Claudio Dellecarbonara, diputado del FIT, presentó en la Legislatura bonaerense una solicitud de informe sobre la situación de infraestructura escolar de PBA. El 2 de agosto se cumplió otro aniversario del crimen social de Sandra Calamano y Rubén Rodríguez, quienes fallecieron en una explosión en la escuela N°49 de Moreno, durante la gestión de gobierno de María Eugenia Vidal, el ministro Sánchez Zinni y el intendente Walter Festa.
Miércoles 19 de agosto de 2020 12:30
La crisis sanitaria, denunciada en reiteradas ocasiones por los trabajadores de la salud, que se encuentran en la “primera línea” -prácticamente sin insumos y al límite de camas de Unidad de Terapia Intensiva-, junto con la crisis económica que se agravó en pandemia, arrojando a miles a la desocupación, informalidad e indigencia, son dos aspectos que en PBA en general y en el AMBA en particular golpean con mucha fuerza.
Por otro lado, el ministro Trotta puso en agenda la discusión de la vuelta a clases posterior al aislamiento social, preventivo y obligatorio y el Consejo Federal de Educación aprobó un protocolo nacional que resulta inviable de aplicar frente a la emergencia edilicia y de otros aspectos de la infraestructura de las escuelas y Terciarios de la provincia - siendo crítica la situación del AMBA-, en la que se encuentran luego de la gestión de varios gobiernos.
La solicitud de informe tiene el objetivo de requerir al Poder ejecutivo de la provincia y DGCyE que dé cuenta exhaustivamente de la condición de infraestructura- de medios técnicos, tecnológicos, servicios y edificios educativos, incluyendo los materiales didácticos, bibliotecas, laboratorios- en el marco de las necesidades habitacionales y sanitarias que impone la pandemia de Covid 19 y considerando los 12 puntos que establecen la base de la infraestructura escolar a partir de los cuales se puede afirmar que hay condiciones dignas para enseñar y aprender – tal como fuera refrendadado por ley por Ctera en 2011 y Suteba en 2019-.
Desde 2013 en adelante, el sector de educación perdió peso relativo -medio punto en 2014 y 2,2 puntos en 2015. En 2016, según informes de la Dirección general de presupuesto público, el gobierno provincial de María Eugenia Vidal invirtió 99.456 millones de pesos en educación; en 2017 fueron 130.171 millones de pesos. En el año 2018 el presupuesto para la DGCyE fue de 167 millones de pesos, de los cuales 1. 853 millones de pesos se destinaron a infraestructura.
Según el Instituto de Desarrollo Social Argentino (IDESA), solo el 1% del presupuesto para educación se destinó a este fin. Según datos de la Subsecretaría de Infraestructura Escolar -de julio del año en curso-, el programa “Escuelas a la Obra”, cuenta actualmente con 893 obras y el monto total comprometido sería de 956.891.747 millones de pesos.
El desfinanciamiento se nota en las deplorables condiciones de infraestructura en las que están las escuelas de la provincia. Durante las dos semanas de marzo, que hubo clases presenciales, la comunidad educativa de varios distritos denuncio problemas edilicios: desde falta de aulas y mobiliario hasta inconvenientes en las instalaciones sanitarias y de gas.
En abril de este año, Kicillof lanzó un programa de incorporación para docentes y auxiliares suplentes para realizar tareas en las escuelas, en el marco de la emergencia sanitaria, con una retribución salarial de 10.000 pesos de promedio por 15 horas de trabajo, en el caso de los auxiliares – perciben el salario más bajo de los trabajadores del estado- y de 8 módulos semanales en el caso de los docentes. Muy lejos de resolver las necesidades reales del sector que ya cuenta con una serie de planes y programas precarios: Fines, patios abiertos y otros.
En este escenario la “vuelta a clases”, por la creciente circulación comunitaria del virus, y por el recrudecimiento de las condiciones socioeconómicas de los sectores populares, abren interrogantes sobre la situación actual y el futuro de la educación pública que viene de un desfinanciamiento severo año tras año con relación a la inflación. Pero también de cuáles serán las políticas presupuestarias, luego de que el gobierno nacional cerrara acuerdo con los acreedores y en provincia, Kicillof – con los votos de Cambiemos- aprobara un nuevo endeudamiento de 500 millones de dólares y 28 mil millones de pesos, dinero cuyo destino no está especificado y que anticipa un nuevo golpe a las condiciones de vida de los trabajadores y el pueblo pobre.
Como propone, la solicitud de informe entre sus fundamentos: “El financiamiento debe venir de aplicar impuestos a las grandes fortunas del país, junto con el no pago de la deuda externa, ilegítima y fraudulenta de la cual solo los intereses y el capital de la deuda que vencen este año equivalen a US$58.000 millones - en lo que va del año ya se pagaron US$ 350 millones- mientras que para el próximo año, se vencerán US$29.000 millones, tal como lo indican los datos publicados por el gobierno”. Es necesario invertir las prioridades en forma urgente.
Pedido de informe presentado por el diputado del Frente de Izquierda
Solicitud de informe sobre infraestructura en la DGCYE - Dellecarbonara by La Izquierda Diario on Scribd
