Este miércoles el Congreso de los diputados español votó una resolución pidiendo la liberación "inmediata" de varios dirigentes opositores detenidos en Venezuela. Frente a esta ofensiva intervencionista, el gobierno de Nicolás Maduro anunció que tomará medidas contra el gobierno español y al que denunció como “racista”.
Josefina L. Martínez @josefinamar14
Viernes 17 de abril de 2015
Imagen EFE Jeffrey Arguedas
La resolución aprobada por el Congreso de los Diputados español, pide la liberación “inmediata” del opositor venezolano Leopoldo López, del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, y de otros detenidos en Venezuela.
Los diputados instan al presidente español, Mariano Rajoy, a llevar adelante acciones ante organismos internacionales y ante el gobierno de Venezuela para lograr la libertad de los detenidos. Una moción que va en la línea de la que aprobó el Parlamento Europeo el pasado 12 de marzo.
La moción fue producto del acuerdo entre el PP y el PSOE, sumando el apoyo de los nacionalistas vascos del PNV, los catalanes de CiU y el liberal UPyD. Se opusieron, en cambio, los diputados de la Izquierda Plural, Izquierda Unida, la izquierda abertzale de Amaiur, Esquerra Republicana de Cataluña y el Bloque Nacionalista Gallego.
Al presentar la moción, la diputada del PP la emprendió directamente contra el gobierno venezolano: "Digamos que condenamos sin matices la escalada de represión y violencia emprendida por Nicolás Maduro y que exigimos la liberación de todos los presos políticos venezolanos".
El portavoz del PSOE dijo que en Venezuela hay "una situación que no es propia de un Estado de derecho", mientras que Irene Lozano, de UPyD, sostuvo que los detenidos "encarnan la democracia amenazada en Venezuela".
La intervención de los representantes del PP en el congreso tuvo también muchos ingredientes de política local. La portavoz del PP denunció a los "neopopulistas que mantienen relación con el régimen de Venezuela y no condenan la dictadura chavista", en un tiro por elevación hacia Podemos, que todavía no tiene representación parlamentaria pero se encuentra primero en las encuestas de intención de voto.
En su turno de palabra, Joan Tardà, de ERC, respondió que tanto el PP como el PSOE estaban mostrando un "gran ejercicio de hipocresía", y dijo que "Maduro ganó las elecciones aunque les joda". El portavoz de Amaiur aprovechó su intervención para mostrar un cartel pidiendo la liberación de Arnaldo Otegi, ex dirigente de Batasuna, al que "ustedes han metido en la cárcel por su actividad política", denunció.
La resolución del Congreso provocó una rápida respuesta del gobierno de Nicolás Maduro, que calificó de “intervencionismo”, “racismo” y “falta de respeto” la moción española. La ministra de Relaciones Exteriores de Venezuela, Delcy Rodríguez, entregó una nota al embajador de España en Caracas, asegurando que su gobierno no permitirá "intervencionismo ni injerencismo de ningún tipo".
Maduro acusó directamente a Mariano Rajoy de estar “detrás de todas las asquerosidades contra la patria de Bolivar" y a los políticos españoles de ser “racistas de la élite corrupta” y “despreciar a los sudacas, a los africanos, a los asiáticos".
“Si nos buscan nos encuentran y ya nos encontraron. Se acabaron Rajoy tus abusos. A Venezuela se le respeta, que lo sepa España entera", dijo en el programa de televisión “En Contacto con Maduro”.
Por su parte, el Presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, acuso al ex presidente del PSOE Felipe Gonzalez de "haber dirigido grupos paramilitares para asesinar personas que políticamente lo contrariaban a él".
El “Por qué no te callas” y la hipocresía imperialista
En el año 2007, durante la cumbre Iberoamericana en Chile, el entonces rey Juan Carlos pronunció una de las frases que ha marcado las relaciones diplomáticas entre Venezuela y el Estado español: “¿Por qué no te callas?” Así increpaba el rey a Hugo Chávez.
La tensión política se mantuvo, con idas y venidas. Este año, Felipe Gonzalez anunció su intención de ejercer como abogado de los opositores detenidos en Venezuela, mientras Rajoy recibió en la Moncloa a la esposa del ex intendente de Caracas.
El PP, que se llena la boca hablando de la “defensa de la democracia” y la “libertad de expresión” en Venezuela, acaba de aprobar en el Congreso de los diputados una ley que avasalla abiertamente las libertades democráticas en el Estado español: la “Ley Mordaza”. Ahora es posible detener y multar hasta con 600.000 € por convocar manifestaciones o acudir a las mismas si las autoridades no las permiten.
La represión y la criminalización de la protesta social se han incrementado los últimos años en el Estado español, como lo muestran las recientes operaciones contra centros sociales ocupados y activistas anarquistas en Barcelona, Madrid y otras ciudades, con decenas de detenidos.
Sin mencionar la represión a las luchas, como a los trabajadores de Coca-Cola, a los mineros, durante las marchas de la Dignidad, entre muchas otras. A lo que se suman detenciones de jóvenes y activistas que fueron puestos en prisión preventiva durante meses por participar de piquetes y manifestaciones durante las huelgas generales.
Este gobierno mantiene detenidos a miles de presos vascos y desconoce el elemental reclamo de miles de personas y sus familiares al reagrupamiento, sosteniendo una política de dispersión que implica otra forma de represión. Recientemente se han realizado operaciones represivas contra la izquierda vasca, como la “operación mate”, donde fueron detenidos una decena de abogados.
En el caso de Aznar y Felipe Gonzalez, que se pusieron a la cabeza de la campaña contra Venezuela y se ofrecieron para “defender” a los detenidos, su currículum habla por sí solo. El primero, responsable de la participación en la guerra de Irak junto a Bush, dirigente de un partido fundado por franquistas. El segundo, artífice de los grupos paramilitares “GAL”, fuerza de represión paraestatal contra la izquierda vasca durante su gobierno.
En el marco del incipiente acercamiento diplomático entre Venezuela y Estados Unidos, desde el Estado español, el PP y PSOE se han mostrado como defensores de un fuerte intervencionismo imperialista, basado en una aún más hipocresía y prepotencia.
El rechazo estas medidas, a la vez que a la oposición chavista pro imperialista y liberal, no implica, sin embargo, alinearse acríticamente con el gobierno de Venezuela, como hace buena parte de la izquierda en el Estado español.
Es necesario, en cambio, una total independencia política respecto al gobierno de Maduro, un cuestionamiento desde una posición de clase y anticapitalista, como se viene expresando en numerosos artículos de La izquierda Diario.
Josefina L. Martínez
Nació en Buenos Aires, vive en Madrid. Es historiadora (UNR). Autora de No somos esclavas (2021). Coautora de Patriarcado y capitalismo (Akal, 2019), autora de Revolucionarias (Lengua de Trapo, 2018), coautora de Cien años de historia obrera en Argentina (Ediciones IPS). Escribe en Izquierda Diario.es, CTXT y otros medios.
