Relaciones México-Estados Unidos. Iniciativa Mérida y Entendimiento Bicentenario: ¿continuidad o cambio?

El viernes 8 de octubre tuvo lugar el Diálogo de Alto Nivel en Seguridad (DANS) entre delegaciones de jerarquía de los gobiernos de México y Estados Unidos. Marcelo Ebrard anunció ufano el final de la Iniciativa Mérida, que fue la expresión más extrema de la política neoliberal que impuso el imperialismo estadounidense sobre toda América Latina. Anunció la firma del Acuerdo Bicentenario México-Estados Unidos, como una alternativa a aquella. Sus ejes son, según la declaración oficial, la seguridad, la salud pública y las comunidades seguras.

Se dice en distintos medios que este nuevo acuerdo viene a destensar las relaciones entre los países vecinos, cruzadas por la rispidez desde la detención de Salvador Cienfuegos, ex secretario de la Defensa Nacional, ocurrida en territorio estadounidense en el año 2020.

“El nuevo mecanismo de Entendimiento Bicentenario atiende no solamente las preocupaciones concretas y cotidianas que comparten México y Estados Unidos, sino el interés por resolver, de raíz, las causas de problemas tangenciales al de la seguridad” indica un documento de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Atender las causas estructurales de la violencia será la prioridad de ambos gobiernos, señaló Ebrard. Más allá de la detención de un capo u otro del crimen organizado, el nuevo acuerdo tiene como ejes “el desarrollo de las comunidades, la prevención y reducción del consumo de drogas y oportunidades para los jóvenes”, de acuerdo con palabras del canciller.

En el discurso oficial se afirma que se termina la operación de las agencias estadounidenses en territorio mexicano, que estaba vigente desde la década de 1960. Eso dijo Ebrard. Pero esto fue incluso controvertido por las palabras del embajador estadounidense en México, Ken Salazar, quien declaró que el gobierno de Joe Biden pidió al de AMLO que permita el ingreso de agentes de la DEA y de otras agencias estadounidenses. Si esto se confirma, se mantendría la injerencia imperialista en territorio mexicano.

La subordinación al imperialismo, incólume

Lo que sucede es que, más allá del discurso con tintes “progresistas” del gobierno, en lo esencial se mantiene la subordinación al imperialismo. Esto se ve en el terreno de la economía con el T-MEC, la versión modernizada del TLCAN, que dicta los términos de qué producir y cuánto producir de acuerdo con las necesidades de las trasnacionales estadounidenses, una situación que mantiene a México como el parque maquilador de EEUU. Se mantiene como reloj suizo el pago puntual de la deuda externa, aunque no hay dinero para pagarle a maestros, trabajadores estatales y jubilados en distintos estados, y tampoco hay finanzas para mejorar la infraestructura de escuelas y hospitales y garantizar que todos estos establecimientos tengan suministro de agua potable y estructuras edilicias seguras.

La misma subordinación se mantiene en cuanto a la política migratoria. La Guardia Nacional creada por AMLO, junto con el Instituto Nacional de Migración, tiene como función prioritaria impedir la llegada de migrantes al territorio estadounidense -sea por la vía de deportar una parte los migrantes, o deteniéndolos en estaciones migratorias o autorizando la permanencia un sector de ellos-, al tiempo que México opera como país de espera para muchas de las personas que solicitaron asilo en el gigante del norte.

El papel de EE.UU. en el auge de los cárteles

Una frontera de 3,169 km une al imperialismo estadounidense con México. Desde el siglo XIX la rapiña y la injerencia del poderoso vecino no ha cesado, aunque en cada periodo tiene expresiones distintas.

El florecimiento del crimen organizado, del tráfico de drogas, de armas y de personas en México se incrementó al calor de la opresión imperialista y, a la par, fue alentado por el imperialismo estadounidense. La política prohibicionista impuesta a México por la Casa Blanca, es la base del desarrollo inusitado de los cárteles al sur del Rio Bravo. Articulado con esto, la Operación Rápido y Furioso puso en evidencia que las agencias imperialistas proveían de armas a cárteles mexicanos. No puede haber tráfico sin la connivencia de las autoridades: tal vez uno de los casos emblemáticos fue el del ex gobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington, actualmente detenido en EEUU.

