A punto de cumplirse 10 meses de la noche de Iguala, el Estado mexicano protege en la impunidad al Ejército. Ha sido denunciado internacionalmente por las deficiencias de su investigación, y no conforme con ello, el gobierno de Peña Nieto profundiza sus ataques contra el magisterio en lucha.
Gabriel Bagundo México | @g_bagundo
Domingo 26 de julio de 2015
Foto: tlachinollan.org
Este 26 de julio se cumplen ya 10 meses de la crisis política más importante que ha enfrentado el régimen mexicano en muchos años. En noviembre del 2014, cientos de miles de personas se movilizaban en las calles de todo el país exigiendo justicia para los 43 normalistas de Ayotzinapa y la salida de Enrique Peña Nieto del poder.
En este crimen de Estado tuvieron responsabilidad policías locales, federales y militares. Sin embargo, todos partidos del régimen cerraron filas para garantizar la impunidad. El ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca (que por cierto no ha sido juzgado por su responsabilidad en los hechos) no es el único gobernante con vínculos con el narcotráfico; políticos de todos los partidos están fuertemente comprometidos. Tampoco ha sido el único crimen que ha cometido el Ejército en lo que va de la guerra contra el narcotráfico.
A 10 meses de la noche de Iguala, las organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles, populares y políticas de izquierda, seguimos saliendo a protestar para exigir justicia por los normalistas de Ayotzinapa, demandamos terminen las causas estructurales que propiciaron esta masacre, comenzando por la desmilitarización inmediata del país.
La investigación oficial oculta responsabilidades
Recientemente, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentó el informe “Estado de la investigación del caso Iguala”. Luis Raúl González Pérez, titular de la CNDH, señaló que la investigación oficial que realizó la Procuraduría General de la República (PGR) tiene “fallas y omisiones”. Este mismo informe presentó 32 recomendaciones al gobierno.
Si bien el informe no cuestiona las causas profundas que mantienen en la impunidad el caso (como la colusión del gobierno con el narcotráfico y el papel que ha desempeñado el ejército en las calles), sí señala gran cantidad de aspectos de la investigación que no pueden ser ignoradas ni por las instituciones oficiales de
Derechos Humanos.
Lo que la PGR nunca investigó
A 10 meses, la PGR no ha investigado las llamadas ni los mensajes que se hicieron desde los celulares de los normalistas el 26 y 27 de septiembre. Es posible ubicar la localización geográfica desde donde se realizaron, pero la PGR no lo ha hecho. Quizá porque lo resultados refutarían la versión que presentó sobre los hechos.
El informe de la CNDH descalificó el video presentado por José Murillo Karam ya que “no reúne los requisitos legales para considerarse como reconstrucción de los hechos ni como prueba” (entre otras cosas, porque los interrogados fueron torturados). Es decir que al día de hoy no hay ni siquiera una reconstrucción de los hechos. Este documento señala “otras etapas de la investigación pericial” que tampoco han sido concluidas.
Denuncia también que ni las víctimas ni los familiares han recibido la atención necesaria para dar acompañamiento, apoyo y protección. De hecho, los padres de familia han sido agredidos por fuerzas policiacas en diversas ocasiones. De los normalistas que resultaron heridos, uno continúa muy grave en estado de coma y tres más tienen lesiones que requieren cuidados quirúrgicos y reconstructivos especializados que no han sido brindados.
Fue el Estado y también el Ejército
El mismo informe señala que es necesaria la comparecencia de nueve militares, así como de los policías federales presentes en Iguala y de los buzos que participaron en la búsqueda de los normalistas. Para la CNDH sin esto testimonios no se puede dar por cerrada la investigación.
Lo que no señala la CNDH es que, siguiendo los protocolos internacionales, la cadena de mando para deslindar responsabilidades va más allá de los soldados. Las responsabilidades deben de ir desde el responsable del 27 Batallón (que fue reubicado después del 27 de septiembre), los responsables de la Región Militar, el Secretario de Defensa y el propio Peña Nieto, sobre quien recae el mando máximo de las fuerzas armadas. No solamente deben de ser interrogados 9 militares y otros efectivos federales, sino toda la estructura de mando castrense.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que formó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con personalidades internacionales en la materia, también pidió interrogar a todos los militares. Este grupo comenzó labores en el país el 1 de marzo y a casi 5 meses la petición “sigue siendo analizada”. El Equipo Argentino de Antropología Forense también señaló fundadas dudas sobre la tesis del gobierno y sobre la participación del Ejército, pero no han sido tomados en cuenta para la investigación oficial. La organización Human Rights Watch (HRW), en voz del director para las Américas, José Miguel Vivanco, ha señalado que sin investigar al ejército “no habrá justicia” para Ayotzinapa.
En México el Ejército viola derechos humanos, tortura y desaparece, pero lo más grave es que lo hace en total impunidad, amparado por el poder político. Es necesario que se le finquen todas las responsabilidades al Ejército en esta y otras masacres como la de Tlatlaya, Estado de México. Esto sólo puede lograrse a partir de una investigación independiente bajo control de los padres de familia, los normalistas y las organizaciones de derechos humanos.
Por la presentación con vida de los normalistas
La PGR tampoco realizó las “fichas de identificación” de cada uno de los normalistas; es decir, jamás hizo una hoja con las características y las señas particulares de cada uno de los normalistas para difundirla y que todas las instancias pertinentes del Estado pusieran sus recursos en la búsqueda.
El Estado jamás puso esfuerzos verdaderos en encontrarlos a estos normalistas, hijos de campesinos pobres. Como dicen los padres de familia, mientras no haya pruebas científicas del paradero de los normalistas, ellos estarán vivos y hay que buscarlos, incluso en el Campo Militar Número 1, donde históricamente el Ejército se ha llevado en calidad de detenidos-desaparecidos a numerosos luchadores sociales.
Alto al ataque contra el normalismo y el magisterio
A 10 meses de la noche de Iguala, el gobierno de Peña Nieto se siente envalentonado otra vez. Ha mandado a miles de efectivos federales y militares a Oaxaca, uno de los bastiones del magisterio democrático, para profundizar el ataque a la educación pública e imponer la Reforma Educativa. Ha mantenido en la impunidad a las fuerzas militares porque es el apoyo último de un gobierno anti-democrático y anti-popular como este, y lo único que le permite enfrentar la resistencia a sus reformas.
Es necesario continuar con la movilización y la organización nacional en las calles, para detener los ataques del gobierno en salud, educación y otros derechos fundamentales. La masacre de Iguala no debe de ser olvidada por nadie ni puede quedar en la impunidad. Cerremos filas todos los sectores en lucha, para apoyar al magisterio y a todos los sectores en lucha. Marchemos este 26 de julio por la presentación con vida de los 43 normalistas y por el castigo a todos los responsables materiales e intelectuales.
