Decenas de personas migrantes están retenidas e incomunicadas en cuarteles de la Policía de Investigaciones y en residencias sanitarias en Arica e Iquique para ser expulsadas este domingo 25 de abril.
Sábado 24 de abril de 2021
El pasado viernes 23 de abril, más de 30 personas extranjeras fueron notificadas que serán expulsadas del territorio chileno. Se trata de personas venezolanas que entraron por pasos no habilitados, muchas de ellas tienen arraigo y vínculos familiares en Chile. Al igual que en procedimientos de expulsión anteriores ejecutados por el gobierno, esta acción tiene características de expulsiones colectivas ilegales y arbitrarias, tanto dentro de la normativa interna como la normativa internacional de derechos humanos, no cumpliendo garantías de debido proceso y derecho a defensa.
Una veintena de esas personas migrantes se encuentran en residencias sanitarias del Estadio Cavancha de la ciudad de Iquique, y señalan que fueron engañadas para firmar autodenuncias para que se procediera a su proceso de regularización, pero en lugar de ello se les informó de sus órdenes de expulsión estando retenidas en este centro habilitado con fines sanitarios, reteniéndose también sus documentos de identidad y sus teléfonos celulares, al igual como sucedió con quienes están en los cuarteles de la policía. Todas las personas quedaron incomunicadas. Y se les notificó que serán deportados este domingo 25 de abril.
Otras personas de las ciudades de Calama y Arica se encuentran en la misma situación de estar notificadas de estos procesos de expulsión sin ser informados ni resguardarles el derecho de recurrir a defensa.
Profesionales de distintas organizaciones de asistencia jurídica a personas migrantes en Chile presentaron recursos de amparo en nombre de 31 personas venezolanas ante la Corte de Apelaciones de Arica, aduciendo que se les detuvo por un tiempo que excede el plazo legal de 24 horas, y que les pusieron obstáculos para que puedan ser representadas judicialmente; ambas actuaciones constituyen una grave vulneración a su derecho a la libertad personal y a contar con defensa frente a una medida de expulsión, derechos consagrados en la Constitución Política de Chile.