Yarrington durante su gubernatura mantuvo vínculos con los cárteles del Golfo y los Zetas ‒ambos con exmilitares entre sus integrantes‒ al tiempo que cultivaba una gran amistad con el republicano George W. Bush, quien lo mantuvo bajo su protección por un período de tiempo.

Desde la puesta en marcha del TLCAN en adelante, con la aplicación de los planes neoliberales en México, orquestados directamente desde Washington, la pobreza de un gran sector de la población creció.

Pequeños propietarios perdieron sus tierras, se entregaron porciones de territorio a trasnacionales, bandas paramilitares a su servicio estuvieron a cargo de desplazamientos forzados y masacres, y parte de la población campesina fue arrojada a la miseria, a elegir entre emplearse como jornaleros, con sueldos raquíticos y condiciones laborales insoportables, o ser reclutados por el crimen organizado, ya fuera para el cultivo de amapolas o de marihuana, o para engrosar las filas de los cárteles.

En el marco de esta situación, se desarrollaron fenómenos terribles ‒como los feminicidios y la trata, con particular impacto en la frontera norte‒ que expresan la degradación y descomposición en que resulta la opresión imperialista.

Las consecuencias de la militarización

Desde el gobierno de Felipe Calderón -firmante de la Iniciativa Mérida- en adelante, la estrategia de “seguridad” se enfocó en el despliegue de las fuerzas armadas. Pero los uniformados están asociados con los cárteles, como se demostró con la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa y en las masacres de San Fernando, Tamaulipas, donde entregaron a los migrantes al crimen organizado.

Aún con su discurso de “abrazos, no balazos” y su promesa de devolver los militares a sus cuarteles, AMLO ha dado continuidad a la presencia de las fuerzas represivas en las calles. La militarización no terminó, cambió el nombre de la corporación que desempeña labores de seguridad pública, que siguen también a cargo del Ejército y la Marina, instituciones que han ganado más y más poder en este sexenio, como explicamos acá.

La prohibición del consumo de drogas crea las condiciones para fortalecer los mecanismos destinados al control social, sobre todo de los sectores más empobrecidos. Mantener ilegal el consumo es la vía para mantener una fuerte inversión en el aparato represivo del Estado, mientras se alienta el negocio de los cárteles, que actúan en sociedad con las fuerzas de seguridad, sectores del poder judicial y del poder político y banqueros que lavan dinero.

Te puede interesar: Drogas: historia de su uso y prohibición

Por el fin de la militarización y por la legalización de las drogas

Para atender las causas de fondo de la violencia estructural que se vive en México, y quitar poder a los cárteles, una medida fundamental es la legalización integral de las drogas, junto con el desarrollo y puesta en marcha de un plan integral de salud para quienes tienen un consumo problemático de las sustancias psicoactivas. De la mano de esto es necesario terminar con la militarización, que ha dejado el saldo nefasto de más de 350 mil muertos entre 2007 y junio de 2021, 93 mil desapariciones forzadas, el auge del feminicidio y desplazamientos forzados.

Hay que acabar con la injerencia estadounidense en el país, debe prohibirse la operación de sus agencias de inmediato y luchar por la ruptura de todos aquellos pactos y acuerdos ‒militares, económicos políticos y en materia de seguridad‒ que subordinan al país al imperialismo estadounidense y sus empresas trasnacionales.

Estas medidas ‒que representan una perspectiva alternativa a la orientación sostenida por el gobierno de la Cuarta Transformación‒ no serán regalo de ninguna administración. Para imponerlas es necesario impulsar un amplio movimiento democrático integrado por la clase trabajadora, la juventud y los sectores populares, así como organismos de derechos humanos, organizaciones sindicales y políticas, que sea independiente del gobierno y de todos los partidos del congreso, y que levante una perspectiva clara ante la militarización y la opresión imperialista.