Indignantes declaraciones de funcionarios necochenses ante la violencia de género

Las declaraciones ante medios de comunicación, organizaciones y manifestantes necochenses por parte de distintos funcionarios estatales son una nueva muestra del desamparo estatal y del cinismo oficial ante una problemática grave como lo es la violencia de género, que provoca la muerte de una mujer cada 18 horas.

Luego del intento de femicidio de Marisa Astudillo por parte del policía de alto rango Rubén Ortega, los agentes estatales se disputan la declaración más inapropiada y cínica.

La Secretaria de Desarrollo Social: “Yo no fui”

De acuerdo a Jimena López, Secretaria de Desarrollo Social y hermana del intendente massista Facundo López, Marisa Astudillo fue atendida por la Dirección de Políticas de Género e incluso ella misma intervino en el caso, generando un “dispositivo de intervención”, y tras haber hecho “todo lo posible”, Marisa terminó recibiendo los disparos de su ex pareja en su propia casa.
En lugar de una autocrítica y del reconocimiento de la falla en los métodos y recursos estatales para intervenir en estos casos, la funcionaria arguyó que lo “complejo” de estos casos es que “la víctima va y viene con su pareja” y así incrementa su propio riesgo, lo cual no es más que depositar la responsabilidad sobre la propia mujer víctima de la violencia.
Luego volvió a desvincularse del hecho adjudicando la culpa a la institución policial que le devolvió el arma a Rubén Ortega, poniendo a la comunidad en conocimiento de que el mismo había sido sancionado por tres meses, y por ello su pistola le había sido retirada. Llama la atención que, conociendo esto los funcionarios, Marisa haya quedado tan desprotegida.

Finalmente, cayó en un discurso punitivista exigiendo un endurecimiento de las penas, dando a entender que la violencia de género se solucionaría con “mano dura”, y seguidamente versó sobre la importancia de concientizar a la población acerca de “cómo se comportan las víctimas”, volviendo a culpabilizar a las mujeres acerca de la situaciones de violencia y las consecuencias que les generen.

La Fiscal: “No había agresiones”

Contradiciendo a López, la fiscal general Analía Duarte aseguró que no había habido denuncias por agresiones en el caso Astudillo. Además, banalizó lo sucedido diciendo que el vínculo entre la mujer y el policía se trataba de una “relación complicada”. Aquí la exención de responsabilidad se basa en un supuesto desconocimiento de la situación de grave peligro que atravesaba Marisa, desconocimiento que queda desmentido cabalmente por las declaraciones de la anterior funcionaria.

El Secretario de Gobierno: “No sé cómo se hacen estas cosas”

Por su parte, el secretario de gobierno Diego López Rodríguez también jugó la carta del “desconocimiento” tras recibir el petitorio de reclamos de refugios, trabajo digno, presupuesto y demás derechos básicos incumplidos en materia de género. En la corta reunión que mantuvo con miembros de las organizaciones presentes en la manifestación del pasado lunes en el municipio refirió que “no sabía” qué poder estatal tenía la injerencia para actuar en estos casos, y aseguró desconocer si medidas de este tipo se habían aplicado en otros municipios. Una muestra más de la banalización y el ninguneo de las aberraciones vinculadas a la opresión y violencia hacia las mujeres por parte de los altos funcionarios de gobierno. Cabe mencionar aquí el silencio absoluto del propio intendente, Facundo López, quien no realizó declaración alguna hasta el momento sobre el intento de femicidio perpetrado por el policía Ortega

La institución policial: victimaria y cómplice

Una de las aristas más escandalosas del caso Astudillo es la que consta en la declaración de Jimena López, quien refiere la negligencia de la institución policial por haberle “devuelto el arma” a Rubén Ortega luego de tres meses de estar sancionado a causa de denuncias anteriores de violencia. Al respecto nada se ha dicho desde la jerarquía policíaca.
No está de más reiterar el rol que cumple la institución policial en la sociedad: la represión y criminalización de la protesta, de la pobreza, de la juventud, de la clase trabajadora y también hacia el mismo movimiento de mujeres, como se vio en los hechos represivos durante los últimos encuentros nacionales de mujeres y en el paro internacional del 8 de marzo. A su vez, la participación policial en el gran delito, la explotación sexual y la trata de personas, ha sido largamente denunciada.

En conclusión, todos los funcionarios estatales y la propia institución policial no hacen más que pasarse la pelota y mirar para otro lado, y entre tanto continúan banalizando y desatendiendo las situaciones de violencia hacia las mujeres, de las que no son solo responsables sino también agentes directos.