La doble vara de medir de la Judicatura española. El TC suspende la entrada en prisión de los grupos de ultraderecha que atacaron la librería Blanquerna en Madrid. Mientras, prisión y medidas represivas contra el movimiento independentista.
Viernes 24 de noviembre de 2017
El Tribunal Constitucional ha suspendido el ingreso en prisión de los neonazis de diferentes grupos que en 2013 irrumpieron y asaltaron la sede cultural Blanquerna en Madrid.
Tras la presentación de seis recursos de amparo por parte de los abogados que defienden a los 13 ultras investigados, el Constitucional aceptaba ayer la petición de suspender la entrada en prisión hasta que se resuelvan los diferentes recursos de amparo y se dictamine una sentencia definitiva.
Para ello, el Tribunal Constitucional consultó la medida con la Fiscalía que previamente había elaborado un informe favorable a la petición de libertad solicitada por la defensa. Los autos judiciales, a los que tuvo acceso Europa Press, especifican que "de conformidad con el informe favorable del Ministerio Fiscal" se acuerda suspender las penas privativas de libertad impuestas a todos los condenados.
Ya con anterioridad, la Audiencia Provincial de Madrid había acordado dejar también sin efecto el ingreso en prisión a expensas del pronunciamiento del TC.
Los acusados están siendo investigados por delito de desórdenes públicos en concurso ideal con el de impedimento del derecho de reunión y con el agravante de actuar por motivos de discriminación ideológica. Delitos que acarrean penas de dos años y diez meses de prisión el primero y seis meses por el agravante ideológico discriminatorio.
No deja de ser significativo que esta medida de suspender la privación de libertad a los acusados de atacar la sede de la librería Blanquerna en Madrid durante la celebración de la Diada de 2013, se aplique en plena agudización de la cuestión catalana, después de haberse declarado la República en el Parlament de Catalunya, y aplicado el artículo 155 por parte del Gobierno de Mariano Rajoy.
Con esta medida, el poder judicial demuestra una vez más su carácter reaccionario. La impunidad judicial que se está ejerciendo con los miembros de los grupos de extrema derecha resulta chocante, cuanto menos, si se compara con las penas de prisión sin fianza para los presidentes de la ANC y Òmnium y gran parte del Govern de la Generalitat.
Mientras los responsables de los ataques contra la libertad de expresión disfrutan impunemente de la libertad, los “jordis” y más de la mitad de los consellers del Govern están en prisión. Y no solo eso. Jueces, fiscales y policía vienen actuando durante los últimos meses como principal arma represiva contra las aspiraciones democráticas de millones de catalanes ¡El mundo al revés!
Cabe destacar también la celeridad y contundencia judicial con la que se ha aplicado penas de prisión para los dirigentes del “procés”. Mientras, los 13 investigados por asaltar la Blanquerna llevan más de cuatro años de proceso judicial.
Sin duda, este agravio comparativo deja nuevamente al desnudo los mil y un lazos entre el poder político y el judicial. Y es que, sin ir más lejos, uno de los investigados, Íñigo Pérez de Herrasti, es primo del ex ministro de Defensa, Pedro Morenés, y cuñado del actual ministro de Educación y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo.
Sin embargo, los lazos entre los diferentes poderes del Estado español van mucho más allá de simples parentescos familiares. Ataques como el de 2013 en la Blanquerna vienen desarrollándose mucho más desde el pasado 1 de octubre, fecha en la que se celebró el referéndum de autodeterminación del pueblo catalán pese a la represión del Gobierno. Manifestaciones con símbolos preconstitucionales y palizas a los que defienden la independencia de Catalunya por parte de diferentes grupos y grupusculos de extrema derecha se han venido multiplicando en los últimos meses con la complicidad de los partidos del bloque unionista y sin ningún tipo de intervención por parte de la judicatura. Lo mismo pasa con la aceptación del poder judicial con las acusaciones por adoctrinamiento a las que se está sometiendo al modelo de escuela catalana.
Pero ojo, porque la cruzada represiva del Gobierno, con Fiscalía y fuerzas policiales a la cabeza, y junto a la judicatura, es decir el Régimen del 78 con la bendición de la Corona, no se limita solamente a Catalunya, sino que atenta contra todo aquel que se oponga al Régimen y cuestione el orden establecido. Los jóvenes de Altsasu, los raperos de La Insurgencia, César Strawberry, Pablo Hasel, los titiriteros, todos los investigados por las diferentes operaciones araña o numerosos periodistas como Boro de La Haine, entre muchos otros más, forman parte de una lista sin fin en la que han sido investigados y/o condenados por los jueces de esta democracia para ricos.
Para ello, la ley mordaza del Gobierno del PP actúa como principal amenaza contra miles de personas que defienden sus derechos y libertades. La Fiscalía, a su vez, es el brazo ejecutor. Y en este sentido, Catalunya adquiere elementos parecidos a lo que durante décadas ha sido Euskal Herria, un laboratorio para posteriormente usar las mismas medidas represivas en el resto del Estado.
Nada se puede esperar de la Judicatura y su ligazón con los intereses del Régimen del 78. Solo con medidas como el fin de la judicatura de carrera, la elección de jueces por sufragio universal, que cobren igual que una maestra y que los juicios sean todos por jurado popular se podrá acabar con esta casta judicial al servicio del poder. Y esto solo es posible desarrollando amplias movilizaciones que luchen por impulsar procesos constituyentes para decidirlo todo. Por la defensa de la República catalana, pero también por acabar con este Régimen represivo en Catalunya y en el resto del Estado.