Así lo señala una investigación de la Comisión Nacional de Valores. Ya se usaron más de 4,495 millones de pesos. Mientras, Bansefi reconoce que hay nombres y plásticos duplicados, pero niega que haya fraude.
La Izquierda Diario México @LaIzqDiarioMX
Martes 16 de enero de 2018
Según el reportaje de las periodistas Miriam Castillo y Thelma Gómez, publicado por la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), una parte importante de los cargos se realizaron antes de que se entregaran las tarjetas a los afectados por los sismos del 7 y el 19 de septiembre de 2017.
Este 15 de enero, esta organización dio a conocer el reportaje que muestra un presunto desvío de recursos, ya que mientras Bansefi emitió 4,574 tarjetas, los beneficiarios son 1,495 beneficiarios. No cuadran los números: se emitieron 3,079 plásticos de más.
Bansefi “dispersó recursos en efectivo” que ascienden a 68.8 millones de pesos; es decir, poco más de 3.6 millones de dólares, según detectó la CNBV al analizar las tarjetas de débito.
Múltiples irregularidades
De acuerdo con la CNBV por “la falta de capacidad para detectar y bloquear transacciones de tipo fraudulentas, esa entidad (Bansefi) habría sido objeto de clonación del 96.5% de las tarjetas que entregó a los 258 beneficiarios que presentaron quejas por transacciones no reconocidas, al 22 de noviembre de 2017, pertenecientes a los estados de Oaxaca y Chiapas”.
Hasta ahora se analizaron todas las transacciones realizadas en las 258 tarjetas que presentaron una reclamación.
Se identificaron cuatro mecanismos utilizados para extraer el dinero de ellas en forma ilegal. Se descubrieron compras en lugares alejados en periodos cortos que “no son coherentes con el tiempo requerido de traslado” en 129 tarjetas. Así se usaron 1,107,944 pesos.
A su vez, se documentó que en 59 tarjetas se efectuaron compras antes de que el plástico se entregara al beneficiario. De esta forma robaron 357,076 a personas damnificadas por el sismo.
Otros 362,023 pesos se retiraron a través de la realización de numerosos cargos por un solo peso en 34 plásticos. Mientras tanto 27 plásticos más se detectaron operaciones en establecimientos o lugares que concentraron las transacciones fraudulentas, ascienden a 178,798 pesos.
Las excusas oficiales
Por su parte, Virgilio Andrade, titular del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) y amigo personal del presidente Peña Nieto, dice que no hubo fraude. Es institución presentará hasta el 2 de febrero los alegatos.
El funcionario añadió que hasta el momento se han repartido más de 154,000 tarjetas en 2,509 localidades afectadas por los sismos, y de los 6,259 millones de pesos destinados ya se han gastado 4,495 millones de pesos, y según el desglose, 2,200 millones se aplicaron a compras para material de autoconstrucción y 1,600 millones de pesos se retiraron de cajeros automáticos.
Según el censo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, ascienden a 171,975 las viviendas dañadas por los sismos y 52,374 presentan pérdida total. Aun cuando se trata de datos conservadores, ni siquiera esa cantidad de familias recibió la escuálida ayuda oficial, que como máximo llega a $120,000. Imposible construir una casa y amueblarla con ese dinero.
Las “ganonas” de la tragedia resultan como siempre las constructoras, las inmobiliarias y las instituciones financieras, todas consentidas por el gobierno de Peña Nieto y sus socios. Pero hasta con la miserable ayuda que da lucra el gobierno y los grandes funcionarios.
Sulem Estrada, maestra de secundaria y aspirante al registro de una candidatura independiente por la Plataforma Anticapitalistas al Congreso, declaró ante este nuevo atropello:
“Es aberrante que estafen así a las familias que lo perdieron todo con el efecto devastador de los sismos. Contra el lucro y la voracidad capitalista que fueron los detonantes de la tragedia, exigimos juicio y castigo a los responsables de la precariedad e irregularidades en edificios colapsados.”
“A su vez, proponemos un plan de obras públicas de reconstrucción, que atienda las necesidades de las mayorías. Supervisado por los damnificados y financiado con impuestos progresivos a las grandes fortunas (como la de Slim). Que reasigne presupuestos estatales y federal, tomando fondos al ejército y las corporaciones policiales. Acompañado de planes de prevención, desarrollados por trabajadores, profesionistas y científicos solidarios, para reducir al mínimo las pérdidas humanas y materiales ante los sismos.”
Con información de Proceso y Sin Embargo
