienen un patrimonio de más de US$15.400 millones, Ponce Lerou, involucrado en el caso SQM, con US$3.800 millones; Paulmann, dueño de Cencosud, con un patrimonio de US$3.000 millones; los Saieh también con más de US$3.000 millones; la familia del Presidente de la República, con US$2.800 millones; Angelini con US$2.100 millones, Jean Salata, con US$1.900 millones; Patricia Angelini con US$1.700 millones, Yarur con US$1.500 millones y Bernardo Matte, con US$1.100 millones de dólares, respectivamente.
A pesar de las grandes fortunas nombradas anteriormente, dentro del proyecto de este impuesto único, los grandes ausentes son los capitales mineros trasnacionales, que durante décadas se han hecho de miles de millones de dólares a costa del saqueo a destajo y sin escrúpulos de los recursos naturales como el cobre.
Este no es un dato menor. Hay que recordar que la gran minería privada tiene en sus manos el 71% de la producción del cobre del país, quienes se llevan las regalías de que Chile sea el productor del 30% del cobre a nivel mundial, y quienes se echan a los bolsillos más de 36.000 millones de dólares sólo por concepto de exportación centralmente a China, a quien se le destina más del 50% de la producción de cobre.
Estos mismo grupos de grandes firmas imperialistas de la minería, que en el mundo tienen decenas de minas, que se encuentran dentro del Consejo Minero, más el magnate de Luksic, son los mismos grupos económicos que durante 10 años (2007-2017) se echaron como si nada al bolsillo más de 120.000 millones de dólares. Entre esos grupos se encuentra el gigante BHP, dueños de Cerro Colorado, Spence y Escondida, donde sólo en esta última obtuvieron ganancias brutas por más de 5.900 millones de dólares el último año fiscal.
Lo anterior, no es algo menor si consideramos incluso que los mismos empresarios de la minería, han catalogado el rubro como la rama sobreviviente del virus, que pudo amortiguar la caída de la actividad económica del último mes, donde la producción minera sigue creciendo, esta vez al 2,2%, 0,1% más de los cinco primeros meses de este año. Una industria sobreviviente a costa de la salud y muerte de trabajadores mineros. Por lo mismo, no podemos permitir que las grandes firmas mineras queden inmune ante las propuesta de impuestos a los súper ricos.
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El Gobierno busca adelantarse para defender los intereses de los súper ricos
El Gobierno de Piñera junto al oficialismo, ya plantearon que el proyecto en torno al impuesto único es malo. Y ante el temor de que este se vuelva una causa popular, como lo fue el proyecto del retiro del 10% de los fondos de pensiones, busca adelantarse para contrarrestar la iniciativa llevada adelante por el Partido Comunista, el Frente Amplio, Federación Regionalista Verde Social y sectores de la ex-Concertación. Es más, los Ministros de Hacienda, Briones y Monckeberg, sumado a las reuniones del Comité Político encabezado por el Interior, el pinochetista Víctor Pérez, junto al de Cancillería, Allamand, y el de Defensa Desbordes, y las reuniones del Ejecutivo con la coalición Chile Vamos, buscan impulsar un proyecto paralelo, que pueda contraponerse a lo que ellos llaman el “inconstitucional” proyecto de la oposición.
Es decir, el Gobierno y el oficialismo buscarán defender a toda costa los intereses de las familias más ricas del país, mientras las familias trabajadoras y el pueblo pobre buscan hacer frente a una crisis sanitaria cargando en sus hombros a 9.889 muertos y 366.671 contagiados, con más de 1.700.000 personas entre suspendidos y despedidos.
Ante la temprana negativa del Gobierno, ante la confianza que tiene la oposición y el Partido Comunista de lograr los ⅗ para llevar adelante el proyecto, es necesario el fortalecimiento de la organización de las y los trabajadores, la exigencia a los grandes sindicatos mineros y centrales como la CUT, impulsar asambleas de base que permitan que miles de trabajadores y trabajadoras puedan discutir un plan serio para enfrentar la crisis actual, para hacerle frente al colapso de la salud pública por el alto nivel de los contagios como se ha visto en las regiones mineras que no han parado ni un sólo minuto de producir ante el riesgo de quedar sin trabajo y ser golpeado por el hambre junto al riesgo de enfermarse.
Las y los trabajadores debemos retomar la fuerza del histórico paro del 12N del año pasado, el que hizo temblar a Piñera, que junto a la fuerza de la juventud, las mujeres y el pueblo mapuche, podría conquistar no sólo un impuesto único, sino un impuesto progresivo a las familias más ricas del país, un impuesto del 20% con el cual a las 10 fortunas más grandes del país podrían construirse más de 40 hospitales, por ejemplo, frente al colapso sanitario. Esto de la mano con un impuesto extraordinario a los grande grupos mineros privados nacional y transnacionales, donde sólo con el 20% de impuesto a las ganancias de Minera Escondida -una de las cincuenta grandes mineras- se podría por ejemplo sostener tres meses de salarios de emergencia de $500.000 a toda la población de la región de Antofagasta.
Por último, estos debates vuelven a poner al centro la necesidad de pelear por recuperar lo que nos han robado durante estos últimos 30 años de herencia de la dictadura, 30 años en que los súper ricos se han hecho de grandes caudales de dinero a costa de nuestro trabajo y la vida de nuestras familias, 30 años de saqueos descontrolado de los recursos naturales como el cobre. Por eso es necesario volver a tomar en nuestras manos la lucha por una Asamblea Constituyente, Libre y Soberana, donde seamos los millones que nos movilizamos quienes decidamos y controlemos los grandes recursos que se encuentran en el país, la única forma de poder ponerlos al servicio del pueblo trabajador, el pueblo pobre y las y los oprimidos de esta sociedad.
