UNLP. Insólita denuncia de profesor facho a la perita Virginia Créimer por “calumnias e injurias”

Desde hace meses tramita en el Juzgado en lo Correccional 4 de La Plata una causa por presuntas “calumnias e injurias” ocasionadas por la médica forense Virginia Créimer en perjuicio de su colega Darío Amado, con quien compite en un concurso por el cargo de profesor adjunto de la cátedra de Deontología Médica y Medicina Legal de la Facultad de Medicina de la UNLP.

El motivo de la denuncia, según Amado, es la promoción por parte de Créimer de una serie de publicaciones periodísticas de varios medios, entre ellos La Izquierda Diario. Las notas datan de abril de 2021 e informan parte de la trayectoria del profesor, especialmente sus conductas como perito oficial en la causa por el crimen del reportero gráfico José Luis Cabezas, ocurrido en 1997 en General Madariaga.

Las consideraciones sobre la actuación de Amado en esa causa quedan en manos de Gladys Cabezas, hermana de José Luis, quien en diálogo con este diario acusó al perito de “tránsfuga”. De hecho, recordó que la familia tuvo que poner un perito de parte “porque este señor mentía siendo el perito oficial a cargo de analizar qué había pasado con José Luis”.

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Amado había sido convocado por el juez federal de Dolores José Luis Macchi para realizar la autopsia al cuerpo de Cabezas, pero tras conocer el informe del profesor, el juez ordenó una segunda autopsia y llamó a declarar a Amado para que explicara ciertas “irregularidades” y “errores” cometidos en su análisis forense, que el académico intentó justificar diciendo que eran producto de que había hecho la autopsia “cansado y a las apuradas”. “Es lamentable que este señor se postule a algo”, dijo a La Izquierda Diario la hermana del reportero asesinado.

Publicaciones inoportunas

Parece que a Amado lo enojó mucho la difusión de esa información, más aún por medios comprometidos con la defensa de los derechos humanos. Y culpa a esas inoportunas publicaciones de haberlo perjudicado en el concurso docente de la Facultad de Medicina. Justamente en ese concurso compite con su colega de la misma cátedra, docente en otras universidades y experimentada médica forense Virginia Créimer.

Algo de razón tiene Amado. Producto de esas publicaciones sobre su prontuario y para desgracia del profesor, sectores estudiantiles y docentes comenzaron a cuestionar la posibilidad de que siga escalando en la Facultad como si nada. La palabra de Gladys Cabezas llegó hasta las propias autoridades de Medicina, que en cuestión de horas decidieron suspender el concurso buscando morigerar el escándalo que empezaba a levantar temperatura. Hasta ahora la gestión de la casa de altos estudios no se expidió ni sobre el repudio a Amado ni sobre el destino del cargo de profesor adjunto de Deontología Médica y Medicina Legal (lo cuál también termina perjudicando a Créimer).

El doctor debió salir a buscar culpables de semejante desatino. Y terminó demandando penalmente por “calumnias e injurias” a su competidora en el concurso, acusándola de ser quien motorizó una campaña de desprestigio y difamación en su contra. La denuncia, radicada a mediados de 2021 en el juzgado que conduce la jueza Claudia Greco, responsabiliza a Créimer de tener “iguales líneas ideológicas” a las de los medios que, inoportunamente, difundieron (una parte de) su pasado.

En rigor, el profesor acusa a su colega de haber compartido links en sus redes sociales de publicaciones aparecidas en medios como El Diario Ar, Mirada Crítica, En Agenda, Ojos Vendados y La Izquierda Diario. Y como ubica esa información en la categoría de fake news, le adjudica a Créimer un intento deliberado de herir su honor, mancillar su buen nombre, esmerilar su sana trayectoria y varias ofensas más.

Un dato curioso es que Amado no menciona como parte de la campaña en su contra a la familia de José Luis Cabezas, toda vez que son la fuente original que lo caracteriza como tránsfuga y encubridor. Menos aún denuncia a las agrupaciones estudiantiles y a las y los docentes de la Facultad de Medicina que no dudan en catalogarlo de misógino, machista y facho. Sólo lo afecta que todo eso se publique periodísticamente y que haya usuaries de redes sociales que repliquen esos links.

Ante la consulta de por qué creen que Amado se enfoca para sus agresiones en Créimer, quienes defienden a la médica forense responden que “muchas veces las demandas pueden ser utilizadas como medios de coerción, otra forma de ejercer el dominio de la violencia”.

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Un tipo no tipificado

A mediados de febrero Créimer recibió un llamado del doctor Silvio García Azparren, abogado que trabaja con ella en la Consultora Pericial de Ciencias Forenses. Junto a Lucía Créimer, miembro también de la consultora, patrocinan legalmente a la perita que desde hace años trabaja en diversas causas al servicio de familiares de víctimas de la violencia y la represión de las instituciones del Estado. García Azparren la llamaba para avisarle que habían sido notificades de la denuncia penal de Amado.

El 7 de marzo Créimer, con el patrocinio de sus dos abogades, presentó ante la jueza Greco un escrito en el que rechaza las acusaciones del profesor. Allí explica las características que tiene en la jurisprudencia nacional e internacional la calificación de las “calumnias” e “injurias”. Y afirma que lo que denuncia Amado, según la Constitución y el Código Penal, no encuadra en un tipo penal (“falta de tipicidad en un ilícito”), es decir en una conducta que la ley entiende como antijurídica y que, como consecuencia, es pasible e aplicación de una pena.

