Ingresos récord y despidos colectivos en las grandes empresas: uno de los “efectos” de la Reforma Laboral de Yolanda Díaz

Una vez terminada la fiesta de la barra libre de los ERTE durante la pandemia, que fueron muy generosamente subvencionados por el Estado y sin prácticamente ningún control, ahora vienen los despidos colectivos mondos y lirondos. De aquellos polvos estos lodos. La política de los ERTE suponía implementar claramente una política ortodoxa neoliberal en el ámbito de las relaciones laborales, y la impulsaba una ministra del sector “comunista” del Gobierno, Yolanda Díaz. Es una política neoliberal porque su rasgo característico se basa en socializar las pérdidas y privatizar los beneficios. Los ERTE, que fue la política laboral estrella del Gobierno del PSOE y Unidas Podemos para atajar los efectos de la crisis pandémica, consistió en llevar al extremo la flexibilidad laboral del empresario, en lugar de asegurar buenas condiciones laborales a las personas trabajadoras y prohibir cualquier despido en plena pandemia, algo que era una condena absoluta a la miseria.

Los ERTE fueron concedidos casi sin ningún requisito, más allá de mantener el empleo un tiempo determinado, en cuyo caso se devolvía la subvención, si es que te pillaban. Ha dado lugar ahora y como colofón, aunque después de haber regado con miles de millones de euros de subvenciones directas y préstamos avalados por el Estado a las grandes empresas, a un período de barra libre de despidos baratos, como lo atestiguan los cientos de miles de despidos definitivos a través de multitud de ERE que se están produciendo en las grandes empresas de casi todos los sectores económicos. Despidos que avanzan sin ningún control institucional del Estado, por obra y gracia de la Reforma laboral de Yolanda Díaz de la que tanto han presumido por su carácter social tanto la propia ministra “comunista” como el presidente Sánchez.

Una vez ajustadas a la realidad cotidiana las bonificaciones sociales y salariales, ya no tan generosas, que se conceden con los nuevos ERTE, en una situación diferente a la de la pandemia y dentro de la reforma laboral de Yolanda Díaz, se ve que no están resultado eficientes como dique de contención de los despidos.

Tsunami de despidos en las grandes empresas

Según los últimos datos estadísticos de Regulación de Empleo publicados recientemente por el Ministerio de Trabajo, se apuntan dos tendencias en la actualidad. Por una parte, hay un fuerte incremento del ritmo de los despidos colectivos, pasando a 100 despidos diarios vía ERE, y además hay un incremento en el total de los ceses de nada menos que un 50% más (36.305 frente a los 24.215). Dentro de estas cifras resultan significativas las bajas semanales (300) que corresponden exclusivamente a las grandes empresas. Por otro lado, en el otro extremo de la balanza, se reducen los afectados por medidas de ajuste flexibilizador para evitar el despido colectivo, no le viene bien a la gran empresa aplicarlos tan ampliamente en la coyuntura actual. Ya no corre a cuenta del Estado la casi totalidad del salario, ni se ven rebajadas las cotizaciones de la Seguridad Social a los niveles de la pandemia. Así han bajado más de un tercio los afectados por suspensiones de contrato temporales y reducciones de jornada, pasando de 294.702 a 181.139 afectados (38,53%).

Aún se mantiene un número de perjudicados por las regulaciones de empleo por encima todavía de lo que sucedía antes de la pandemia, entre 2014 y 2019, años en los que la economía empezó a tener un cierto tirón de crecimiento tras la crisis financiera de 2008. Sin embargo, nos situamos muy por debajo de lo que supuso el más de un millón de regulaciones que hubo en lo más profundo de la pandemia y los confinamientos, con un batacazo económico de tal calibre por el parón generalizado que cayó la actividad a niveles equivalentes a los de los que se producen en los conflictos bélicos y muy por encima de la crisis estructural de 2008.

Respecto a las cifras de despidos colectivos totales (36.305) estamos al nivel de los más altos de la última década, ocupando el segundo puesto del pico máximo tras las que se produjeron en 2021 (43.662), es decir, al nivel de las que se establecieron tras el golpe de la pandemia y finalizando los períodos de sanciones por los ERTE, lo que abrió la espita de los ceses en las empresas sin sanción administrativa, y sobre todo con los miles de despidos del sector financiero de aquel momento. La banca devolvió con despidos masivos desde 2021 todo lo que supuso el rescate financiero público de los 60.000 millones de euros de la crisis de 2008, implantando una reestructuración salvaje, concentrando la oferta financiera en unos pocos bancos, abordando el desmantelamiento de oficinas y dejando localidades sin una sola entidad financiera, subiendo comisiones a niveles de usura y comenzando a obtener ingresos récord que luego con la subida de tipos ha alcanzado niveles de escándalo. Todo ello sin que al Gobierno “progresista” se le haya movido una ceja, salvo el impuesto específico a la banca temporal y que más allá de las protestas de la patronal financiera no les ha hecho ni cosquillas sobre la base del récord de beneficios de los últimos años, 26.000 millones en 2023 (+27%) frente a los aproximadamente 1.500 millones que pagaron por el gravamen bancario.

