Terminó el juicio con la lectura de la sentencia, con absoluciones y excarcelaciones. Una muestra contundente de la impunidad y complicidad con el terrorismo de Estado en Bahía Blanca y Punta Alta.
Jueves 29 de agosto de 2019 14:40
La sentencia que se dictó hoy en la causa “Armada II” fue una muestra contundente de impunidad. En el proceso judicial que llevaron adelante Marcos Javier Aguerrido, Oscar Edmundo Albrieu y Luis Roberto Salas se imputaron a 17 represores, sólo 1 de ellos fue condenado a perpetua, 6 fueron directamente absueltos, y los 10 restantes fueron condenados con penas que van de los 18 años a los 3 años y 3 meses.
Si se tienen en cuenta los imputados que fueron absueltos y los 5 condenados que gozan de la excarcelación por haber permanecido en prisión preventiva a la espera de la condena, se trata de 11 genocidas que quedaron en libertad y prisión domiciliaria.
También es un hecho no menor que los mismos jueces de esta condena de impunidad descartaron que las violaciones sistemáticas y de abuso sexual a mujeres en cautiverio fueran parte de delitos de lesa humanidad.
En esta causa se tuvieron en cuenta la denuncia sobre las situaciones de persecución, torturas, desaparición forzadas de 66 víctimas del terrorismo de estado en la última dictadura militar. Entre los hechos juzgados se trataron tormentos y torturas, secuestros, denuncias de violaciones y abuso sexual como método de tortura sistemático y hasta homicidios.
Entre las víctimas estaban los trabajadores del diario La Nueva Provincia, quienes eran parte de la comisión interna y participaban activamente del Sindicato de Prensa SIPREN, Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, secuestrados, torturados y asesinados en junio de 1976. Muchos de estos crímenes de estado se llevaron adelante en los centros clandestinos que funcionaban en la Base Naval de Puerto Belgrano (Punta Alta) y en la sede de Prefectura Naval (en Ingeniero White).
Los gobiernos pasan, la impunidad queda
El fallo escandaloso de la “Armada II” es una muestra más de la continuidad de la impunidad y la complicidad del poder judicial con quienes organizaron el último golpe militar. La exigencia de perpetua y de cárcel común a Massot sigue siendo una lucha de todo el movimiento en defensa de los derechos humanos en la ciudad.
Pero también hay que decir claramente que en relación a la lucha por los derechos humanos también intervienen los gobiernos y las responsabilidades de quienes han mantenido cuotas importantes de impunidad del accionar de las fuerzas represivas del estado, ejemplo de esto es la cercana absolución del ex jefe del ejército bajo el gobierno de Cristina Kirchner, Cesar Milani, festejada por muchos, repudidada por otros.
No faltaron intentos por generalizar que las condenas a los genocidas sean cumplidas comodamente en sus propias casas, alegando que se trataba de condenados de avanzada edad y con problemas de salud como pasó con el 2 x 1, medida que había sido acompañada positivamente por senadores de Cambiemos, el peronismo, el massismo y el Frente para la Victoria. Este ataque solamente retrocedió producto del profundo repudio y las masivas movilizaciones que inundaron el país.
También quedó demostrado en la lucha por la aparición de Santiago Maldonado, donde las grandes movilizaciones de la mano de los familiares y los organismos de derechos humanos fueron las que demostraron la falsedad del relato oficial de que Santiago se había ido o se había ahogado solo,mientras los principales funcionarios del gobierno buscaban minimizar el accionar asesino de la gendarmería. La lucha por justicia por Rafael Nahuel logró que este caso también sea reconocido, señalando a la prefectura como principal responsable más allá de los insistentes intentos por dejarlo en el olvido, como tantos de los asesinados de las comunidades Qom en el Chaco de Capitanich o en la Formosa de Gildo Insfrán.
En Bahía también se aplicó la condena Chocobar de Bullrich y Macri, y ya son dos los casos de gatillo fácil en estos últimos 4 años. Y en la misma Universidad Nacional del Sur, intervenida por Remus Tetu donde accionaba la triple A y las patotas del peronismo en los años 70, se abrió la carrera de Licenciatura en Seguridad Pública, presentada a la sociedad por la directora de derecho, las FFAA y el mismo Héctor Gay. Queda claro que son las mismas autoridades que mantuvieron en funciones al ex juez Montezanti, quien luego de haber sido vinculado en las declaraciones de testigos en operativos de secuestros y torturas continúa en libertad.
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La lucha por los derechos humanos es parte de una lucha integral contra el abuso y la violencia del estado capitalista y sus gobiernos de turno, quienes utilizan a las fuerzas represivas del estado como mecanismos “normales” de represión o control policial y también de acción ilegal o extraordinaria de las mismas, en la organización de cuerpos paraestatales organizados de forma sistemática para la desaparición y asesinato de activistas políticos, este es el rol que cumplieron por ejemplo en la última dictadura militar.
Sabemos que el gobierno de Macri tiene una política de fortalecimiento de las policías bravas y la gendarmería para controlar la calle en el marco de este ajuste, pero también tenemos en cuenta que fue en los gobiernos anteriores de Cristina Kirchner y los mandatos de Scioli en la provincia de Buenos Aires donde se multiplicaron hasta el hartazgo la cantidad de policías en las calles y donde se volvió a utilizar a la gendarmería para la represión social como quedó en evidencia en la lucha de los trabajadores de Lear.
También es muy cercano el caso de la masacre de los pibes de San Miguel del Monte, en la que la intendente kircherista no solamente intento tapar lo sucedido sino que busca su reelección junto con los fernandez.
Es por eso que la lucha por los derechos humanos es contra la impunidad de ayer pero también contra la de hoy y va de la mano de la lucha contra el gatillo fácil y la criminalización juvenil, el repudio a la represión, la persecución policial y la infiltración a organizaciones políticas, barriales y de derechos humanos, cuestionando todo tipo de relegitimación del uso de las fuerzas represivas para el control social.
Es por eso que todos estos avances, junto con la creciente amenaza de represión policial en conflictos locales, como en la toma de Spurr, tienen que ser fuertemente cuestionados y repudiados, apoyando la lucha de estas familias trabajadoras por el acceso a una vivienda digna.
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