INDUSTRIA REFRESQUERA. Industria refresquera en México: neoliberalismo embotellado

Los dichos del subsecretario de prevención y promoción de salud, Hugo López-Gatell a propósito de la responsabilidad del refresco en los casos de obesidad y diabetes en México, despertaron el descontento de la Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas (ANPRAC), integrada por al menos 120 empresas embotelladoras. 

FEMSA, Arca Continental, Grupo Peñafiel, Corporación Rica, Aga Gami Corporativo, son algunas de estas empresas.

 
Así, a las declaraciones de López-Gatell, la ANPRAC respondió por medio de un comunicado en donde las empresas presentaron su "más enérgica protesta" ante las declaraciones del funcionario que, además de contra los refrescos, arremetió también contra las "donas, pastelitos y papitas" por ser "alimentación tóxica" y generar "contaminación ambiental". 

Por su parte, el director de la ANPRAC, Jorge Terrazas Ornelas —ex director de la Cámara Nacional de la Industria de la Cerveza y la Malta y ex vicepresidente corporativo de Bacardi—, se pronunció "a favor de crear políticas públicas" para reducir obesidad en el país y reiteró el posicionamiento de la Asociación de rechazo a la "estigmatización de la industria".

En este intercambio han sido puestos sobre la mesa distintos aspectos de un problema que, de fondo, no puede sino remitirnos a la relación entre las instancias de gobierno y las empresas refresqueras en México. Un vínculo de más de 100 años de antigüedad cuyas preocupaciones, como ahora, han estado centradas más en la forma de aumentar las ganancias de las empresas y menos en procurar el bienestar de la población.

Neoliberalismo embotellado

La industria refresquera en México comenzó a asentarse a partir de 1886, bajo el segundo periodo de gobierno de Porfirio Díaz (1884-1888), cuando se sentaron las bases de lo que sería conocido en la academia como la "industria moderna porfiriana". Este año se dieron dos importantes modificaciones en las leyes mexicanas, ambas encaminadas a asegurar la libre circulación de las mercancías por el país y a reprimir la organización obrera y popular: el primero, un proyecto de ley que suspendía garantías individuales con el pretexto de acabar con los salteadores de caminos y el segundo, una reforma a la Constitución Política que estipulaba medidas de corte fiscal y hacendario [1]. Como veremos más adelante, la relación entre la voracidad de ganancias por parte de las empresas y la imposición de medidas por parte del Estado mexicano han conformado un binomio indisoluble. 

Con una historia de más de 130 años, son dos los momentos claves en la historia moderna de esta industria en nuestro país.

El primero de estos momentos lo podemos ubicar en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), cuando gracias al impulso de una ola privatizadora, empresas que habían sido propiedad gubernamental salieron de la lista de empresas más importantes del país (misma que encabezaban hacia 1975 junto a empresas extranjeras) y otras, como FEMSA, se posicionaron entre los primeros 20 lugares. Para el sexenio de Ernesto Cedillo (1994-2000), se fue estableciendo un estándar de consumo entre la población que muy pronto comenzó a reflejarse en la salud de los mexicanos. Este estándar sería clave para el futuro de la industria y el actual "conflicto" mediático. 

Desnutrición y diabetes: otras pandemias

Hacia 2010, distintos organismos de salud nacionales e internacionales ya comenzaban a señalar el crecimiento exponencial de la obesidad y de otros padecimientos asociados al sobrepeso, como la diabetes y la hipertensión. Los refrescos en particular y la comida "chatarra" en general fueron puestas en la mira de instancias como la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Panamericana de la Salud (OPM), la OXFAM-México y organizaciones civiles como la Alianza por la Salud Alimentaria. Su propuesta era aumentar hasta un 8% el costo de estos productos para desalentar el consumo entre la población.

Finalmente, en 2013 el Congreso aprobó un "impuesto dietético" sobre el consumo de refrescos, aumentando su precio 1 peso.

 
Por su parte, la industria refresquera vivía años de bonanza. Hacia 2012 se había asegurado un incremento de 25% en su valor de mercado, con ganancias que superaban los 20 mil millones de dólares. Coca-Cola controlaba casi la mitad del mercado refresquero mexicano y, también en ese año, México se posicionó como el tercer lugar mundial en consumo de refrescos con 119 litros anuales por persona. 

