Desde el inicio, la Ley Ómnibus fue presentada como batalla épica por el Poder Ejecutivo. Comprando su propio relato, anunció al Congreso que el 56 % obtenido en el balotaje era un aval explícito a su programa de ajuste. Rugiendo prepotencia, pretendió subordinar a los bloques opositores. Se chocó, no obstante, con la mecánica parlamentaria. Allí su debilidad le impuso una política de compromisos. Se abrió una grieta entre discurso y realidad. El “no se negocia nada” fue la manta retórica para cubrir concesiones al bloque que conformaron gobernadores y diputados colaboracionistas. La Ley Ómnibus pasó de 664 artículos a alrededor de 300.

Soportando los insultos y agravios presidenciales, el PRO, la UCR y Hacemos Coalición Federal se presentaron ante la clase dominante como “responsables” de garantizar gobernabilidad. En lo que constituyó un verdadero pacto entre extorsionadores, el Gobierno obtuvo su aprobación en general y la oposición cómplice logró beneficios para los poderes provinciales y las grandes patronales exportadoras. Confirmando la importancia del acuerdo, este sábado llegó la celebración de la poderosa Asociación Empresarial Argentina (AEA), que consideró la votación como “un paso” para crear “condiciones que promuevan las decisiones de inversión”.

Sin embargo, como escribió este viernes Jesica Calcagno

...el gobierno todavía tiene las manos vacías: sin la votación en particular artículo por artículo no hay ninguna media sanción. Está en un limbo (...) Durante el fin de semana la rosca va a continuar, y el destino de la ley ómnibus es realmente una lotería: si no llegan a un acuerdo los próximos días, La Libertad Avanza no tiene asegurado poder volver a sesionar y continuar con la votación en particular. Necesita volver a juntar el quórum de 129.

En estas horas, parte de las tensas negociaciones se juega en relación a los recursos fiscales para las provincias. Encabezando el lobby, el gobernador cordobés Martín Llaryora busca

...quedarse con una parte de la recaudación o del impuesto PAIS o del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). Por eso la votación en general se hizo teniendo en cuenta la eliminación de los artículos que ya había anunciado el miércoles el oficialismo, salvo los dos referidos al impuesto PAIS y los del FGS. De esa forma el gobernador se queda con un arma para continuar la negociación para disputar caja con el Poder Ejecutivo.

El debate en Diputados evidenció la fragmentación política que recorre el escenario nacional. En los 144 votos positivos hay que contabilizar no solo al oficialismo y a la oposición cómplice. También, entre otros, a los diputados tucumanos que accedieron a su banca en las listas de Unión por la Patria. El rechazo, por su parte, anudó votos de Unión por la Patria, Socialistas de Santa Fe, Natalia de la Sota (Córdoba), entre otros. A último momento, se sumaron los radicales Facundo Manes y Pablo Juliano, y Margarita Stolbizer, que integra Hacemos. Sumó, obviamente, los 5 votos del Frente de Izquierda, que ejerció las críticas más duras en la maratónica sesión.

La votación en particular comenzará el martes. Se anuncia como otro laberinto; al debate fiscal con las provincias se suman multiplicidad de temas aun sin dirimir. Entre otros, el otorgamiento de facultades especiales al presidente; las privatizaciones; la cuestión del endeudamiento público; las reaccionarias modificaciones en el Código Penal que destrozan el derecho a protestar. En esas ásperas discusiones, el bloque colaboracionista podría evidenciar más de una fisura, impidiéndole al oficialismo alcanzar sus objetivos.

Más allá de las transformaciones sufridas por el proyecto original, las facultades especiales aún constituyen un punto nodal de la ley. Un peligro futuro que, de votarse afirmativamente, implica otorgarle poderes cuasi monárquicos a Milei. Convertirlo, como ilustró Myriam Bregman, en un “mono con navaja”.

El tratamiento deberá sortear, también, el paso por el Senado. Allí las negociaciones entre Gobierno y bloques opositores aún parecen en gateras. Para el oficialismo el escenario se presenta más complejo. La oposición peronista reviste más fuerza relativa y podría forzar aún más cambios en la norma.

En esa maraña de tensiones, la movilización callejera puede ser un factor actuante que juegue en contra de la aprobación final de la Ley Ómnibus. Eso requiere un salto en la movilización y en las medidas de lucha. Obliga a la CGT a hacer a un lado la pasividad y convocar a la continuidad del paro nacional como parte de un plan de lucha.

