A raíz del asesinato de Luis Fernando Montes De Oca Armas y Octavio R, joven médico y operador de la ambulancia, asesinados en el cumplimiento de su servicio social, en el municipio de Valparaíso, Zacatecas, la inconformidad y el enfado del sector salud crecieron.
Lunes 5 de julio de 2021
El pasado 30 de junio se encontraron los cuerpos sin vida de estudiantes de medicina de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG); uno de ellos identificado como Luis Fernando Montes De Oca Armas y el otro, como operador de la ambulancia Octavio R.
“Luego de dejar a una mujer por complicaciones en su embarazo en Fresnillo, el pasado miércoles 30 por la noche Luis Fernando Montes de Oca Armas y Octavio R. regresaban al Hospital Regional de Huejuquilla el Alto, sin embargo nunca llegaron pues fueron asesinados a balazos”.
Diversas agrupaciones, instituciones y escuelas en relación al sector salud desde distintos estados, pronunciaron sus condolencias, pero sobre todo su indignación y coraje en contra de las autoridades y direcciones sindicales, debido a que de nueva cuenta, trabajadores de la salud pública, “sus compañeros” son expuestos a este tipo de crímenes.
Se trata de un caso que afectó a trabajadores de la salud, en el marco de una nueva ola de violencia. Hoy el despliegue de la Guardia Nacional bajo el gobierno de AMLO, una versión aggiornada de la militarización, se combina con el discurso de "abrazos, no balazos", mientras la colusión entre sectores de las fuerzas represivas y el crimen organizado persisten. Y son la clase trabajadora y los sectores populares quienes enfrentan las nefastas consecuencias de esta asociación.
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Los hechos generaron conmoción a nivel nacional, provocando que trabajadores de la salud denunciaran que además de la violencia, el grueso de las y los médicos pasantes, residentes y/o especialistas en formación, se encuentran sometidos a extenuantes jornadas laborales de hasta 36 horas, como ejemplo se describió al servicio social como un peligro, ya que se asegura, en muchas ocasiones se realiza en centros de salud sin recursos, en lugares marginados y/o sumamente peligrosos.
Los crímenes y asesinatos como el de Luis y Rodrigo se incrementaron y desbordaron gracias a la política de militarización en el país, iniciada en 2012 con el gobierno de Felipe Calderón bajo pretexto del combate contra el narcotráfico, y que tiene su continuidad en la asignación de tareas del orden civil al ejército y la marina que lleva a cabo López Obrador.
El presidente, en su campaña electoral había prometido que desmilitarizaría el país, en respuesta a una demanda profundamente sentida por amplios sectores de la población, no sólo no cumplió su promesa de desmilitarizar al país, sino que creó, por órdenes del imperialismo estadounidense la Guardia Nacional, ya involucrada en casos de tortura.
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#JusticiaParaLuis
Con el hashtag #JusticiaParaLuis exigen además de que se esclarezcan los hechos, demandan también a que desaparezca el servicio social.
La violencia en el país se vio recrudecida con la pandemia y de la mano de la militarización, sumado a las dificultades económicas y laborales que han golpeado principalmente a las clases trabajadoras y sus familias, con el aumento de la precarización laboral, jornadas y horarios extendidos de trabajo, oleadas de despidos, recortes salariales, además de la constante exposición de sus empleos, salud y vida misma, cada vez más riesgosos y reduciéndose sus derechos laborales.
Ante la situación actual, es indispensable poner en pie un amplio movimiento democrático contra la militarización y por la vuelta a los cuarteles de los uniformados, así como para arrancarle al Estado el derecho a la verdad y la justicia para casos con el de José Luis.