Es así como llegamos al segundo momento clave en la historia de la industria refresquera en nuestro país: el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018), marcado entre otras calamidades, por la imposición de la larga serie de reformas estructurales. Siete de estas reformas fueron implementadas durante 2014 [2], entre ellas, la reforma fiscal. Ésta aumentó el IVA del 11 al 16% en la zona fronteriza. Asimismo, gravó impuestos sobre alimento para mascotas, alimentos con alta densidad calórica y refrescos.

Según la propia ANPRAC, el 57% de los impuestos a bebidas endulzadas recae sobre los bolsillos de las familias más pobres. 

Las empresas, por su parte, respondieron esta medida diversificando su mercado y produciendo bebidas "bajas en calorías". Los acuerdos publicitarios de estas empresas con el duopolio televisivo mexicano, así como el estándar de consumo, es decir, la fidelidad de sus consumidores, impuso una garantía que, a pesar del aumento en su precio, mantuvo sus ganancias. [3]

De 2014 a 2018, la industria refresquera creció 2.09% y equivalía a 1.2% del PIB hacia 2017. A pesar de la crisis por el coronavirus, el primer semestre de este año dejó a Coca-Cola ganancias por 4 mil 554 millones de dólares, un alza del 6% respecto al año anterior.

El persistente consumo de bebidas azucaradas y comida chatarra, a pesar del aumento de precio que alcanzó hasta un 40.3% de inflación entre 2014 y 2018, tiene su explicación en las restricciones para acceder al agua potable gratuita en bebederos escolares o laborales, por ejemplo, o a una comida "sana" y completa con agua. 

Distintas organizaciones sociales involucradas en el debate sobre lo que en su momento calificaron como una crisis sanitaria, señalaron aspectos esenciales sobre la estrategia no sólo para disminuir el consumo de estos productos, sino para, de conjunto, atender lo que es el verdadero problema: el hambre, la desnutrición y la marginación de las poblaciones indígenas y rurales. 

Pobladores de las zonas más marginadas del estado de Chiapas y Guerrero han sustituido el consumo de agua por refresco, mismo que ha penetrado aspectos sociales de la vida cotidiana.

Lo que tanto empresarios como el gobierno buscan es hacer parecer que todo se trata de una cuestión individual. Tanto si se considera al sujeto un "consumidor" que, atendiendo la lógica del libre mercado neoliberal, puede decidir si consume o no algo que le hace daño o si se le considera un "ciudadano" susceptible de derechos como a la salud y a una alimentación saludable. 

De acuerdo con el Instituto de Investigaciones Sociales, 24 mil mexicanos mueren al año por padecimientos asociados al consumo de bebidas endulzadas.

 
Comunicados como los de la ANPRAC no hacen sino reforzar un discurso que reconoce el problema de salud, pero como si no hubieran ganado con él miles de millones de dólares, lo aleja de sí y "echa la bolita" al Gobierno. El gobierno, por su parte, ha atendido la crisis de salud con campañas que de igual forma responsabilizan a la población no sólo de la enfermedad, sino también de su tratamiento y control. "Mídete", "chécate", "come sano".

Estos aspectos cobran hoy por hoy una nueva vigencia, pues con marco en la crisis por el coronavirus, tanto la relación del gobierno con las empresas como las políticas que buscan individualizar la solución de ésta y las otras pandemias que aquejan al país, vuelven a quedar al descubierto. 

Mientras gobierno y refresqueras sostienen una "confrontación" mediática, en realidad las medidas del Estado siguen beneficiando a esta industria. No sólo por medio de la individualización del problema de mala alimentación y consumo de determinados productos, sino también con medidas como la misma "vuelta a la normalidad". 

Según reportó Coca-Cola, el relajamiento de las medidas de confinamiento tienen un impacto directo en sus ganancias por "facturación fuera de casa", a pesar del cierre de establecimientos donde se vende este producto, como cines y restaurantes.

Sólo el acceso pleno de toda la población a la canasta básica y al agua potable pueden revertir efectivamente la crisis de nutrición. Ante la pandemia por COVID-19, es más urgente que nunca atender estos problemas que en cualquiera de sus dimensiones afectan principalmente a la población más vulnerable.