Ante esto el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, calificó como “utensilios” a las armas incautadas en los domicilios de las y los imputados salvo por la submetralladora UZI. Sin embargo, Estos tipos de comentarios corresponden a la política de apoyar la represión a la clase trabajadora, ya que hay bastantes casos de personas detenidas en la revuelta donde no se han demostrado prueba alguna.
Sábado 28 de noviembre de 2020
El pasado jueves, personal de la PDI detuvo a 8 personas que realizaron amenazas de muerte contra la fiscal Centro Norte, Ximena Chong, quien está a cargo de la investigación del caso por homicidio frustrado realizado por un carabinero que empujó a un adolescente hacía el río Mapocho desde el puente Pío Nono el día 2 de octubre.
Estas personas son identificadas como: Gabriel Jara Vivanco, Daniel Goldberger Garcés, Solange Aravena Méndez, Paula Narváez Orrego, Osvaldo Urcola Díaz-Valdés, Benjamín Zaragoza Wotherspoon, Pablo Martínez Castro y Fernando Hasler Martínez.
Todas estas personas son integrantes de la organización de extrema derecha “La Vanguardia” y “Aún Tenemos Patria” (ATP), conocidas por liderar marchas por el “Rechazo”, estando escoltados por personal de la policía a pesar de los episodios de violencia protagonizados por los mismos asistentes de la marcha a favor de la constitución de Pinochet.
PDI realizó allanamiento a 8 domicilios, en 5 comunas (Las Condes, Lo Barnechea, Ñuñoa, Quinta Normal y La Cisterna) y allí se incautaron: cascos, escudos, chalecos antibalas con el logo de Patria y Libertad ( Agrupación de extrema derecha que se fundó durante el período de Salvador Allende liderada por Jaime Guzman y que se caracterizaba por realizar prácticas similares. Tiempo después Guzmán funda la UDI) y armas de fuego en la que se destaca la submetralladora UZI, que es considerada como un armamento de guerra.
Ante esto el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, calificó como “utensilios” a las armas incautadas en los domicilios de las y los imputados salvo por la submetralladora UZI “ que está prohibida” y por esto se realizará una querella contra el propietario de esta arma.
Estos tipos de comentarios corresponden a la política de apoyar la represión a la clase trabajadora, ya que hay bastantes casos de personas detenidas en la revuelta donde no se han demostrado prueba alguna y también ha quedado en evidencia las diversas irregularidades en la institución policial como la realización de montajes o las detenciones ilegales, apoyadas por el gobierno. En este caso, queda en evidencia cuando se minimiza la utilización de armas realizadas por personas que apoyan a carabineros y que realizan amenazas de muerte no solo a la fiscal Chong, también al fiscal nacional Jorge Abbott, hacía el pueblo mapuche y al Partido Comunista, según lo informado por la PDI.
Un día después de la detención, la jueza del Tribunal, Tatiana Escobar, decretó prisión preventiva a Pablo Martínez Castro por el delito de tenencia de armas prohibidas. El resto de las personas quedaron con medida de firma mensual y prohibición de acercarse a la víctima y a su familia, argumentando la actitud “intachable” de los imputados y afirmó que “Esto no es un hecho aislado y circunstancial. Aquí hay una planificación y estamos investigando si están relacionados con otras amenazas”. Hay un plazo de 90 días de investigación.
Por otro lado, el Ministro del Interior Rodrigo Delgado, aseguró que "cualquier amenaza a una autoridad que tenga que tomar una decisión relevante, no solo atenta contra la persona sino también contra la democracia". Sin embargo, la estrategia del gobierno queda reflejada en la aplicación de "Ley de seguridad del Interior del Estado" a quienes lideraban manifestaciones a la revuelta, pero no para quienes atenta contra la vida como el caso de la fiscal Chong y a su familia, considerando que quienes amenazaron son respaldados por carabineros en sus manifestaciones.
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