Es sobre todo en las grandes empresas donde crece el despido colectivo. A las empresas de tamaños inferiores no le suele salir tan rentable y se decanta más por el despido individual o el despido improcedente. Las cifras demuestran palpablemente esta realidad si tenemos en cuenta que se ha multiplicado dos en las empresas de mayor tamaño los despidos colectivos durante el último año (16.276 frente a 8.999) a un volumen de más de 300 semanales. Cifras que solo fueron superadas en la última década en 2019 y 2021, con el boom de los despidos del sector financiero mencionado, solo en ese sector se despidió a un tercio del total.

La relación entre el uso de las regulaciones de empleo, o los despidos colectivos y el tamaño de la empresa es directamente proporcional. A mayor tamaño más regulaciones y despidos colectivos. En las empresas de menos de 10 trabajadores, con un peso en el empleo del 10,63%, se producen el 3,75% de las regulaciones. Por el contrario, las grandes firmas de más de 250 trabajadores acaparan el 42,27% de la ocupación y ponen en marcha el 54,15% de los procesos de extinción colectiva.

Causas organizativas y productivas: excusa de los despidos

El cajón de sastre que se mantiene con la Reforma Laboral de Yolanda Díaz es clave para que se pueda despedir colectivamente de manera procedente a trabajadores, aunque la empresa tenga beneficios, aludiendo únicamente a razones tan ambiguas como las “productivas” o las meramente “organizativas”. Y como la autoridad laboral no interviene en nada para controlar mínimamente el proceso, esta se ha transformado en la herramienta más utilizada en la actualidad por las grandes empresas para hacer “ajustes” y seguir acrecentando sus beneficios. Sobre todo, porque las razones económicas son complicadas de aludir en una coyuntura en la que están obteniendo cifras de beneficios históricas las grandes empresas en términos generales.

Así, los datos de este estudio del Ministerio de Trabajo demuestran que los despidos por causas económicas decrecen, sobre todo entre las grandes empresas. Son la causa de los despidos colectivos en el 42% de las microempresas, mientras que esa razón solo es esgrimida en el 11% de las grandes. A la inversa de lo que ocurre respecto de las causas técnicas y organizativas que son el 13% y el 32% respectivamente.

Los datos reflejan también un mayor incremento del volumen de los despidos colectivos basados en la bajada de ventas que en la disminución de los ingresos. Una aparente paradoja, más allá del proceso inflacionario que también lo puede explicar en parte, que demuestra claramente el uso engañoso y adulterado de las empresas, sobre todo de las grandes, que llevan adelante los ERE según sus beneficios no por una situación real de problemas económicos. Algo que se traga la autoridad laboral y los tribunales y permite los despidos en barra libre y más baratos para las grandes empresas. Un proceso que se viene disparando con la precarización laboral generalizada y ahora reforzado por la implantación de la Inteligencia Artificial. En esa línea las empresas ya han comenzado a deshacerse de gran parte de las plantillas con la aplicación de esas tecnologías. Un proceso que anuncia la pérdida de millones de empleos en pocos años.

Aumento de los beneficios, aumento de la pobreza

Frente a los super beneficios millonarios de las grandes empresas del Ibex 35, el golpe inflacionario y el bajo nivel salarial, además del paro, han aumentado los niveles de pobreza entre las clases populares en el Estado español en 2023, tal y como ha reflejado la Encuesta de Condiciones de Vida del INE publicada recientemente. Actualmente el 26,5% de la población está en riesgo de exclusión social y un 9% tiene carencias materiales severas, ambos son porcentajes superiores a los de 2019. Esos datos se dan pese al fuerte incremento del empleo con 783.000 empleados más en 2023 y una tasa de paro reducida al 11,7%. Sin embargo, el empleo ya no garantiza unos niveles de vida mínimamente dignos en muchos casos. Los datos revelan que el 17% de los ocupados estuvo en riesgo de pobreza o exclusión social. Uno de cada diez hogares sufrió algún retraso en los últimos 12 meses en el pago de la hipoteca, el alquiler, los recibos o en compras a plazos. Y un tercio de la población no pudo salir de vacaciones. Frente a estos datos vemos como las grandes empresas del IBEX baten récords de beneficios, con un incremento del 32% en 2022, y un beneficio neto de más de 60.000 millones de euros en 2023, otro récord.

Por ello, no podemos confiar en el Gobierno neoliberal del PSOE y Sumar, que desarrolla políticas que no favorecen a la clase trabajadora y las clases populares sino a los grandes capitalistas. Resulta imprescindible impulsar una alternativa política de independencia de clase y anticapitalista que enfrente los despidos y los ataques de la patronal y el propio Gobierno “progresista”, que trata de imponer el programa de la patronal. Y esto solo es posible si se lucha al mismo tiempo contra las burocracias sindicales de CCOO y UGT, que les hacen el juego.

El sindicalismo que se revindica combativo, como los sindicatos que han impulsado la huelga educativa en la Comunidad de Madrid en los días 27, 28 y 29 de febrero, tiene que poner en marcha una gran campaña de agitación y organización para imponer a las burocracias un plan de lucha sostenido contra los despidos y todas las reivindicaciones obreras y populares.