Lo afirmó en un escrito ante el juez Rodolfo Canicoba Corral. Historial de un dirigente burocrático, amigo de gobiernos y patrones.
Martes 5 de julio de 2016
Omar ´´Caballo´´ Suarez, ex secretario general del SOMU (Sindicato de Obreros Marítimos Unidos), afirmó no haber integrado una asociación ilícita en la causa que derivó en la intervención del gremio por parte de una diputada del PRO.
En el día de ayer el sindicalista marítimo Omar “Caballo” Suárez se negó a declarar y presentó un escrito ante el juez Rodolfo Canicoba Corral, quien lo tiene como imputado en la causa acusado por asociación ilícita, que derivó en la intervención del SOMU.
En el escrito afirmó: "Niego de manera enfática y categórica que en ocasión del desarrollo de mis actividades gremiales haya cometido acto alguno que pueda ser calificado como infiel o abusivo en relación a la administración que me fue confiada del patrimonio del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos y/o de la Obra Social del Personal Marítimo"
La intervención del SOMU fue ordenada por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, que investiga al gremio, y sobre todo a Suárez, por bloquear los puertos, extorsionar a empresarios y por una serie de maniobras supuestamente ilícitas.
El juez consideró a Suárez "un peligro" para el gremio y justificó la intervención "a efectos de evitar la comisión de otros ilícitos". Sin éxito, la tropa que responde a "el Caballo" apeló la decisión y presentó una queja ante el Ministro de Trabajo, Jorge Triaca.
La comisión interventora del SOMU estuvo integrada en un principio por Santiago Viola (designado por el juez), Jorge Alonso (por el ministro Triaca) y Gladys González (por el Poder Ejecutivo). Alonso tiene experiencia en intervenciones gremiales: hace casi cinco años ocupó ese rol en el Sindicato de Ladrilleros. En tanto, González, que es diputada nacional de PRO, carece de experiencia en el rubro, a pesar de ser la voz de Mauricio Macri, y recibió críticas por seguir cobrando como diputada y a la vez otro sueldo como interventora. Según dicen fuentes del gobierno, la diputada está puesta allí para cumplir el deseo del presidente de llevar preso al sindicalista como caso testigo y para mantener a raya a los otros popes del sindicalismo argentino.
La intervención no tiene injerencia en la obra social, una de las cajas más jugosas del gremio con 23.599 afiliados, donde Canicoba Corral ubicó allí a Ramiro Tejada y Pablo Garrido. Según denuncian afiliados al gremio, Tejada es nada más y nada menos que el cuñado de Canicoba Corral, maneja una caja, aproximada, de 600 millones de pesos anuales y se encuentra sin realizar prestaciones en pacientes de enfermedades complejas.
El SOMU fue uno de los gremios fieles al anterior gobierno. Su secretario general el “Caballo” Suárez uno de los preferidos de Cristina, según ella dijo tras el viaje a Angola, donde una delegación encabezada por Guillermo Moreno junto a el sindicalista marítimo y empresarios, fueron a “llevar productos argentinos” en el barco de bandera nacional Maruba.
Oriundo de la ciudad correntina de Monte Caseros (Corrientes), junto al Río Uruguay, curiosamente no se le conoce trabajo alguno como marítimo. Llegó al SOMU como chofer del secretario general y no con el voto sino por la fuerza de las patotas. Allí estuvo en el poder desde hace 27 años, pasando de menemista confeso a ser considerado el “Moyano de las aguas” e incrementando influencia con Néstor Kirchner, de la mano de su amigo, el Ministro de Planificación Julio De Vido. Prestó el servicio de sus patotas en el 2007 contra la lucha de los trabajadores despedidos del casino flotante de Puerto Madero. Fue fiel a su caballito de batalla: “todo lo que flota es mío”, actuando en común con el empresario kirchnerista Cristóbal López y la Prefectura, dejando en la calle a cientos de trabajadores.
Con los años, sus ganancias fueron en progreso. Como la estancia de 17.000 hectáreas que posee en la Península de Valdez a nombre del sindicato, que ningún trabajador la puede disfrutar. Según el Caballo, “porque queda muy lejos”.
Suárez dirigía la naviera Maruba a través de su sobrino, que fue el presidente gracias a los 40 millones de dólares que, como adelanto, fueron otorgados por la Nación a Mercante S.A (Sociedad que administra la naviera) en el 2013.
Además, a través de familiares, testaferros y la Fundación Azul, tiene empresas subsidiarias del negocio marítimo, como San Jorge Marítima, Aero Space Cargos S.A. (a cargo de su esposa), Naves Marinas Argentinas y Malonot, una empresa de limpieza que le presta servicios al SOMU y en donde la hijastra de Omar Suárez era directora. Está denunciado por extorsión en beneficio de estas empresas.
Mientras tanto, en el medio de la disputa por quién se quedará timoneando los negocios marítimos, muchos embarcados se encuentran sin convenio, navegando el Río Paraná por meses sin pisar tierra, los pescadores del sur siguen arriesgando su vida y los amarradores de puertos provinciales ni siquiera llegan a un salario acorde.
