Una serie de delitos de alta connotación social conmocionaron al puerto salitrero de Tocopilla, esto impulsó un debate de exigir el fortalecimiento de carabineros y la represión para responder a la delincuencia.
Lunes 20 de junio de 2022
Estas semanas en el puerto salitrero de Tocopilla se han vivido una serie de sucesos que han causado conmoción social, tanto por diversos casos de violencia en establecimientos educacionales, como ciertos delitos que han impactado a la comuna.
Esto ha generado un debate sobre cómo responder ante la delincuencia y a la sensación de inseguridad.
La solución más inmediata, por lo general, suele ser el fortalecimiento de Carabineros y la represión, es decir mayores recursos para las instituciones represivas y mayores castigos y penas.
Sin embargo, estas medidas obvian que el delito y la delincuencia son fenómenos que tienen un origen social. Es decir, que una sociedad en donde amplios sectores de la población viven precariedad, bajos salarios, desempleo, falta de vivienda, etc., se genera el caldo de cultivo para que aparezca el fenómeno delictivo.
Obviar la generación del delito como un fenómeno social implica reducir la responsabilidad del fenómeno en tan solo un individuo, el cual, presa de sus condiciones materiales, es depositario de todo el reproche social.
Esto deja libre de responsabilidad a un sistema que reproduce la pobreza a nivel general.
Sin empleo seguro y bien pagado, sin acceso a la educación, la juventud tocopillana tiene contado su destino: dejar la ciudad, ser esclavo de Ponce Lerou en SQM o ser esclavo del narco.
Adicionalmente, esta respuesta represiva tiene el correlato de fortalecer Carabineros, lo que no es otra cosa que aumentar sus recursos. Sin embargo, hoy por hoy, Carabineros, con el PacoGate, es la institución con el mayor record en desfalco de recursos públicos, destacando las importantes redes de corrupción que incluso la ligan a la venta de armas al narcotráfico, como lo anotó un reciente estudio de CIPER.
Esto no solo implica entregarle más recursos a una institución llena de corrupción, sinó que además implica fortalecer sus facultades para reprimir en impunidad. Lo peligroso de esto dice relación con el rol que jugó la policía durante el estallido social, cuando dicha institución mostró cuál es su verdadera función social, la de reprimir en nombre del orden público.
En tal sentido, el aumento de la represión y el discurso securitario solo pueden servir a una política autoritaria y de control social, y en perspectiva se volverá contra los sectores populares que salgan a luchar por mejorar sus condiciones de vida.
Así mismo, quienes son más propensos a sufrir abusos policiales no son los más ricos del país, sino que es la juventud, especialmente de los sectores populares, los más hostigados por la policía, por lo que tener policías con más facultades para reprimir abre la puerta a la comisión de mayores abusos.
La delincuencia es un fenómeno social, no es un producto de la bondad o maldad humana, no es esa moralidad la que motiva la comisión de un delito, sino que son las condiciones materiales en las que se desarrollan los individuos las que generan el caldo de cultivo de descomposición social a la que este sistema arroja a miles de pobres del país. En tal sentido, el fortalecer la represión, sólo busca perseguir y encarcelar a los pobres, que son quienes pueblan las cárceles mientras el gran delito (como los del caso Caval, caso Penta, Pacogate, Milicogate, entre otros) en su mayoría son castigados con penas favorables como multas bajas y clases de ética.
El discurso securitario, de mayor represión y mayores penas, esconde la verdadera inseguridad que viven la clase trabajadora y el pueblo pobre, la falta de acceso a la salud y a una vivienda digna, a educación de calidad, estas “inseguridades” quedan borradas de la opinión pública.
En tal sentido, esta no se va a acabar con mayores penas y más policías, hay que ir más allá del discurso “antidelincuencia” que esconde a los verdaderos responsables de la desigualdad social. Acabar con la delincuencia implica acabar con las condiciones materiales que le dan origen, esto significa tomar una serie de medidas urgentes para elevar el nivel de vida de la población.
Un paso en esto sería elevar los salarios al valor de la canasta básica para una familia, como así mismo la reducción de la jornada laboral de manera que esto permita tener más tiempo libre para las familias y para cultivar el arte, la cultura y el deporte, así mismo, junto a la reducción de la jornada, es necesario el reparto de las horas de trabajo entre ocupados y desocupados para que todos y todas puedan trabajar.
Así mismo, es necesario un plan de obras públicas que mejore los espacios para el arte, la cultura y el deporte, como así mismo la inmediata inyección de recursos en salud y educación pública. Este plan de obras públicas debiera financiarse mediante la renacionalización de las industrias estratégicas, partiendo por SQM, además de impuestos a las grandes riquezas y la expropiación de las fortunas del narco.
Otra medida urgente pasa por la legalización de la marihuana, de manera de acabar con el negocio del narco, el cual tiene otros crímenes asociados como el tráfico de armas, el tráfico de personas y el comercio sexual.
Un programa de este tipo sólo puede hacerse realidad si lo impulsan el conjunto de trabajadores y el pueblo, enfrentando a las instituciones y partidos responsables de la explotación y la miseria, en miras a un gobierno obrero que resuelva las demandas y apremios de la población.