En la tensa semana que pasó, la oposición más consecuente volvió a concentrarse en las voces del Frente de Izquierda, tal como había ocurrido en la limitada discusión en comisiones. Myriam Bregman, Nicolás del Caño, Christian Castillo, Alejandro Vilca y Romina del Plá denunciaron abiertamente tanto las consecuencias de la Ley Ómnibus como el ajuste en su conjunto. Tanto el miércoles como el jueves recriminaron la feroz represión que ocurría en las calles mientras se celebraba la sesión. Fueron más allá de los discursos. Salieron del Congreso para estar junto a quienes padecían y enfrentaban los gases, los golpes y los balazos de las fuerzas federales.

Ese protagonismo quedó ilustrado también en las redes sociales. Un informe publicado por DinamarcaPR consignó que “en los primeros tres días de debate por la Ley Ómnibus, Myriam Bregman fue la diputada más influyente, seguida por Fernando Iglesias y Leandro Santoro”. Añadamos un dato: Nicolás del Caño fue el quinto en ese ranking.

Ley Savoy, Ley FMI

Negociada en parte en los salones de un hotel, la Ley Savoy es también –como denunció Christian Castillo este viernes– la Ley FMI. Moldeada bajo las directrices del organismo internacional, es parte constitutiva de un ajuste salvaje que se amplía con el megaDNU, los tarifazos y la inflación persistente. Motosierra y licuadora, dicho en la simbología que elige el presidente para graficar un ataque feroz a las mayorías trabajadoras. Desplegando un cinismo incombustible, el mismo organismo que impone un ajuste feroz, “pronostica” una caída de 6 puntos en la actividad económica para 2024 [1].

Mendigando dólares en Washington y en el mundo, el Gobierno apuesta a mostrar determinación. A ofrecer una voluntad de ajuste que resulte creíble a los ojos del gran capital financiero internacional. En esa estrategia afinca su dureza discursiva.

La ferocidad represiva desplegada en las calles también nace allí. Apelando a la repetida retórica sobre el “derecho a circular”, el oficialismo busca liquidar el derecho constitucional a manifestarse. Ejecutando una represión salvaje, apuesta a crear un miedo pretérito a todo aquel que quiera salir a reclamar. En esa labor intimidatoria, las fuerzas federales violaron el inconstitucional protocolo que dicen cumplir: la represión se desplegó sobre las veredas. Fue acompañada de una cacería violenta, que se extendió por horas e incluyó la agresión y detención de periodistas y fotógrafos. Un ataque directo a la libertad de prensa.

Irónicamente, las grandes empresas periodísticas alentaron el clima de represión feroz que habilitó los ataques a periodistas y fotorreporteros. A lo largo de tres días se entregaron a la frenética estigmatización contra los “violentos” y contra la izquierda. Acompañaron así el relato oficial.

Un futuro de tensiones

En medio de las tensas roscas parlamentarias, uno de los protagonistas de la semana advirtió: “Si el Gobierno no va a un camino de coalición, tendrá dificultades; no se puede funcionar así 4 años”.

Histórico actor de la rosca política, Miguel Ángel Pichetto aconseja al Gobierno nacional. Lo alienta a intentar una política coalicional que amplíe la base de sustentación para un programa de ajuste anti-obrero que la oposición cómplice comparte. El consejo responde a un problema que empieza a delinearse. El intento bonapartista del Gobierno choca con los límites que imponen la relación de fuerzas institucional y que empiezan a señalarle las calles. Librada a sí misma, la prepotencia oficial se anuncia como fuente de nuevas crisis y tensiones, tan o más densas que la actual.

La posibilidad de que emerja algún tipo de coalición de gobierno -algo que puede adoptar distintas configuraciones- dependerá en gran medida del destino de la Ley Ómnibus. Encallada en las negociaciones entre oficialismo y oposición cómplice, puede transitar diversos rumbos, incluido el de la ruptura.

Intentando delinear tendencias generales, en El Dipló de febrero, José Natanson señala tres caminos posibles. El primero, el éxito del proyecto de Milei, con un Gobierno que logra superar obstáculos e impone su plan: “Milei como Menem”. El segundo, que la crisis se profundice y lo obligue a correr “a los brazos de Mauricio Macri (…) Una cohabitación al estilo Alberto-Massa, con referentes del PRO en puestos ministeriales y una coalición legislativa, territorial y empresarial construida alrededor del ex presidente”. La tercera, la “bonapartista”, con Milei intentando un gobierno en base a mecanismos plebiscitarios: “Milei podría (…) llamar a una consulta popular (…) se trataría de un recurso simbólico de relegitimación más que de una herramienta concreta de gestión, es decir que el contenido real de lo consultado puede ser arbitrario y manipulado”.

Ninguno de esos escenarios puede esquivar la agudización de la lucha de clases. No se trata solo de tensiones políticas. Atado a la ejecución del plan económico salvaje ordenado por el FMI y las grandes patronales, los caminos de Milei lo llevan a choques agudos con fracciones de las mayorías trabajadoras. La creciente declinación económica macera nuevas y más duras protestas.

