El Consejo para la Transparencia (CPLT) estableció en febrero de este año, que Carabineros debe entregar copia de los registros de las cámaras corporales usadas en las detenciones de control y orden público, a lo que se niegan incluso recurriendo al Tribunal Constitucional.
Miércoles 16 de junio de 2021
Posterior a los casos de asesinato por parte de agentes del estado del comunero mapuche Camilo Catrillanca, del caso de quasi delito de homicidio perpetuado en contra de un menor de edad lanzado desde el puente Pio Nono al río Mapocho, o en el operativo en que resultó gravemente herida y sin visión Fabiola Campillay; las cámaras corporales, con una dedicación exclusiva de "prevenir el uso de violencia en procedimientos policiales”, siguen estando a la palestra.
El Consejo para la Transparencia (CPLT) estableció en febrero de este año, que Carabineros debe entregar copia de los registros de las cámaras corporales usadas en las detenciones de control y orden público,realizadas entre el 18 de octubre del 2019 y el 1 de marzo del 2020, para así dar cabida como prueba, a los videos que estas cámaras contienen.
Es así que al día de hoy la institución se he negado a dar copias de dichas cámaras a la CPLT aludiendo a la inconstitucionalidad del acto, incluso recurriendo al TC (Tribunal Constitucional) para que declare inaplicable la decisión del Consejo de Transparencia, acusando que “revelar sin más el contenido de las cámaras corporales al amparo de la norma cuestionada, implicaría preferir a todo evento la entrega de información no amparada por el artículo 8° de la constitución con total olvido de las causales reconocidas en esa disposición”.
No olvidemos que desde el inicio de la rebelión popular son 8.581 casos en total en los que está implicada la institución por violaciones a los DD.HH, entonces si tanteamos como medio de prueba empírica los videos de seguridad de las cámaras, estás deberían dar cuenta de cada uno de los casos.
Sabemos también que los millonarios desfalcos al fisco y casos de corrupción dentro de los altos mandos de Carabineros ya no son “casos aislados”, pues son parte ya del cotidiano de sus funcionarios, generándose así una total desconfianza por parte de la ciudadanía a cada acto en que esté involucrada una de las instituciones más desprestigiadas del país.
Indigna también que se hayan blindado por medio de leyes represivas (Ley Anti Protesta) a los funcionarios y funcionarias implicados en casos de delitos consumados y conocidos por la opinión pública, teniendo hasta el día de hoy privados de libertad a más de 2.500 presos políticos de la revuelta, que ven desvanecerse sus causas por la inoperancia de un sistema judicial burocrático amparado en leyes antidemocráticas, que criminalizan la protesta social y perpetúan las violaciones a los derechos humanos.
