Brasil. Inhabilitan a Bolsonaro para presentarse a elecciones por 8 años

El pasado viernes 30 de junio, el líder de la ultraderecha brasileña fue declarado "inelegible" por el Tribunal Superior Electoral (TSE), que lo consideró culpable de una serie de "abusos de poder" cometidos en su doble papel de presidente en ejercicio y candidato a la reelección en los comicios de 2022 que ganó Luiz Inácio Lula da Silva y cuyo resultado se negó a reconocer.

La suspensión de sus derechos políticos le impedirá concurrir a cargos electivos o puestos en la administración pública hasta octubre de 2030, cuando tendrá 75 años.

En 2018 las elecciones a presidente en Brasil confirmaron los objetivos del golpe institucional articulado en 2016 contra el gobierno de Dilma Rousseff, sucesora de Lula. Aplicar un plan de ajuste aún más duro del que ya había aplicado el PT. Tras la caída de Rousseff asumió su vicepresidente Michel Temer, que como presidente golpista consiguió aprobar una leonina contra reforma laboral con la ayuda de las centrales sindicales que impidieron el desarrollo de la lucha de la clase trabajadora incluso después de una histórica huelga nacional.

Pero hacía falta más: quien fuera el candidato a asumir la presidencia del país contaba con el handicap del encarcelamiento arbitrario de Lula. Con el fuerte liderazgo de los jueces del Supremo Tribujal Federal (STF), de los sectores de derecha y extrema derecha del Congreso Nacional, de las fuerzas más reaccionarias del país como la bancada de legisladores evangélicos y los grandes nombres del agronegocio, con las fuerzas armadas interviniendo de forma cada vez más potente en la política, así el país vio llegar al poder a Jair Bolsonaro, que siempre vociferó contra las mujeres, los negros, la comunidad LGBT y la clase trabajadora.

La respuesta de las direcciones de masas, como los sindicatos dirigidos por el PT y el Partido Comunista de Brasil, fue de tregua. Una estrategia puramente electoral que permitió 4 años de desastre y miseria contra la clase trabajadora y el pueblo pobre, de innumerables ataques, como la reforma previsional, y retrocesos en derechos democráticos, conteniendo la bronca con algunas acciones esporádicas a lo largo de los meses que nunca pusieron en jaque al gobierno de Bolsonaro.

Hoy el nuevo gobierno Lula-Alckmin vuelve a alimentar a los mismos agentes del golpe institucional con nuevos planes de inversión récord en el agronegocio, destinando $ 340 mil millones de reales (unos $71 mil millones de dólares) para el plan Safra, un monto superior al que destinaba el propio Bolsonaro. Como todo avance del agronegocio en el país (y en América Latina) significará más ataques a los pueblos indígenas y al medio ambiente. Además de presentar su propio proyecto de techo de gastos. No dice nada de las reformas y privatizaciones, ese drástico legado del gobierno Bolsonaro y del golpe institucional, que seguirá intacto como parte de todos los ataques que siguen en curso. Se asocia con gobernadores bolsonaristas, como el reaccionario Tarcísio de Freitas en San Pablo ("somos socios para el desarrollo del país", dijo Tarcísio sobre Lula) la probable nueva apuesta de la extrema derecha para suceder a Bolsonaro en las elecciones ejecutivas.

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Todo lo que la clase trabajadora está sintiendo todos los días con empleos precarios, aumento de los precios de los alimentos, bajos salarios, vivienda precaria, transporte con aumentos recurrentes de precios, ataques a la educación con la reforma de la escuela secundaria, ataques a los pueblos indígenas y toda la precariedad de la vida es apoyada por las manos de los mismos actores que hoy dicen plantarse "en defensa de la democracia" como el TSE en el caso de la inelegibilidad de Bolsonaro.

En la misma sesión que suspendió al expresidente, se declaró inocente a su ex candidato a vicepresidente Braga Netto. Walter Souza Braga Netto es General del Ejercito Brasileño, representante del estado mayor que apoyó la permanencia de Bolsonaro en el poder cuando no se negó a reconocer el resultado de las elecciones.