Atendiendo a ese peligro social latente, el reporte del Staff del FMI señala que

las autoridades han reforzado significativamente la asistencia social a través de los programas de subsidios por hijos y cupones de alimentos, al tiempo que se alejan de los programas sociales distribuidos a través de intermediarios y preservan el valor real de las pensiones a través de bonificaciones discrecionales.

Sin embargo, el ajuste es un Kraken voraz, que arrastra y arrasa recursos. Como lo graficó el periodista y consultor Hernán Lectcher, la Secretaría de Desarrollo Humano del Ministerio de Capital Humano gastó cero (0) pesos en alimentos durante el mes de enero. Traducción en cifras del desprecio que la ministra Pettovello siente por los más humildes.

La llamada Argentina contenciosa emerge de ese malestar social ante la crisis que se agudiza. Condensa las tendencias más profundas de una relación de fuerzas social que aún debe definirse. Rompiendo un ciclo de desmovilización y pasividad que se extendió por largos años, el ajuste detona una actividad desde abajo que tenderá a profundizarse.

La calle dio su primera respuesta el 20 de diciembre. Ese día, el protagonismo le correspondió al sindicalismo combativo, los movimientos sociales independientes y a la izquierda, que desafiaron tanto el protocolo represivo como los discursos quietistas del peronismo. Por la noche, llegaron los primeros cacerolazos de las clases medias, importantes en muchos lugares. Una semana más tarde, la CGT convocó a Tribunales para judicializar el megaDNU. El llamado tuvo efectos superiores a los deseados por la dirigencia sindical. Ese día se volvió a quebrar el protocolo represivo de Bullrich. La ministra decidió ignorar las imágenes aéreas que mostraban calles cortadas. El 24 de enero, el paro nacional con movilización constituyó otro paso en la dinámica de la respuesta social. La marcha cobró masividad a pesar de las limitaciones que impuso la propia conducción sindical. Pactando la normalidad del transporte hasta las 19 h de ese día, desalentó tanto el paro como la concentración en Congreso.

En esta coyuntura empezaron a desarrollarse, aún de manera inicial, las asambleas barriales. También se desplegaron las asambleas de la cultura, donde destaca Unidxs por la Cultura. Se convirtieron en un actor político de vanguardia en la escena nacional. Son expresión genuina de una tendencia a la autoorganización que rechaza los verticalismos. Retoman una tradición de organización que nació en la gran rebelión de diciembre de 2001. Expresan, en cierta medida, una respuesta a la crisis de representación política. El rechazo a la “vieja política” no deviene antipolítica sino una nueva forma de politicidad y politización que asume la participación activa y consciente. Hoy su actividad se concentra en la pelea contra la Ley Ómnibus, el mega DNU y el protocolo represivo. Son, sin embargo, oposición política profunda al modelo Milei. Eso alimenta la perspectiva de su expansión al calor de la crisis económica.

La semana que pasó las encontró en las calles a lo largo de varios días. Confluyendo en Congreso desde diversos puntos de CABA y el AMBA a lo largo de tres jornadas. El jueves por la tarde fueron parte de la resistencia a la feroz represión que se desató en el Congreso. Allí, junto al sindicalismo combativo, la izquierda y las organizaciones sociales, resistieron las agresiones de las fuerzas enviadas por Bullrich.

La irrelevancia y la traición

“Prefiero la traición a la irrelevancia”, disparó Pichetto este viernes, en otra frase de antología. Podría describir, sin duda, más de una trayectoria dentro del amplio mundo peronista. Por ejemplo, la de Daniel Scioli, que esta misma semana arribó al gabinete de Milei, dejando tras de sí una estela de transformaciones. Aun sigue fresco el recuerdo de cuando fue presentado, allá por 2015, como “la alternativa” a la derecha que encarnaba Macri.

En estos días de batallas retóricas, el peronismo parlamentario ejerció una activa oposición a la Ley Ómnibus. Las denuncias filosas acompañaron chicanas y cruces. Sin embargo, esa verborragia acompañó una posición conservadora en el terreno de la movilización callejera. Allí eligió la irrelevancia.

La CGT se condenó a repetir su libreto, presionando públicamente sobre diputados y diputadas. Esa moderación continuó cuando las balas de goma cruzaban el aire alrededor del Congreso. Ante la feroz represión sólo ofreció un comunicado de prensa. Allí prometía “tempestades” que, sin embargo, no eran resultado de su accionar futuro. Como Penélope, las conducciones sindicales tejen y destejen ansiando la llegada de un llamado oficial a negociar. Al mismo tiempo, mantiene una política pasivizante sobre el sector obrero formal, tal como se expresó ante el paro del 24 de enero y con posterioridad. Allí, donde la continuidad de las paritarias permite no perder tanto frente a la inflación creciente, las conducciones sindicales rehuyen toda iniciativa que impulse a los trabajadores a la lucha.

