La campaña represiva contra los titiriteros detenidos por interpretar una obra teatral sigue en marcha. Los abogados piden que se excluyan sus ficheros del régimen FIES.
Jueves 17 de marzo de 2016
Foto: EFE
Raúl García y Alfonso Lázaro, los dos titiriteros de la compañía ‘Títeres desde abajo’ denunciados por el Ayuntamiento de Manuela Carmena y la Fiscalía y puestos en prisión provisional durante cinco días por supuestos delitos de enaltecimiento del terrorismo entre otros, siguen siendo, a día de hoy, objeto de la campaña represiva contra la libertad de expresión lanzada por el Gobierno y las instituciones más retrógradas.
Como ejemplo de esta criminalización a la que son sometidos, el juez de instrucción Ismael Moreno, ordenó hasta la semana pasada que ambos tenían que personarse a diario en los juzgados más próximos. Ahora, desde la Audiencia Nacional, la presencia de los dos jóvenes “solo es necesaria” una vez al mes en un caso y quincenalmente en el otro.
Sin embargo, siguen teniendo prohibido salir del país y tienen los pasaportes confiscados. Pero lo más desproporcionado, y que señala claramente a los titiriteros como uno de los paradigmas de esta escalada represiva, es que tanto Raúl como Alfonso mantienen sus ficheros en régimen FIES por orden de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, a la espera de juicio.
El régimen FIES implica un mayor control y vigilancia del preso para obtener información. Las medidas utilizadas en este régimen son consideradas como "tortura blanca" por organizaciones de derechos humanos como la misma Amnistía Internaqcional. Causan un intenso sufrimiento y deterioro del interno, y es común aplicarlo como medida de castigo contra presos políticos, como es el caso del jóven Alfon, en este régimen desde su entrada en prisión.
Los abogados de los dos titiriteros demandan que el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria anule la resolución incluida cuando entraron en prisión, controlando así todas sus comunicaciones. En su defensa señalan que ninguno de los dos está siendo investigado por delito de terrorismo ni colaboración con banda armada. Además, denuncian que si los dos jóvenes volvieran a entrar en prisión, automáticamente serián internados en este régimen.
Por su parte, el Ministro de Interior en funciones, Fernández Díaz, señaló que no sabía si se había hecho una vigilancia especial sobre los titiriteros. En las misma declaración hizo gala de una fanfarronería digna del franquismo señalando que en las prisiones españolas hay más de 60.000 personas que cumplen condena o están en prisión preventiva.
Sin duda, este caso es fiel reflejo de la política de persecución y criminalización de la libertad de expresión de los últimos años y más desde la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Ciudadana, tratando de construir un enemigo contra el cual justificar su política represiva y así salvaguardar los intereses capitalistas.
Una cruzada represiva a la que, en este caso, se sumó desde el primer momento el Ayuntamiento de Ahora Madrid, con Manuela Carmena a la cabeza, utilizando los recursos represivos del Estado capitalista contra artistas críticos que ponen su arte al servicio de la denuncia del orden establecido.
