Contraloría detectó sobreprecio en la compra de cajas de alimentos entregadas por el Gobierno como parte del plan para enfrentar la crisis por la pandemia y cuarentena entre mayo y junio del 2020. Además, se detectaron irregularidades en la repartición de cajas en regiones, como es el caso de la auditoría que se realizó a la Intendencia de Antofagasta por no cursar multas por incumplimiento en plazos de entrega de estas cajas.
Domingo 28 de febrero de 2021
El 2020 se vivieron aspectos de una crisis tanto política como social que se venía arrastrando con el estallido social y desde antes, con la llegada de la pandemia se desnudó toda la desigualdad social que se vive en Chile, existiendo protestas por hambre y centenas de personas que perdieron su trabajo por leyes que apuntan a proteger a los empresarios como la mal llamada ley de “protección del empleo”.
En este contexto, entre mayo y junio del 2020 el Gobierno decidió entregar cajas de alimentos como forma de dar una respuesta a esta profunda crisis, según el estudio de la Contraloría llamado “Evaluación de precios pagados en Programa de Alimentos para Chile”, en 15 de las 16 regiones del país pagaron los productos con un sobreprecio de hasta el 44%.
En la región de Antofagasta, por ejemplo, el gasto por caja fue de $41.643, mientras que la alternativa más barata era de $26.783. Además de esto la Intendencia Regional dirigida en ese momento por Edgar Blanco (RN), tuvo una auditoria ya que Contraloría descubrió diversas irregularidades, una de ellas es que no se cursaron multas a las empresas alimenticias por el incumplimiento en la entrega de las cajas de alimentos. Otra irregularidad es que se advirtió la falta de justificación por parte de la entidad en la elección de los proveedores EDS JCM Ingeniería y Servicios SpA., y Servicios Financieros y Asesorías Need Solution Ltda.
Este estudio, evidencia la pésima administración de los recursos fiscales de parte del gobierno nacional y regionales, que está enfocada en enriquecer a los empresarios amigos, favoreciendo una política de clientelismo, de administrar la pobreza, el cual juegan con la necesidad de la población y utilizan el mismo dinero público que generan los mismos trabajadores que quedaron sin trabajo.
Este tipo de situaciones no es nueva, el aprovechamiento político para favorecer los intereses privados es una forma de hacer política del gobierno y los partidos políticos del régimen, luego posan para la foto y hacen demagogia para obtener votos para las próximas elecciones. La crisis no la deben seguir pagando los y las trabajadores, la deben pagar los que la generaron: los grandes empresarios.
Nancy Lanzarini
Profesora de Lenguaje y Comunicación.
