Ya van dos años, de cuando en el año 2022 culminó una investigación que determinó la colusión de dos grandes empresas que “extinguen” el fuego en Chile. Dichas empresas son Faasa Chile Servicios Aéreos Limitada y Martínez Ridao Chile Limitada, ambas empresas de aviones cisterna para extinguir incendios forestales y parte del denominado «Cártel del fuego».
Martes 6 de febrero de 2024
Fue en el mes de enero del año 2022, cuando la Fiscalía Nacional Económica llevó adelante un requerimiento contra las empresas de Faasa Chile Servicios Aéreos Limitada y Martínez Ridao Chile Limitada.
El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en aquel entonces, condenó a ambas empresas por haber celebrado y ejecutado un acuerdo anticompetitivo para impedir, restringir o entorpecer la competencia en el mercado de combate y extinción de incendios forestales mediante aviones cisterna en el territorio nacional durante las temporadas comprendidas entre los años 2009 y 2015. Las empresas fueron multadas por un monto que superó los 6 millones de dólares en enero de 2022.
Dichas empresas ya habían sido sancionadas y vinculadas a nexos con políticos en España, donde “prestan” el mismo servicio que en Chile. En nuestro país, uno de sus principales clientes era la CONAF (Corporación Nacional Forestal), además de empresas privadas forestales del sur del país.
Construyendo sobre las cenizas
En la región de Valparaíso se identificaron en el último período de tiempo, al menos tres sectores en las comunas de Valparaíso, Quilpué y San Antonio en los cuales, posterior a incendios forestales en terrenos dentro o aledaños al límite urbano, se desarrollaron proyectos inmobiliarios y/o industriales.
Si vamos más atrás en el tiempo, veremos que entre los años 2003 y 2017 se quemó una superficie total de 1.427.000 hectáreas, de las cuales el 61% corresponde a bosque nativo. Según informes de CONAF, entre 2003 y 2018 el 97% de la ocurrencia de incendios forestales se concentró entre las regiones de Valparaíso y Los Lagos, siendo las regiones más críticas la de Valparaíso - hoy protagonista de la catástrofe- , Biobío y La Araucanía.
La tesis investigativa- que se ha difundido por diversos medios, producto de la coyuntura- “Construyendo sobre cenizas ¿Son utilizados los incendios forestales como una herramienta informal para la expansión urbana de Chile central?” -del año 2017-, entre los años 2006 y 2016, se registraron 2.071 incendios forestales intencionales.
“Se identificaron proyectos urbanos e industriales que se construyeron en terrenos afectados por incendios forestales en cuatro sectores del país, ubicados en las comunas de Valparaíso, Quilpué, San Antonio y Puerto Montt. Por lo tanto, en Chile existen antecedentes que pueden relacionar de forma contingente el establecimiento de proyectos urbanísticos y los incendios forestales”- menciona fehacientemente dicha investigación.
En la actualidad, el proyecto de ley que busca prohibir a las inmobiliarias construir sobre suelo siniestrado, se encuentra durmiendo en el Congreso, desde hace 4 años. Dicho proyecto constituye una medida básica de defensa, al prohibir edificaciones en suelos de Bosque Nativo siniestrados, aplicando una moratoria a 30 años dónde se imposibilita el cambio de uso de suelo en terrenos quemados, a la vez que promueve la reforestación de la vegetación nativa perdida.
Sin embargo, no hay forma de detener este negocio inmobiliario que está matando el suelo y a las familias, sin la requisición de suelo a inmobiliarias y grandes constructoras, por el Estado para un plan de vivienda y urbano gestionado por trabajadores y comunidades para que responda realmente a las necesidades habitacionales y ambientales.
Elizabeth Fernández
Profesora
