Continuando con el debate de las políticas lanzadas desde la fracción asamblearia del Morena en el Distrito Federal, retomamos el debate con la “austeridad” que incluye la propuesta de incorporar a los miembros de la ALDF al ISSSTE.
Jueves 27 de agosto de 2015
César Cravioto, coordinador de la bancada por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) para la próxima legislatura, anunció como parte de su proyecto de “austeridad republicana” que los representantes en las cámaras deben dejar su servicio de salud privado y propone que se “incorporen al ISSSTE”.
En la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) los servicios de salud privados para los 66 asambleístas representan una erogación de diez millones de pesos anuales.
Mientras los gastos para mantener a los altos funcionarios públicos son alarmantes, no solo a nivel local sino nacional, las cifras sobre las condiciones de empleo en México indican situaciones alarmantes.
En el ámbito de acceso a la salud -retomado las cifras de Secretaría del Trabajo y Previsión Social del 2014- de los más de 33 millones 745 mil 691 asalariados, sólo el 49.3 por ciento se encuentran afiliados al IMSS, esto equivale únicamente a 16 millones 636 mil 625 mexicanos. Los diputados y legisladores constituyen una casta parasitaria del estado capitalista mexicano, y cuyos privilegios hay que atacar de forma radical.
Al problema del acceso salud se suman las inadecuadas condiciones que los servicios de salud públicos tienen, que hacen que el pueblo trabajador tenga que esperar extensos tiempos para ser atendidos, que no existan las medicinas o estudios necesarios y que el personal que trabaja en los centros tenga muchas veces extenuantes jornadas con bajos salarios que dificultan brindar la mejor atención.
Todos estos elementos son producto de la de su carácter parasitario de los altos funcionarios que controlan el sistema de salud y a los continuos golpes privatizadores que buscan hacer de la salud un gran negocio al servicio de los grandes empresarios.
En cuestión laboral la falta de acceso a la salud para los trabajadores solo es una parte de la progresiva precarización laboral, se suman a ella los bajos salarios, la falta de seguridad social, los despidos injustificados y el desempleo.
En este panorama es que los salarios y bonos de los funcionarios públicos y los legisladores es injustificable, además porque a ellos se agregan los múltiples escándalos de corrupción, -que han quedado impunes - y las políticas anti obreras que nuestros “representantes” aprueban para defender los intereses de los grandes capitales nacionales y extranjeros.
La lucha por la salud frente a la clase política
Es fundamental el cuestionamiento a los privilegios que la llamada clase política tiene a costa de las condiciones de millones de trabajadores, por ello que la propuesta lanzada por el Morena, sobre el abandono de la salud privada por los miembros del ALDF y demás medidas de “austeridad” generará expectativas para la población. Sin embargo, sabemos que la austeridad no basta para garantizar que la población tenga acceso universal y adecuado a la salud, ni para garantizar mayores recursos para educación, vivienda, cultura y demás necesidades apremiantes.
En otras latitudes, Argentina, han comenzado a abrirse paso la política electoral de la izquierda anticapitalista y socialista, con el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, en especial las acciones impulsadas por el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) que usan las dietas del estado para apoyar las luchas obreras al servicio de cuestionar el sistema estatal. Bajo la consigna que viene de la inspiración de la Comuna de Paris los diputados del PTS, como Christian Castillo, Nicolás del Caño y Raúl Godoy, impulsan la medida de que todo funcionario y diputado del Estado gane lo mismo que una maestra, lo que constituye un ataque frontal a la casta parasitaria del estado capitalista.
Esto es un ejemplo que trasciende fronteras; una medida de este tipo va mucho más allá de las reducciones de salarios y beneficios que propone el MORENA y que en ultima instancia significa mantener una parte de sus privilegios. Proponer que los funcionarios y legisladores no ganen ni un centavo más que una maestra (como levantamos desde La Izquierda Diario) pretende atacar radicalmente sus prebendas, en el camino de acabar con esta casta al servicio de los patrones y las trasnacionales.
Sin atacar los intereses de los grandes empresarios y enfrentar la subordinación del imperialismo las demandas de la población no podrán hacerse reales, por eso es necesario - a la par que luchamos para que todos ellos ganen lo mismo que una maestra común de educación básica o como un trabajador calificado- suspender de inmediato el pago de la deuda externa.
Esto a la par de imponer impuestos progresivos a los empresarios millonarios y poner las ramas estratégicas ( salud, petróleo, electricidad) bajo control de sus trabajadores. Pues sólo ellos podrán garantizar democráticamente la distribución del presupuesto acorde a las necesidades y eliminar la corrupción que ha sido la constante de los funcionarios y el charrismo sindical.
