El gobierno lanzó en las últimas semanas una serie de inspecciones, en algunos casos con intervenciones: UATRE, Ladrilleros, Gas, Taxis, Panaderos. ¿Qué hay detrás de este avance? ¿Por qué la CGT está en silencio? ¿Qué hacer con las obras sociales?
Lucho Aguilar @Lucho_Aguilar2
Miércoles 14 de agosto 11:07
En los últimos días la gestión “libertaria” ha lanzado una serie de operativos. Camionetas con inspectores llegan a las sedes de algunas obras sociales gremiales y se presentan a hacer “una investigación” sobre la administración de las mismas. Te contamos quiénes están detrás de la movida, los supuestos motivos, la posición de la CGT y la de la izquierda.
1. ¿Quién vigila? Zorros en el gallinero
Las auditorías están a cargo de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS). El modus operandi es similar al que usó en su momento Mauricio Macri: se eligen algunos gremios, en muchos casos flojos de papeles, se “investiga” y muchas veces se decreta la intervención. En ese momento llegaban los hombres de Jorge Triaca y Luis Barrionuevo, gente tan poco confiable como la burocracia sindical.
En este caso es parecido. El jefe de la Superintendencia es Gabriel Oriolo, un ex gerente de OSDE, que además de las obras sociales debe “controlar” a su propia empresa, que compite con estas. Raro. Pero el verdadero “comandante sanitario” libertario es Mario Lugones, un médico y empresario que dirige la Federación de Prestadores de Salud y el Sanatorio Güemes.
Como interventora de OSPRERA, perteneciente a UATRE (sindicato de rurales) pusieron a Virginia Montero, que era parte de la conducción de la prepaga Medifé.
O sea, Milei pone a cuidar las obras sociales de las y los trabajadores a empresarios de la salud. Polémico.
2. ¿Qué hay detrás del avance?
Las obras sociales gremiales, cualquier trabajador lo sabe, dejan mucho que desear. En primer lugar, por la calidad de los servicios que han ido empeorando década a década. Entre los motivos está el aumento del trabajo no registrado que ha golpeado a las organizaciones gremiales (en 1984 el 75% de los trabajadores tenía obra social, hoy menos del tercio); la concentración y privatización del sistema de salud que favoreció a los grandes pulpos del sector (Galeno, Medicus, Swiss, clínicas privadas); el chantaje permanente del Estado, que es quien distribuye el dinero perteneciente a los trabajadores y sus organizaciones de manera discrecional.
Pero uno de los más importantes, sin dudas, es el propio accionar de las burocracias sindicales. Las cúpulas han tomado esos fondos, aunque menguados, como un botín mucho más direccionado a sostener el propio aparato que la salud de los afiliados. Manejos fraudulentos, pactos con empresas privadas, precarización de sus propios empleados, desvíos de fondos y sueldos abultados para los burócratas que las “administran”.
¿Milei viene a terminar con esos problemas? Todo lo contrario. Desde que llegó ha lanzado un ataque contra el pueblo trabajador que incluye a su salud. Desde el aumento de los costos de la salud hasta el ataque a los trabajadores y sus organizaciones (con la reforma laboral). Los fondos de las obras sociales siguen siendo administrados discrecionalmente como método de presión. Ataca al sector Discapacidad. Y el personal elegido para solucionar el problema empresarios de la salud, confirma que el objetivo es terminar de imponer en el sistema de salud la lógica neoliberal, la concentración y la privatización.
3. ¿Por qué la CGT no dice nada?
A pesar de que involucra a varias gremios de distintos sectores de la CGT, la central obrera no ha dicho una palabra. En particular los grandes sindicatos, como Sanidad, UOCRA, UPCN o Camioneros.
El periodista Mariano Martín, especialista en temas sindicales, plantea una explicación que abre un debate: “parte de la indiferencia de la mayor central obrera en este proceso puede explicarse en la decisión del Gobierno de eliminar el SUMA (Subsidio de Mitigación de Asimetrías) y redistribuir el saldo de ese subsidio entre las prestadoras en función del número de afiliados, una medida destinada a beneficiar a las de mayor volumen como las de los gremios de Comercio, estatales de UPCN, albañiles de Uocra o Sanidad. Entre esa resolución y la equiparación que forzó el Ejecutivo de aportes fiscales entre obras sociales y prepagas a favor del Fondo Solidario de Redistribución (FSR, que reembolsa al sector el costo de las prestaciones más caras) representaron las mayores concesiones libertarias a la CGT y sirvieron para elastizar los canales de diálogo con el sector”.
O sea que el silencio sería el precio de que los gremios “gordos”, los que manejan la mesa chica, se beneficien con la distribución de los fondos, propios o provenientes del monotributo social por ejemplo.
4. ¿Qué dice la izquierda?
La izquierda y el sindicalismo combativo no tienen ninguna confianza en la burocracia sindical. Tampoco en el manejo de la salud trabajadora. Siempre denunciamos cómo manejan las obras sociales, en el servicio cotidiano pero también en los grandes escándalos como fueron “la mafia de los medicamentos” (“Momo” Venegas) o el seguro de sepelios (los “sobre marrones” de la UOM). Hoy la burocracia está asociada a muchos de los grandes negocios de la salud (Güemes, Galeno, prepagas sindicales). Pero estamos en contra de que los fondos de la clase trabajadora, sus organizaciones, estén en manos del Estado capitalista y sus gobiernos. Más aún de un gobierno derechista que viene a liquidar muchas conquistas.
Qué propone la izquierda:
Esta pelea por la salud obrera está indisolublemente ligada a la recuperación de los sindicatos hoy en manos de la burocracia sindical. Para independizarlos del Estado, desarrollar la democracia sindical y convertirlos en herramientas de lucha de los trabajadores.
Lucho Aguilar
Nacido en Entre Ríos en 1975. Es periodista. Miembro del Partido de los Trabajadores Socialistas desde 2001. Editor general de la sección Mundo Obrero de La Izquierda Diario.
