Massoni justificó el accionar del GEOP y las fuerzas de seguridad. Las denuncias de familiares y organismos de derechos humanos sobre el asesinato de Tino John el pasado 27 de mayo, fueron ignoradas. Un show de oficialistas y opositores en la Legislatura.
Martes 8 de junio de 2021 16:00
El ministro eludió responder la pregunta sobre el protocolo especial a seguir en caso de situaciones con personas con problemas psicológicos, diciendo que Chubut no adhirió a dicho protocolo y que solo rige para fuerzas federales. Reiteró que el grupo especializado para estos casos es el GEOP y destacó que desde el hospital de El Hoyo no se realizó ninguna intervención ya que “el director no atendió el teléfono”, ni tampoco desde el ministerio de salud.
“En ese momento, cuando se está disparando, no” dijo Massoni ante la interpelación de la diputada Lloyd Jones (FDT) sobre la falta de asistencia de personal capacitado de salud y el conocimiento previo explicitado luego por el ministro de que John tenía problemas psiquiátricos. Según el ministro, el GEOP és “personal altamente capacitado”. Resulta evidente que John disparó, según el propio relato del ministro, sólo ante la irrupción en su hogar de un grupo de efectivos armados ¿No podía encararse de otro modo previo a la intervención de un grupo especializado en intervenciones violentas?
Massoni se excusó responsabilizando a la familia. “Esta persona se encontraba con sus dos hijos mayores y su pareja, que no intervinieron previo a este hecho”, dijo Massoni “la pareja entorpeció el procedimiento” y “colaboró con la persona con problemas mentales”. “Cinco años de saber que tenía problemas mentales y la familia no hizo nada por sacarle las armas de fuego” agregó a la vez que puso en duda la veracidad de esta condición de John al aseverar que “aún no hay constancia de ello” ¿Entonces porque aseguró que el GEOP pidió asistencia a personal de salud mental?
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Luego, describiendo un escenario en el cual John habría desplegado un sistema de trincheras para parapetarse con ubicaciones estratégicas de armas para resistir, habló de la necesidad de “utilizar el factor sorpresa” para “neutralizar la amenaza”, ante lo cual un escudero del GEOP, luego de arrojadas granadas de estruendo y gas, disparó con su pistola reglamentaria causando la muerte de Tino. Lo cierto es que el relato de Claudia, la pareja de John, y del ayudante que el propio Massoni citó, muestran que la víctima se encontraba trabajando y se asustó ante la irrupción del personal policial.
Massoni habló de supuesto “informe del mediador”, que no podía mostrarse pues se encuentra en la causa. Enumero a continuación los cinco pasos a seguir por la fuerza especial en casos de “amenaza” de los cuales el último es la utilización de armas de fuego, de los cuales al parecer se saltaron los primeros cuatro.
“Es irresponsable hablar de fusilamiento” dijo respecto a la declaración del intendente local Rolando Huisman, y “no se puede decir que se amordazó a la pareja, como dijo el presidente de DDHH” en referencia a la APDH. El ministro parece más propenso a eufemismos como “neutralizar la amenaza” u otros de la terminología militar. Asimismo, “precintar” a la pareja de John durante más de una hora mientras lo ultimaban en la misma casa sin informarle de la situación, parece ser un procedimiento dentro de lo habitual.
Finalmente declaró “no tenemos un protocolo de intervención, pero a partir de este hecho vamos a tenerlo” reveló en una verdadera confesión de partes. Y luego llamó a “no politizar” el hecho, delegando la responsabilidad del trágico desenlace en el fiscal interviniente, Carlos Diaz Mayer actualmente a cargo de la investigación, por orden del juez Ricardo Rolon.
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Massoni, ante la interpelación de qué protocolo habían aplicado ante la falta de uno específico, se limitó a hablar de la experiencia acumulada por la fuerza, a lo que cedió la palabra al sub jefe de la Policia de Chubut para ejemplificar.
Nestor Gomez Ocampo habló del caso “Mai” Bustos en Corcovado para ejemplificar como no apelar al GEOP puede generar “un desenlace muy grave”. En el intento de detener a Bustos en 2009, la Policía de Corcovado mató a uno de sus hermanos e hirió a otros dos dejando a uno de ellos parapléjico. Bustos escapó y la muerte de un oficial implicó la posterior intervención del GEOP, ilustra el accionar criminal de la fuerza “especializada”.
De hecho el Subcomisario habló en la interpelación al ministro de que en aquella oportunidad hubo una toma de rehenes en la cual resultó muerto un hermano de Bustos, lo cual contradice los hechos investigados.
Entre el 8 y el 27 de marzo de ese año, el GEOP estableció un virtual Estado de sitio en la localidad “No hay dudas de que es un atentado contra los derechos humanos de la población. Pero al ser el Estado el que atentó violentamente, de manera sistemática, con un objetivo claro y contra el conjunto de la población civil, los hechos se convierten en delitos de lesa humanidad” sostuvo el Fiscal Zacchino en diciembre de 2009. Al menos se registraron 16 denuncias de abusos y torturas por parte del GEOP para dar con el paradero del prófugo.
La presencia de Massoni en la Legislatura, finalmente, no tuvo mayores sobresaltos. Nadie incomodó al ministro con repreguntas que lo pusieran contra las cuerdas, ni se solicitó su apartamiento del cargo. Pareciera que para la oposición se trataba de “hacer como si” le preocupara en algo la impunidad de las fuerzas represivas del Estado provincial, algo que claramente no sucedió con respecto al ilegal desalojo de la ruta 3 o la violencia desplegada por la fuerza desde el comienzo de la pandemia.
Claramente, el “show” estaba en función de mostrar las “diferencias” entre el sector opositor y oficialista del PJ provincial de cara a las elecciones. Un primer acercamiento a la interna que se profundizará y en la cual el asesinato de Tino John, solo cumple un rol secundario, como la vida de los cientos de víctimas de gatillo fácil invisibilizadas por los partidos mayoritarios en pos del orden y el discurso de mano dura.
A ambos lados de la grieta hay “Massonis” y nadie quiere sacar los pies del plato dando el debate de como el reforzamiento del rol represivo de las fuerzas desde el inicio de la pandemia es responsabilidad compartida por el gobierno nacional y los gobernadores. Desde Berni pidiendo la baja de edad de imputabilidad, hasta Alicia Kirchner, Gildo Insfran, Manzur o Gerardo Morales reprimiendo las protestas sociales, los partidos mayoritarios demuestran que el rol represivo de la fuerzas está en función de bancar el ajuste y el saqueo.
Como ministra de seguridad de Macri Patricia Bullrich, ante la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado, había declarado “no voy a tirar a ningún gendarme por la ventana” porque “necesito a esta fuerza para la tarea de fondo de este gobierno”. Parece que todo ajuste sólo cierra con represión, y el peronismo lo sabe.
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Arcioni y Massoni, de hecho, no hacen más que reafirmar con su política la adhesión a la doctrina Chocobar impuesta por la exministra en 2018. El protocolo de uso de armas de fuego puesto en marcha en noviembre pasado, así lo demuestra. Que la oposición peronista no haya hecho la más mínima mención al mismo en la sesión de hoy, sino que apelaron a resolver todo mediante la protocolización del accionar represivo, también.