Secundando a la CGT, los movimientos populares alineados al peronismo eligieron el mismo camino de irrelevancia. Este viernes ejercieron una “presencia testimonial” frente al Congreso, como lo graficó Juan Grabois en C5N. Criticando lo que llamó “vanguardismo”, se distanció de las movilizaciones que acaban de ser reprimidas durante dos días seguidos. Al mismo tiempo, eligió sumarse a la estrategia de lobby parlamentario desplegada por la CGT. En tono más que moderado, pidió a los diputados del bloque dialoguista que “reduzcan el daño, cambiando los artículos más graves se reducen los daños”. Sí. Le pidió a Pichetto y Ritondo que no sean Pichetto y Ritondo.

Esta ubicación conservadora atraviesa al conjunto del peronismo. Deviene táctica de otra estrategia: pavimentar el camino electoral. Un “Hay 2027” anclado en el desgaste progresivo de la gestión Milei. Esa espera es ilustrada por Martín Rodríguez Yebra, quien afirma en La Nación que

Cristina Kirchner lee esa realidad y pide paciencia a sus seguidores (…) Hace silencio público porque cree que no están dadas las condiciones para un choque directo con el nuevo presidente (…) La expresidenta no avaló la huelga prematura de la CGT. Ordenó apenas un acompañamiento sigiloso a los dirigentes de La Cámpora y de las agrupaciones que la veneran. Prefiere que de la erosión callejera se encargue la izquierda…

Esa ubicación conservadora alimenta el desencanto entre votantes y simpatizantes peronistas. Este malestar constituye parte de un proceso de experiencia política en desarrollo. Se evidencia, al mismo tiempo, una creciente simpatía por la izquierda, que emerge en las calles y en el Congreso como una voz de potente oposición al ajuste.

El peronismo repite su historial de 2015-2019. Se ofrece como futuro vehículo electoral contra la derecha al tiempo que su “pata social” permite el avance del ajuste. Agita a gritos en el Congreso solo para complementar el quietismo de las conducciones sindicales y sociales y burocráticas. Aplicada bajo el gobierno de Macri, esa “estrategia” facilitó el ascenso sideral de la pobreza y habilitó el endeudamiento ilegal con el FMI. Al mismo tiempo, bloqueó el desarrollo de una organización de la clase trabajadora y los sectores populares capaz de ser un contrapoder al gran empresariado. Ese que, con la derrota de Macri, “perdió” el gobierno directo de los CEO, pero mantuvo intacto su poder, alentando el desarrollo de Milei, Bullrich y la extrema derecha

Esperar el “desgaste natural” de Milei implica dejar pasar un ataque global contra las mayorías trabajadoras. Facilita los avances de las grandes patronales, que avanzan ofensivamente con despidos, reducción de salarios y precarización de las condiciones laborales. Posibilita, también, la imposición de un clima de constante represión a toda forma de protesta social. Actuando como fuerza política de contención, el peronismo político y sindical evita que el malestar que sufren millones se desarrolle hacia una fuerza de lucha masiva en las calles.

En su conjunto, el plan Milei implica un formateo regresivo del país en interés del gran capital. No admite “reformas” progresivas. Debe ser derrotado. Para eso hace falta poner en movimiento toda la fuerza de la clase trabajadora, del pueblo pobre, de las clases medias arruinadas. Hace falta apostar a la emergencia del movimiento de mujeres y de la juventud. Hay que potenciar el desarrollo de un abajo combativo que empiece a organizarse democráticamente en cada barrio, en cada lugar de trabajo, en cada lugar de estudio. Que vaya adquiriendo la fuerza para imponer a la CGT la continuidad de las medidas de lucha en la perspectiva de la huelga general. Una huelga general que, paralizando el conjunto de la actividad económica nacional, derrote el plan patronal y abra el camino a una salida favorable a las grandes mayorías trabajadoras.

En esa perspectiva resulta urgente que múltiples organizaciones se planteen la tarea de desarrollar ya mismo la más amplia movilización. Los organismos de derechos humanos, las organizaciones sociales, los movimientos populares y los sindicatos que responden a las diversas corrientes que integran Unión por la Patria tienen una responsabilidad. No pueden aguardar al “desgaste de Milei” mientras este sigue avanzando.

La apuesta estratégica del PTS-Frente de Izquierda es al desarrollo de esa potencialidad de lucha que puede surgir en cientos de miles o millones ante el agravamiento de las crisis. Al despliegue de las tendencias a la autoorganización para desarrollar un poder alternativo real al de las clases dominantes. A la construcción de una herramienta política propia de los explotados y oprimidos que le permita actuar en la escena nacional para construir una salida propia, en el camino de un gobierno de los trabajadores y el pueblo.