En la madrugada del pasado domingo el local del Sindicato de Inquilinas de Tenerife fue incendiado intencionalmente. El ataque está siendo investigado, pero la militancia del sindicato recuerda que, horas antes del incendio, varios miembros de una empresa de "desokupación" pasaron por delante del local para amenazar e insultar a las personas que estaban en su interior.
Lunes 24 de junio
En la madrugada del domingo, entre las tres y las cuatro de la mañana, un grupo de personas irrumpió en el local del Sindicato de Inquilinas de Tenerife, en la zona de San Isidro (Granadilla de Abona), prendiéndole fuego y destruyendo el local. Este local no solo servía como sede del sindicato, sino también como almacén donde se recogían y distribuían ropa, libros, juguetes y otros bienes esenciales para las familias que lo necesitaban.
Según los miembros del sindicato, días antes de este ataque, varios integrantes de una empresa de “desokupación” se presentaron en el local, profiriendo insultos y amenazas a las personas que estaban allí. Además, según varios testigos y cámaras, se sitúa un Volkswagen Golf perteneciente a uno de los miembros de este grupo cerca del local a la hora del inicio del incendio, dejando pocas dudas de quienes podrían haber provocado ese incendio intencionado.
Las empresas de desokupación, que operan al margen (o dentro) de la ley burguesa, pero bajo sus intereses, actúan bajo la protección de las inmobiliarias, bancos y fondos buitres que las contratan. Estos actores del mercado inmobiliario se han convertido en cómplices directos de la violencia y el acoso a sindicatos, personas en riesgo de exclusión social y agrupaciones políticas, utilizando a estos grupos parapoliciales como herramientas para desalojar a personas de viviendas que utilizan para especular y para desarticular movimientos sociales que defienden el derecho a la vivienda.
El Sindicato de Vivienda de Tenerife declaró tras el incendio que “las inmobiliarias y fondos buitres que contratan a estas empresas son cómplices de este tipo de actuaciones, ejecutadas contra un colectivo que defiende el derecho a una vivienda digna para todxs de forma pacífica”.
En el Estado español hay casi cuatro millones de casas vacías y 71 desahucios al día, muchos de los cuales incluyen ataques legales de la policía o extralegales de este tipo de bandas. Una situación que solo puede darse por la complicidad de los Gobiernos, ya sean de derecha o progresistas, con los intereses de los grandes tenedores de viviendas y los fondos buitre.
Las empresas de “desokupación”, que han proliferado en el último período vinculadas a elementos o grupos de extrema derecha, actúan mediante la violencia física apoyándose en clima de odio racista y miedo a las “okupaciones” generado artificialmente.
Tanto la derecha como inmobiliarias, bancos, empresas de seguros del hogar y de seguridad privada, están detrás de una operación mediática que sobredimensiona el fenómeno de las okupaciones para generar un clima reaccionario que legitima el accionar semi fascista de las empresas de desokupación.
Es necesario extender la solidaridad y la autodefensa contra este tipo de ataques legales y extralegales a quienes se organizan y luchan, en este caso a contra un sindicato de inquilinas que pelea por el derecho a la vivienda. Este defensa está unida a una respuesta desde abajo, uniendo sectores en un plan de lucha que no se detenga ante los intereses de los grandes tenedores de vivienda.
La lucha contra la represión y los ataques de las bandas al servicio de la patronal inmobiliaria es parte de la misma pelea por extender la lucha por el acceso a la vivienda y contra la precariedad. Por conquistar la congelación de los precios de los alquileres, la intervención del mercado del alquiler bajo el control de inquilinos, la expropiación de las viviendas de los grandes tenedores para crear un parque público de alquiler social, entre otras medidas.
