OPINIÓN. Inmobiliarias populares: ¿solucionan el problema de la vivienda?

Cuando a inicios de esta semana el alcalde de recoleta Daniel Jadue anunció la creación de una “inmobiliaria popular” en su comuna, inmediatamente llamó la atención de la opinión pública.

Y es que el anuncio de una inmobiliaria dependiente del Municipio se suma a otras iniciativas del mismo tipo que Jadue ha llevado adelante: comenzó con las farmacias, luego ópticas y ahora una inmobiliaria.

Dicho anuncio ha sido bien visto en general debido a que abre las puertas para mejorar las condiciones de vida de un número determinado de familias que actualmente vive en condiciones de hacinamiento o que, a pesar de estar activos en el mercado laboral, están impedidos de acceder a viviendas debido a lo bajo de los sueldos en Chile.

A pesar de las simpatías que despierta dicho proyecto, de conjunto el modelo de “vivienda transitoria” no representa una solución, ni siquiera “transitoria” para esas familias. Esto debido a que la idea de “condominios municipales” se basa en una primicia que ha manifestado ampliamente el arquitecto a cargo del proyecto, Jorge Sabbagh.

Movilidad o estabilidad

En entrevistas dadas a varios medios, el mencionado arquitecto ha sostenido que “el sueño de la casa definitiva hoy se ha roto. El tiempo de permanencia no dura más de cuatro años. La vivienda ya es como el auto o el trabajo, depende de la etapa de la vida en la que estás”, comenta el profesional. Es decir, las familias hoy no persiguen asentarse en un espacio definitivo, sino que van rotando en los lugares según la “movilidad social” se los permite.

Agregado a esto afirma que la idea es poder ampliar este modelo de vivienda social buscando activamente el aporte subsidiario que entrega el Estado a personas, pero esta vez a través de una municipalidad gracias a la existencia de una personalidad jurídica que se lo permite.

Pero lo que tanto, Sabbagh como Jadue, omiten es el hecho de que si hoy en Chile existe un fuerte déficit de viviendas no se debe solo a la falta de espacios para construir o al elevado costo de estas, sino a cómo el negocio de las inmobiliarias ha valorizado el uso de los suelos para la edificación en altura, pero devaluado el suelo para la compra de viviendas. Todo esto complementado con la especulación habitacional, donde grandes grupos han hecho negocios con pequeños departamentos que arriendan sin ningún tipo de escrúpulo.

Además de la especulación inmobiliaria, está el hecho de cómo ciertos barrios tradicionales han sido literalmente borrados por enormes torres que imposibilitan a los propietarios de casas aledañas a dichos edificios seguir viviendo con normalidad.
De todas maneras, lo que hay de conjunto es la falta de una planificación urbanística del conjunto de la ciudad, no solo de las comunas en el caso de Santiago, ya que mientras Recoleta, San Miguel o Estación Central se siguen saturando, las comunas de la zona oriente están llenas de espacios abiertos y áreas verdes, y la cantidad de metros cuadrados habitables sigue siendo infinitamente superior a las de las comunas de la zona poniente de la capital.

Esta diferencia no se debe al azar, sino a la planificación implícita que hacen tanto las inmobiliarias como las clases poseedoras, que propician la segregación urbana y consideran que las viviendas sociales o de sectores populares no deben convivir con las ellas.

Por otro lado, el argumento de lo "transitorio" que mencionaba el arquitecto Sabbagh no tiene ningún asidero en la realidad cotidiana de los sectores populares. Si hoy no hay estabilidad entre trabajadores precarios, no se debe, como decía Sabbagh, a que los trabajadores se tomen años sabáticos para ir a surfear, o deciden no optar a la vivienda propia porque el sueldo mínimo aumentó 7 mil pesos un año y pueden buscar un mejor arriendo. Eso puede ser para los sectores más acomodados, pero en un país donde la mitad de las y los trabajadores obtiene un salario inferior a los $300 mil, ese tipo de lujos no existen.

Qué hacer con la ausencia de viviendas

El problema de la vivienda para los más pobres ha sido una constante en el país; esto se debe a que el derecho a la vivienda no existe y el acceso a un hogar está en manos del mercado. De esta manera, son los empresarios los que ponen el valor al acceso al techo, así como las condiciones de este según cuanto se pueda pagar.

El Estado tampoco ha querido intervenir seriamente en esto. Durante los sucesivos gobiernos de la Concertación, hoy Nueva Mayoría, la “vivienda social” fue abordada en beneficio de las constructoras a cargo de dichos proyectos. Cabe recordar las célebres casas Copeva, Chubi u otros casos similares donde el negocio era más rentable que la calidad de vida de sus posteriores habitantes.

El intento de Jadue por construir estos conjuntos habitacionales “sociales” y transitorios pueden ser parches frente a un negocio como el negocio inmobiliario, pero mantiene el problema de la vivienda en manos del mercado.

En Chile no hay un claro déficit habitacional; día a día se construyen cientos de nuevos departamentos en las zonas privilegiadas, departamentos que equivalen muchas veces a decenas de viviendas donde vive la mayoría de la población. A esto hay que agregar el hecho de que empresarios, políticos o altos cargos ejecutivos de empresas, en algunos casos, son dueños de más de tres o cinco propiedades que no necesariamente habitan.

El problema en Chile, una vez más, no es la falta de viviendas, sino quién posee los recursos para pagarlas o acumularlas. Mientras no se cuestione este hecho y los privilegios que conlleva (como el poner el valor al suelo) no se podrá terminar con el negocio de las inmobiliarias. Se debe exigir el derecho a la vivienda digna, de acceso universal, y garantizada por el Estado; y si luego aseguran que falta financiamiento, entonces son las empresas inmobiliarias- que durante décadas se han enriquecido a costa del esfuerzo y endeudamiento de miles de familias trabajadoras- las que deben hacerse cargo de costear todo lo necesario, en base a impuestos.