La Guardia Civil no entregó al juez del Tribunal Supremo los certificados de control de cuentas de la Generalitat que Hacienda lleva emitiendo desde 2015.
Aníbal Maza Zaragoza
Viernes 20 de abril de 2018
El juez Pablo Llarena, miembro del Tribunal Supremo, es quien está llevando el peso del proceso contra los miembros del Govern que promovieron el referéndum del 1-O. El proceso que dirige se centra ahora en la presunta malversación de fondos públicos por parte de las autoridades de la Generalitat para la realización del referéndum.
Con la acusación de malversación de fondos públicos el Gobierno de Rajoy desea que se extradite a los politicos catalanes exiliados en vista de que su intento con el delito de “rebelión” fracasó ante los tribunales alemanes.
La polémica se ha desatado al conocerse que los informes que le facilitaba la Guardia Civil a Llarena omitían importantes certificados de la Intervención General de la Generalitat. Recordemos que el informe de la Guardia Civil, de apenas 10 páginas es el fundamento de la acusación de malversación que tramita Llanera y que es el actual caballo de batalla del Gobierno Rajoy contra Puigdemont y todo el Govern.
La historia se complica aún más cuando es conocido que estos certificados figuraban ya en los sumarios que instruyen el Juzgado Nº 13 de Barcelona y en el juzgado Nº 3 de la Audiencia Nacional.
Una razón de peso para pensar que ya deberían ser conocidos por el Tribunal Supremo y la Guardia Civil. Sobre todo si tenemos en cuenta que el equipo que investiga para los tres jueces lo dirige la misma persona, el teniente coronel Baena, alias Tácito. Baena es el jefe de la policía judicial en Catalunya.
Para más inri el teniente coronel Baena fue identificado como escritor detrás de la cuenta de twitter Tácito por el Diario Público. Desde esta cuenta se cargó contra los políticos catalanes, contra los mossos e incluso se “predijeron” episodios de los juicios como la acusación de sedición a los independentistas.
En el informe de la Guardia Civil que publicó el Tribunal Supremo hay un DVD adjunto que dice recoger como anexos los documentos que han sido entregados al Juzgado de lnstrucción Nº 13 de Barcelona. Este tribunal instruye la DP Nº 11812017 sobre la supuesta malversación de caudales públicos en el 1-O. Este procedimiento destaca por su “rareza”, puesto que el juez no recurrió ni al Ministerio de Hacienda ni a la Intervención General de la Generalitat que son quienes llevan controlando las cuentas públicas del gobierno catalán desde 2015.
Este control mensual de las cuentas de la Generalitat que se llevaba acabo desde 2015 venía firmado por la vicepresidenta del Gobierno Soraya Saénz de Santamaría en el Boletín Oficial de Estado (BOE) el 21 de noviembre de 2015. Además quien emitía las certificaciones era el Ministerio de Hacienda dirigido por Montoro. Con lo que si finalmente llega a puerto la acusación por malversación de caudales públicos ambos ministros se verían comprometidos puesto que habrían autorizado los supuestos gastos de la Generalitat en el referendum que se produjo en 2017.
En este escenario tendríamos una paradoja digna de las películas de Regreso al futuro con Santamaría y Montoro dando el visto bueno a los gastos del 1-O.
El asunto no acaba con los certificados, puesto que el 5 de Julio de 2017 el Tribunal Constitucional ya había bloqueado las partidas de dinero público para el programa 132 de “Organización, gestión y seguimiento de procesos electorales” de la Generalitat con lo que nos encontraríamos que éste tribunal también sería salpicado si el juez Llarena contínua dando por buena la acusación de malversación.
No obstante, el hecho de que el juez Llarena ya haya dictado la orden de detención internacional contra los políticos catalanes exiliados por malversación y que haya ordenado encarcelar a los consellers cesados sin fianza viene a echar más leña al fuego de la crisis del Régimen.
Todo este dantesco espectáculo viene salpicado por declaraciones de parte del estamento judicial sobre las interferencias del Gobierno en la Judicatura como afirmaban “Jueces por la Democracia” el pasado febrero. Que existan voces discrepantes dentro del “partido judicial” en medio de este proceso, que cada día recuerda más a la Inquisición de Torquemada, muestra que dentro del estamento judicial hay quienes opinan que el Gobierno está maltratado extremadamente el sistema judicial a base de usarlo como la maza de sus políticas recentralizadoras y represivas. Este sería un panorama muy preocupante dentro de la óptica liberal burguesa y su credo de la separación de poderes que legitima el conjunto del sistema.
