Cuatro intendentes de La Pampa fueron imputados por el fiscal federal Juan José Baric, por permitir el funcionamiento de prostíbulos donde se cometía el delito de trata de personas, con la complicidad jueces de paz, la policía y funcionarios municipales.
Miércoles 10 de septiembre de 2014
El caso más grave es el que involucra al intendente de 25 de Mayo, David “Sapito” Edgardo Bravo, a quien se le imputa participación necesaria en el delito de trata de personas para explotación sexual. Es por haber permitido el funcionamiento del prostíbulo Venus en enero de 2011, cuatro meses después de que él mismo firmara una ordenanza donde se prohíbe “la habilitación de cabarets, nights clubs, whiskerías, etc” .
La causa se inició el 13 de diciembre de 2011, a raíz de la denuncia de una joven dominicana que logró escapar del prostíbulo. Además de ser maltratada y amenazada denunció que la policía estaba al tanto de lo que sucedía y que “cuando iba el jefe de la municipalidad le daban mil pesos y él firmaba”. Sobre el intendente pesa, además, desde una condena a siete meses de prisión en suspenso, desde el año pasado, por “incumplimiento de los deberes de funcionario público” por la habilitación del prostíbulo El Rancho. La sentencia aún no está firme, porque apeló a la Corte Suprema.
El jefe comunal de Lonquimay, Luis Enrique Rogers, fue procesado por el mismo motivo que Bravo, y la medida fue apelada ante la Cámara Federal de Bahía Blanca, tribunal de alzada de la justicia federal pampeana. Rogers además cobró notoriedad en el 2009 cuando declaró que: “No voy a cerrar el cabaret, es un lugar de contención para los jóvenes… es un lugar de esparcimiento para jóvenes y camioneros”. En una localidad que no supera los dos mil habitantes era un secreto a voces la existencia de prostíbulos. En esta causa también se menciona que un camionero dijo haber visto a Fernanda Aguirre, una chica entrerriana desaparecida.
El intendente de Macachín, Jorge Cabak, fue imputado por “incumplimientos de los deberes de funcionario público” al no denunciar la explotación sexual de personas en sus localidad. El cabaret La Chicho Show fue allanado en 2011 por una denuncia de una pareja tucumana que había llegado para realizar trabajos de mantenimiento y trabajo doméstico, pero luego la mujer fue obligada a ejercer la prostitución. Al hombre lo echaron y denunció a los dueños. El nexo con Tucumán llevó a Susana Trimarco a buscar a su hija Marita Verón en ese lugar.
En General Acha pesa sobre la intendenta Elena García la misma imputación que sobre Cabak. Elena García renunció a su mandato y fue sobreseída por la jueza federal de Santa Rosa, Iara Silvestre, pero el fiscal Baric apeló a esa decisión.
Los intendentes cuestionados por el fiscal Baric tienen jurisdicción en una zona neurálgica de La Pampa, ya que se trata de lugares cercanos a los límites con las provincias de Neuquén y Río Negro, con fuerte influencia económica de las empresas petroleras radicadas en esas provincias. Con el boom de Vaca Muerta se prevé un posible aumento de los casos de trata y prostitución.
