Lo denunciaron médicos y trabajadores de la salud de la provincia. Actualmente la internación en el sector público es a personas sin obra social y el resto de las personas tienen que hacerlo en el sector privado. Pagan los platos rotos miles de trabajadores como los estatales que tienen ISJ pero se ven obligados a pagar coseguros entre $3000 y $7000 por día para internación. Política del gobierno donde ganan las clínicas.
Natalia Morales Diputada provincial PTS-FIT, Jujuy | @NatuchaMorales
Sábado 24 de abril de 2021 12:11
La situación de la provincia ante los casos de covid-19 cada día que pasa es más preocupante. La curva sigue creciendo, se testea menos de lo recomendado por la OMS, y Jujuy tiene una tasa de letalidad que duplica la media nacional, entre otras variables nada buenas.
Como vienen denunciando esenciales de la salud en conferencia de prensa y movilizaciones, el sistema sanitario tampoco se ha fortalecido y ya empiezan a verse las consecuencias. Hospitales que se inundan como el Oscar Orías que funciona en un 30% de su capacidad, o los que se saturan como el Salvador Mazza de Tilcara porque sólo cuenta con 8 camas, y ni hablar las precarias condiciones laborales de quienes no dejaron de estar en la primera línea, y que además son perseguidos y sancionados.
¿Y qué pasa con los pacientes?
Actualmente el Hospital San Roque es el nosocomio destinado para recibir casos de internación de coronavirus de toda la provincia, aunque solamente lo hacen para quienes no cuentan con obra social que es alrededor de un 46% de la población. La otra mitad tienen que acudir obligatoriamente al sistema privado para la atención de la salud.
En el caso de las y los estatales de la provincia, cuentan con la obra social del Estado, el Instituto de Seguros de Jujuy, que establece en las resoluciones 142-ISJ-D-2020 de fines del mes de julio del 2020, la cobertura de módulos de atención de covid-19 que incluye: Aislamiento y Diagnóstico de Baja Complejidad para COVID-19. - Cuidados Críticos sin asistencia respiratoria para COVID-19. - Cuidados Críticos con asistencia respiratoria mecánica para COVID-19. - Test Elisa o comúnmente llamado "Test Rápido". - Test de Hisopado PCR.
Sin embargo, desde la Organización de Consumidores y Usuarios de Jujuy dieron cuenta durante el 2020 la falta de cobertura y las contradicciones respecto a la cobertura de la principal obra social de la provincia. La abogada Alicia Chalabe mencionó que a nivel nacional existe una resolución nro 360 que establece módulos de reintegro y un fondo de emergencia para que las obras sociales nacionales cubran diagnóstico y tratamiento, sin embargo, no queda clara la situación con el ISJ. Peor aún, la obra social en un nomenclador interno, vulnera la resolución 142, donde exceptúan el análisis del hisopado, medicación específica y laboratorio de alta complejidad.
Si no pagás, no te internan
Como afirman lxs esenciales de la salud de la provincia, los pacientes que necesitan internación en el sector privado ante el diagnóstico de covid-19 terminan pagando coseguros que van desde los 3 mil a 7 mil pesos por día, para el ingreso y según el nivel de atención que necesitan. Por ejemplo, como sucede en muchos casos, un paciente internado 7 días paga entre 21 mil hasta 49 mil pesos por mes, equivalente a uno o más sueldos completos.
«"yo lo tengo a mi viejo internado todavía hace un mes y medio, y 3000 todos los días... (trabajador de la salud)"»
¿Y cómo se vive?
Silvia, delegada de ATE que también afirmó que te cobran 800 pesos si un afiliado al ISJ se realiza un test de coronavirus, y no contemplan la cobertura a casos sospechosos con síntomas, cuando en otras obras sociales de provincias como la de Buenos Aires cubre el 100%.
En Jujuy no es pública la información en relación a la cobertura en el sector privado, y es el gobierno provincial de Gerardo Morales, avala y promueva la privatización no sólo de la vacunación, sino también del testeo y el tratamiento del covid-19, quitándose de responsabilidad, generando ganancias para el sector privado, entre los que se encuentra el presidente del PJ, el legislador Rubén Rivarola (dueño de la Clínica Fátima), y descargando el costo de la atención de la salud a las y los pacientes, la mayoría trabajadores que cuentan con obra social.
A esta crítica situación para las mayorías (y negocios para unos pocos) contribuye el recorte en el presupuesto público de salud en al menos un 30% para este año, el cual fue dispuesto por el Gobierno provincial y aprobado con el voto del bloque oficialista y del PJ en la Legislatura.
¿Cómo puede ser que unos pocos definan ajustar los fondos de salud en plena pandemia?
Desde las bancas del PTS FIT sostenemos que la salud no puede ser un negocio de empresarios de clínicas y de las obras sociales. Afirmamos que es urgente la centralización del sistema sanitario poniendo todos los recursos a disposición de la pandemia, organizado por los trabajadores y especialistas.
La salud es un derecho y tiene que ser gratuita, por eso planteamos la eliminación y cobro de coseguros y la cobertura del 100% de las obras sociales. También la declaración de utilidad pública de laboratorios que realizan tests como los que fabrican principios activos y vacunas para que toda la población tenga acceso inmediato a la vacunación, como así también poner los recursos productivos y declarar de utilidad pública, la producción de alcohol para alcohol en gel, o Aceros Zapla para la producción de tubos con oxígeno y elementos quirúrgicos.
Estas iniciativas de Ley las presentamos desde el PTS FIT en la Legislatura de Jujuy el año pasado al inicio de la pandemia y así como lo hicimos, volvemos a exigir su inmediato tratamiento. Aún estamos a tiempo de enfrentar la segunda ola ampliando toda la capacidad de infraestructura y recursos humanos para defender la vida de la población.