“Para que una conducta sea típica debe estar prevista como delito en el Código Penal, y en este caso expresamente el Código Penal excluye como delito las calumnias e injurias cuando son cuestiones de interés público”, dicen a este diario fuentes que intervienen en el caso. Razonablemente, afirman que tanto la participación de Amado en causas judiciales como su disputa por un cargo en la universidad pública, son cuestiones de interés para la sociedad. Por eso la defensa de Créimer desestima la acusación, le pide a la jueza el “cierre definitivo de las actuaciones” y “condene al querellante con la sanción máxima correspondiente” por sus agravios.

A su vez Créimer deja constancia en el escrito los “agravios vertidos” por Amado en su denuncia, que según entienden ella y sus abogades, violan sus “derechos de libertad de expresión y de ideología, llegando a instancias de instar una acusación penal con el fin de desacreditar mi persona”. Es que para fundamentar su acusación por “calumnias e injurias” el profesor busca censurar las características de género u opciones ideológicas y hasta lingüísticas de Créimer (Amado aborrece el lenguaje inclusivo), algo que termina hablando más de él que de su supuesta atacante.

La Asociación de Docentes de la Universidad de La Plata (Adulp), al tomar conocimiento de la denuncia presentada por Amado, se presentó en el Decanato de la Facultad de Medicina y luego en la Prosecretaría de Derechos Humanos de esa casa de altos estudios para conocer el estado del concurso.

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Ataque artero

En su escrito presentado en el juzgado de Claudia Greco (al que pudo acceder este diario) la doctora Créimer agrega que hoy sufre una consecuencia directa de las acusaciones de Amado en su situación académica. Afirma que por su posición “profundamente discriminatoria, infundada y agresiva”, Amado la termina poniendo a ella “en una situación de vulnerabilidad”.

Porque además del ataque ideológico, Amado ataca “mi situación laboral actual, la cual se desarrolla en un ámbito hostil, siendo el docente a cargo de la cátedra de la cual hoy formo parte. Resulta ilógico entender que la suspensión del concurso ha sido producto de mis publicaciones y claramente en nada me beneficia, al contrario me coloca en una situación de total incertidumbre”, dice la médica y docente.

Hay un antecedente que convendría no soslayar. A fines de 2017, siendo jefe de trabajos prácticos de la cátedra, Amado le inició un sumario a Créimer por haber faltado una vez a dar clase. Ella sostiene que todo se trata de una persecución ideológica y que viene de antes.

El profesor se tomó casi un mes para responder al escrito de Créimer con uno propio. El martes 5 de abril ingresó al despacho de la jueza Greco un texto de ocho páginas en las que Amado copió y pegó varios párrafos de su denuncia original, a los que les agregó expresiones tales como “solicito el rechazo de los planteos de la Sra. Créimer y se fije audiencia de debate oral”.

Hasta ahora Greco, titular del Juzgado en lo Correccional 4 de La Plata, no notificó a las partes ninguna resolución a sus pedidos contrapuestos. Consultada por este diario sobre qué esperan que suceda, la abogada Lucía Créimer descartó ante todo que pueda prosperar una mediación o audiencia conciliatoria, sobre todo por “la situación laboral que Virginia está sufriendo al estar en relación de dependencia respecto de Amado, sumado al agravio que sufre de los dichos peyorativos de la demanda. En este terreno donde la violencia rige no puede juntarse a las partes a negociar”.

Por otro lado, la defensa pretende “que la jueza pueda entender que estamos ante un caso de interés público, no solo por ser una cuestión relacionada con un cargo público como es un cargo universitario y su concurso sino también la importancia de proteger y garantizar los derechos humanos los cuales obviamente son de interés público”.

Créimer y sus abogades quieren “que la Justicia obre con sentido común, perspectiva de derechos humanos y de género”. Entiende que, si así es, “la demanda debe ser rechazada y debería haber una llamada de atención respecto de los dichos” de Amado. “Cualquier otra respuesta sería extremadamente peligrosa y serviría para oficializar una persecución ideológica”, afirman.

Con defensores así…

Vale recordar un dato nada menor. Los abogados de Amado son Juan Pesquera y Christian Romano, de dilatada trayectoria y con una cartera de clientes peculiar. Entre ellos, el exjuez de La Plata César Melazo, detenido en Ezeiza desde el 24 de agosto de 2018 por comandar una “megabanda” de funcionarios, policías y barrabravas dedicada a todo tipo de delitos pesados.

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Romano también defendió (hasta donde pudo) al excomisario Luis Ponce, miembro de la patota de la Brigada de Investigaciones de La Plata que en septiembre de 1990 secuestró, torturó, mató e hizo desaparecer al albañil Andrés Núñez. El letrado acompañó al policía asesino hasta la máxima instancia judicial, con apelaciones y diversas maniobras dilatorias que buscaron rescatarlo de la cárcel, hasta que la lucha incansable de Mirna Gómez, la compañera de Núñez, obligó a la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires a confirmar, en abril de 2020, la condena a reclusión perpetua del policía.

El profesor Amado está en todo su derecho de elegir al “cuervo” con carnet que más le plazca. Sólo es un dato a modo de descripción. Dime quién te defiende y te diré a quién buscarás atacar.