El día miércoles 2 de mayo se efectuó una interpelación al ministro de salud del actual gobierno, Emilio Santelices, de parte de la diputada del Partido Radical Marcela Hernando. La interpelación fue promovida por los diputados de la oposición que manifestaron su rechazo al nuevo protocolo que regula la implementación de la ley de aborto en tres causales.
Taide Zaror Técnico en enfermería
Sábado 5 de mayo de 2018
Las modificaciones permiten que no solamente el equipo de salud dentro de un pabellón quirúrgico se declaren objetores de conciencia, sino que cualquier funcionario y hasta cualquiera vinculado a la institución (comercialmente también). Y esto se extiende a aquellos establecimientos que prestan servicios públicos (vía DFL 36). Como lo acataron la Clínica de la UC, el Hospital Parroquial de San Bernardo o el de Panguipulli.
Tal implementación trae como consecuencia que las mujeres que requieran hacer uso de la ley acogiéndose a alguna de las 3 causales, no puedan realizarlo en estas instituciones de salud. Ante esta aplanadora sobre los derechos mínimos de dignidad de las mujeres, Santelices replicó que ellos efectivamente modificaron el protocolo para resguardar la atención de salud de 1.200.000 personas.
Con lo que pretende convencer al auditorio, es que de mantenerse el reglamento anterior estas instituciones no iban a recibir más recursos si eran objetoras. Pero lo que realmente encubre su discurso es que ante la presión moral de estas instituciones, optó por la vía de mantener los recursos para las demás prestaciones que dan los privados antes que asegurar que estas realizaran los abortos. Y desde este punto de vista continuar con el desangre paulatino pero constante de recursos públicos a través de la modalidad de compra de servicios hacia los privados anulando la decisión y el derecho de una mujer sobre su propio cuerpo.
Es decir, sobre la crisis histórica de la salud pública, se sigue prefiriendo el sustento privado que se aprovecha de esta; y el estado no se hace cargo de la salud pública en tanto que no afecta las ganancias de los privados atentando con un tono machista y patriarcal por parte del mismo. Así llama la atención, como lo señaló el diputado Juan Luis Castro, el caso de Osorno todos los médicos del sector privado se declararon objetores de conciencia pero son los mismos que trabajan en el sector público. Anulando la opción a abortar.
Nada nuevo bajo el sol, ya que tanto el ministro como la parlamentaria de la ex nueva mayoría se esforzaron por no ahondar en la temática, visualizando el show montado y utilizando la tribuna parlamentaria para denostarse, sin entregar ninguna solución real a los problemas de salud de la población. Mientras las Isapres aumentaron su rentabilidad en un 40% en relación al año anterior.
Todo esto en un escenario en que se proyecta un ajuste de más de 4 mil millones de dólares en el fisco en el período de su gobierno, que podrían afectar el sector público de salud. Con un ministro que ha sido accionista de la CLC (de las mayores beneficiadas por el traspaso público-privado) y que se maneja en el mundo de los seguros privados de salud, no nos sorprendería que la crisis histórica del sector se canalice hacia la mayor ganancia y mayores oferta del sector privado.
El movimiento de mujeres en conjunto con la clase que sufre estas crisis y estas manipulaciones morales y mercantiles de la salud, debemos avanzar a fortalecer la defensa de nuestros derechos como mujeres y trabajadoras, de la mano de la organización y presión desde las movilizaciones por un aborto libre, seguro, gratuito y asegurado en cualquier institución de salud del país.
