Fernando Quintero, Roberto Acevedo y Leobardo Hernández, acusados por la Fiscalía del homicidio de ocho personas en una bodega del municipio de Tlatlaya, fueron absueltos.
Miércoles 18 de mayo de 2016
El Sexto Tribunal Unitario del Segundo Circuito ordenó la liberación de los tres militares Quintero, Acevedo y Hernández, luego de ser absueltos de los “delitos de homicidio, encubrimiento y modificación ilícita de vestigio del hecho delictivo” por falta de pruebas.
¿El argumento? Supuestas contradicciones en las declaraciones de tres testigos de los hechos, acaecidos el 30 de junio de 2014. La versión oficial fue que hubo un enfrentamiento del Ejército con 22 personas a quienes se les atribuyó nexos con el crimen organizado. Luego de haberse rendido, varias fueron asesinadas de acuerdo con testigos del hecho. La masacre no se hizo pública de inmediato. Las autoridades intentaron ocultar la información.
Señala el periódico El País: “En un país donde la posesión de unos gramos de marihuana puede llevar a la cárcel, tres soldados acusados de matar a ocho personas, de modificar el lugar de los hechos y encubrir el asunto quedaban libres.”
De acuerdo con declaraciones a la agencia Efe del subdirector de la ONG Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Santiago Aguirre, “El Ejército y la Marina conforman hoy un poder ajeno a la rendición de cuentas y ajeno al respeto a los derechos humanos. (…) Hoy el Poder Judicial de la Federación ha contribuido a que haya ejecuciones extrajudiciales”.
En octubre de 2015 un juez ordenó exonerar a cuatro de los militares implicados en la masacre, alegando que la Fiscalía no fue clara el explicar los hechos por los que se les acusaba. A su vez, un tribunal militar exoneró en marzo de este año a seis de siete militares. Con la absolución de Quintero, Acevedo y Fernández, ya todos los militares implicados están libres.
Se escribe así un nuevo capítulo de la impunidad para el Estado mexicano y sus fuerzas represivas.
Devolución de gentilezas
Según analistas, el cierre del caso Tlatlaya es la forma de decir “gracias” de Peña Nieto al general Cienfuegos, titular de la Secretaría de Defensa, quien debió ofrecer una disculpa pública ante el sonado caso que salió a la luz a través de un video donde dos militares y un policía torturaban a una mujer.
Mientras tanto, ante la presión de un informe de la ONU presentado en febrero de este año donde se señala que la tortura en México es una práctica generalizada, se aprobó una ley supuestamente contra la tortura. Pero, en realidad, presenta la tipificación de tratos crueles, inhumanos y degradantes, con una pena de tres meses a tres años de prisión, dando pie a que el Estado siga actuando con impunidad, como explicamos acá.
Sergio Abraham Méndez Moissen, candidato de la fórmula 5 Anticapitalistas a la Constituyente, consultado respecto a este caso afirmó: “Con la masacre de Tlatlaya, la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa y con una lista infinita de crímenes contra el pueblo, el Ejército ha demostrado una y otra vez ser un brazo armado que actúa en asociación con grupos criminales y garantiza los intereses de los partidos que gobiernan al servicio del imperialismo estadounidense y las trasnacionales. Su objetivo es imponer los planes de despojo, mayor explotación y subordinación al imperialismo a costa de los asesinatos, desapariciones y violaciones de derechos humanos. Por eso, una de nuestras propuestas hacia la Constituyente de la Ciudad de México es la disolución del cuerpo de granaderos y poner un alto a la militarización y la represión.”
