Casta con sueldos millonarios. Indignante: Altos funcionarios del Estado se reajustan por sobre los trabajadores públicos

La primera semana de diciembre, la Mesa del Sector Público acordó un reajuste salarial anual del 4,3% y otros beneficios para los funcionarios públicos, lo que fue promulgado el 23 de diciembre mediante la ley 21.647. Sin embargo, este 24 de diciembre el gremio ha denunciado mediante un comunicado que los funcionarios más altos del Estado, recibirán un reajuste del 4,8%, es decir, un 0,5% más alto de lo que se negoció con el Ministerio de Hacienda para el resto de funcionarios.

“Nuestra organización ha tomado conocimiento de la resolución sobre remuneraciones a propósito del artículo tercero de la ley 21.603. Vemos con profunda indignación como los mejor remunerados del sector público, presidente, ministros, subsecretarios, gobernadores, delegados presidenciales y otras autoridades se benefician a sí mismos otorgándose un reajuste de 4,8% mientras que a los y las trabajadores que efectivamente se desempeñan en las reparticiones públicas se les otorgará un 4,3%”, señaló la organización en un comunicado.

“Este gobierno, que se autoproclamó ‘de los trabajadores’ y presidido por quienes una vez dijeron que reducirían las dietas parlamentarias, resuelven en espacios diferentes sus propias remuneraciones, trabajando en una comisión para la fijación de éstas en la que finalmente son juez y parte y que se desarrolló después de la negociación del sector público”, acusaron.

“Esperamos que tanto la CUT, como la mesa del Sector Público se articulen para obtener una respuesta, y desde ya manifestamos que estaremos en alerta para corregir esta nueva injusticia con los y las trabajadores”, consignó la Confusam.

UNA NUEVA ARREMETIDA DEL GOBIERNO HACIA LAS Y LOS TRABAJADORES

Como se refiere en el comunicado de la Confusam: “Este gobierno se autoproclamó de los trabajadores”, sin embargo, ha sido evidente esta falsa imagen debido a que han adoptado medidas que, en lugar de beneficiar al sector que se dijo representar, los perjudica, como por ejemplo con el despido de más de 6 mil funcionarios de la salud, la aprobación del alza del ICSA para permitir a las Isapres seguir elevando los precios de sus planes y ahora último, un reajuste salarial discriminatorio, en beneficio de los altos cargos del Estado.

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Por último es importante señalar que el IPC acumulado a 12 meses desde noviembre de 2022 hasta noviembre de 2023 es del 4,8%. Lo que indicaría que el reajuste para la mayoría de trabajadores del sector público no alcanza a cubrir el aumento del costo de la vida, y eso sin contar la gran cantidad de trabajadores a honorarios cuyas remuneraciones no son afectadas por lo negociado en la Mesa del Sector Público.

Los diversos gremios de la salud deben impulsar asambleas de base de manera efectiva en las que estas problemáticas se aborden y se delibere un plan de lucha organizado de conjunto, desde las bases, para frenar los ataques y las medidas precarizantes para las y los trabajadores de la salud pública, buscar el apoyo y solidaridad de otros gremios de trabajadores y de usuarios ya que la reducción (en el caso de los despidos) y el desvío de los recursos tanto para los empresarios de la salud (Isapres) como para los altos cargos del Estado refuerza un sistema de privilegios que hunde a la salud pública.

Es urgente la organización de usuarios junto a los trabajadores de la salud para derrotar el modelo de salud privada impuesto por la dictadura. Es necesario estatizar los recursos de la salud, ya que los empresarios y sus políticos son incapaces de gestionarlos, y establecer un sistema de salud pública gratuita y de acceso universal, gestionado por las y los trabajadores, aquellos que realmente desean que la salud sea un derecho.