La decisión se basó en una denuncia presentada por el Partido Democrático Laborista, que tuvo como base una polémica reunión convocada por Bolsonaro el 18 de julio del año pasado, poco más de tres meses antes de los comicios, con medio centenar de embajadores extranjeros.

La reunión se celebró en la residencia oficial de la Presidencia y fue transmitida por la televisión pública por orden expresa del entonces mandatario, quien en un monólogo de casi una hora sembró dudas sobre el sistema electoral, el Poder Judicial y la propia democracia brasileña, según fue reflejado en la sentencia.

Ese hecho, según el TSE, configuró un "abuso de poder político, conductas vedadas y desorden informativo" y también un "uso indebido de predios y medios de comunicación públicos". Sin embargo, también fue considerado lo que el presidente del TSE, Alexandre de Moraes, calificó como una "sistemática campaña de desinformación" que Bolsonaro mantuvo contra la Justicia electoral.

A todas luces es muy difícil separar el accionar de Bolsonaro del de Braga Netto, quién en ese momento era el Jefe de Gabinete. Esta es la cara de este poder judicial, que ahora quiere mostrarse como defensor de la democracia por haber ido contra Bolsonaro, pero preserva y pacta con todos los sectores del régimen político que fueron fundamentales en su gobierno. El hecho es que estos mismos sectores como el TSE y el STF, que fue parte del avance de la ley de tercerización irrestricta y recientemente falló contra los derechos de los trabajadores de aplicaciones, además del Congreso Nacional, fueron los que hicieron "elegible" a Bolsonaro tomando medidas tremendamente arbitrarias.

Estos métodos se volverán aún más contra la clase trabajadora. Enfrentar a Bolsonaro, sí y siempre, pero debemos apoyarnos sólo en la fuerza de la lucha de clases para combatir a la extrema derecha y no en los logros del "bonapartismo de toga" en Brasil, porque va en contra de los intereses de nuestra clase. Estos mismos jueces que no fueron elegidos por nadie y reciben sueldos millonarios, que ahora se hacen pasar por demócratas, no sólo hicieron posible el golpe institucional y todos los ataques que vinieron con él, sino que juzgan las luchas de los trabajadores y el pueblo, que para ellos son siempre ilegales, de forma autoritaria y antisindical.

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Lo que ocurre ahora es que el régimen político brasileño busca también una extrema derecha "institucional" que se sitúe dentro de los límites de las propias instituciones, presionando para que los ataques continúen sin que se produzcan crisis políticas en el país ni acciones reaccionarias como el intento de toma del Parlamento el 8 de enero. Si por un lado, el odio legítimo a Bolsonaro se siente en todo el país, por otro, las lecciones de los últimos años deben señalar un camino que sea efectivamente de independencia de la clase trabajadora, para que no sea rehén de los intereses de otra clase y a merced de las decisiones de las instituciones del régimen, que actúan como un mostrador de negocios para los capitalistas. Por eso decimos: ¡ninguna confianza en el TSE! ¡Ninguna confianza en el STF! ¡Ninguna confianza en el Congreso Nacional!

Para enfrentar el odioso legado de Bolsonaro y su camarilla y la herencia del golpe institucional, es necesario confiar en las fuerzas de la clase trabajadora y de los sectores oprimidos que buscan fortalecer su lucha y autoorganización, lo que implicará también enfrentar los ataques del nuevo gobierno Lula-Alckmin. Las centrales sindicales deben salir de su parálisis. El Partido Socialismo y Libertad (PSOL), que hoy integra el gobierno, tiene el papel de cubrir por la izquierda la parálisis de las direcciones del movimiento de masas y los ataques en curso, dando su respaldo a un gobierno de ajuste. Por eso también es fundamental luchar para que las organizaciones juveniles de masas, como la Unión Nacional de Estudiantes (dirigida por el Partido Cominista), sean independientes del nuevo gobierno.

Junto a la clase trabajadora, es necesario crear un polo de independencia de clase basado en la lucha de nuestra clase internacional, como estamos viendo hoy en Jujuy, Argentina, con una fuerte rebelión popular, uniendo a trabajadores e indígenas para enfrentar el legado reaccionario de la derecha dura en este país. Este es el camino para enfrentar todos los ataques y abrir la perspectiva de un enfrentamiento no solo con los gobiernos sino con todo el estado capitalista.