La ONU y distintos organismos pro migrantes, nacionales e internacionales mostraron preocupación por expulsiones colectivas
Miércoles 9 de junio de 2021
La expulsión de migrantes este fin de semana no pasó desapercibida como al parecer quería el gobierno, ya que las Cortes de Justicia no funcionan los fines de semana, impidiendo que se presentarán recursos administrativos e incluso "personas que aún tenían pendiente la resolución por recursos de amparo" como señala un comunicado firmado por distintos organismos de la ONU.
La situación se da a menos de una semana de la Cuenta pública del gobierno y es parte de más de una docena de expulsiones programadas para 2021, y desde el gobierno salieron a responder por distintos medios justificando las expulsiones y generalizando las causas, algunas vinculadas a delitos y otras de carácter administrativo, siendo que aún no están del todo claras las causas.
Las críticas acusan que "no se respetó el debido proceso", como critican desde el servicio jesuita a migrantes tildando las expulsiones de "ilegales" porque "no tienen el debido proceso", "entonces cada caso no tiene el análisis con las medidas necesarias", criticando también que se haya realizado en fin de semana. Además detallan que 37 de los 56 casos corresponden a sanciones administrativas.
Además se constataron casos en los que separaron familias sin considerar a los niños al menos 3 casos de niños niñas y adolescentes que fueron separados de sus padres.
Desde el gobierno insistieron en que la expulsión se ajustó a derecho y que aún cuando la ONU recomendó no seguir con expulsiones masivas, estás se repetirían.
Este es el segundo vuelo de deportación de 15 programados para 2021.
Según cifras del servicio jesuita migrantes, en 2018 se expulsó a 43 venezolanos, mientras que en 2020 fueron 2231 personas, 97% por causas administrativas, como consigna una nota de CNN Chile.
Por otra parte, la Corte Suprema acogió un recurso de Amparo y dejó sin efecto la resolución que expulsaba a un venezolano, lo que no le gustó el Gobierno, ya que se estableció el "actuar arbitrario e ilegal de la autoridad al decretar la salida forzosa del territorio nacional en un proceso administrativo insuficiente y que le impediría al ciudadano extranjero ejercer sus derechos".
A pesar de los dichos del gobierno, entre los cuales también dijeron seguir las recomendaciones de la ONU, cuatro agencias de la ONU, entre ellas UNICEF, firmaron un documento en el que se pide "cumplir los tratados internacionales de Derechos Humanos" acusando además, que "habían recursos de amparo aún pendientes de resolución" y que "en algunos casos no se tuvo en consideración su situación humanitaria y vínculos familiares además recalcaron el derecho a una evaluación individual considerando el riesgo a la vida libertad e integridad".
Por otra parte el comunicado llama a diferenciar los tipos de expulsión porque "la combinación de perfiles puede producir un aumento en las manifestaciones de xenofobia" al "asociar a las personas expulsadas con la comisión de delitos".
Lo que no se está considerando en estas acusaciones, además de la xenofobia, es que las personas que migran, lo hacen buscando una oportunidad, y mientras los grandes empresarios aumentan sus ganancias, las condiciones, para nativos y extranjeros, son de miseria, sin derechos, pensiones de hambre, sin salud ni educación, sin vivienda, endeudados, etc. por eso insistimos en que la clase trabajadora no tenemos fronteras.
