El pacto de los partidos, facilitada por la tregua que los dirigentes sindicales y sociales mantienen con Piñera, logró evitar que la revuelta siguiera escalando. Y con ello se está asegurando un manto de impunidad para todos los agentes del Estado responsables de violaciones graves a derechos humanos.
Gabriel Muñoz Licenciado en Historia
Sábado 4 de enero de 2020
Cifras de violencia de agentes del Estado: una maquinaria contra el pueblo
Según el último reporte del INDH (Instituto de Derechos Humanos) emitido el 30 de diciembre pasado, existen más de 980 acciones judiciales por violaciones a derechos realizadas por agentes del Estado, principalmente por parte de Carabineros. La mayoría son por torturas y tratos crueles, le siguen los de violencia sexual, las lesiones y homicidios. 197 son casos de niños o jóvenes. El total de personas heridas supera las 3500, hay más de 350 heridas oculares y más de 2000 heridas por disparos, que contempla el uso de lacrimógenas y perdigones. La mayoría de los casos se registraron durante los días de Estado de Emergencia en donde hubo policías y militares controlando el orden público.
Estas crueles cifras nos dan cuenta del rol que tienen las fuerzas armadas del Estado en momentos de rebelión social. Cuando se vio en peligro la propiedad privada y el orden público rápidamente los agentes políticos del Estado recurren al brazo armado de esta maquinaria para ponerla directamente contra la población. Tal como sostiene Lenin: "El Estado es una maquina de opresión de una clase sobre otra". En Chile, eso se mostró en toda su magnitud. Rompiendo records. Somos el país donde más lesiones oculares se ejercen contra manifestantes.
La no política sobre derechos humanos y el manto de impunidad
La rebelión popular en Chile que se inicia el 18 de octubre ha sido la más profunda de la historia del país y cambió para siempre la historia. El gobierno de Piñera un 12 de noviembre prácticamente pendía de un hilo. Pero fue salvado. Los partidos tradicionales de la derecha y la Concertación con el apoyo de parte del Frente Amplio e, indirectamente, por el Partido Comunista, firmaron un “pacto constituyente” que convocará a plebiscito en abril de este año 2020.
Junto con esto a nivel social y sindical, los dirigentes del FA y el PC suspendieron los llamados a paro nacional instalando una tregua con el gobierno. El último paro fue aquel 12 de noviembre y no quisieron darle continuidad alguna. El pacto constituyente de ningún modo es un proceso libre y soberano como demanda la calle. Es un proceso controlado por la UDI y RN que tendrán poder de veto sobre cualquier iniciativa que cuestione las bases del modelo neoliberal.
En materia de violaciones a derechos humanos el gobierno y el parlamento callan con total complicidad. Tal como en Dictadura cuando todas las autoridades del Estado ignoraban los asesinatos, desapariciones y tortura. En la actualidad, hay más de 3500 personas heridas, cientos de ellas sin un ojo, hay muertos como Mauricio Fredes y una lista larga de 2000 presos políticos (que se encuentran en prisión preventiva a pesar de ser inocentes) e innumerables hechos aberrantes como violaciones y tortura.
Responsables materiales y políticos: Fuera el Intendente Guevara
Durante el año nuevo, miles de familias pasaron las fiestas con algún miembro o cercano mutilado, herido, preso o muerto. Las redes sociales de a poco muestran campañas de familiares y amigos de estudiantes presos, profesores sin un ojo. Hay pruebas suficientes que indican que los responsables materiales son funcionarios de Carabineros y también hay antecedentes claros de quienes son los responsables políticos. En la Región Metropolitana el Intendente Guevera es responsable político de todos los ojos perdidos, de los atropellos y asesinatos. Hay que exigir su salida a través de la movilización.
Es urgente que durante los meses de enero y febrero la lucha contra la impunidad se ponga al centro como una forma de desenmascarar el proceso constituyente de los partidos tradicionales. Los que para dar gobernabilidad, prefieren que todo el daño no tenga reparación ni justicia.
La nueva Constitución será la Constitución de la impunidad y la violación sistemática a Derechos Humanos. Y será también hermana de la de 1980, pues, mantendrá el Chile de la desigualdad y la represión. Con la sangre de nuestros muertos y heridos, con la dignidad de nuestros presos de la revuelta, no se puede negociar.
Los trabajadores, estudiantes y mujeres tenemos que ligarnos a cada denuncia y exigir que la Mesa de Unidad Social rompa su tregua y convoque a movilizaciones y paros nacionales para marzo próximo, para sacar a Piñera y a los Intendentes y Ministros que tienen su manos manchadas con sangre. Y así imponer una Asamblea Constituyente verdaderamente libre y soberana, que haga justicia por estos caso de violencia estatal y discuta sin trabas la herencia política y económica de la dictadura que tanto aborrecemos.
Gabriel Muñoz
Licenciado en Historia
