En Cananea no sólo está en suspenso la vigencia de los derechos de los empleados también el agravio mayúsculo a un gremio fundamental en la conformación histórica del país.
Jueves 10 de febrero de 2022
En julio del 2007 dio inicio una de las huelgas más largas en la historia de México. En unos meses se cumplirán 15 años del conflicto minero en Cananea en el que cientos de trabajadores organizados, respondieron a las violaciones del contrato colectivo de trabajo a cargo de Grupo México, propiedad de Germán Larrea. En 2010 durante el sexenio de Felipe Calderón, se efectúo el desalojo a los obreros por medio de la fuerza policial.
El entonces secretario del Trabajo Javier Lozano Alarcón, en coordinación con Germán Larrea, armó un sindicato blanco, sometido a la patronal para seguir explotando hasta la fecha la mina bajo esas condiciones. Es precisamente durante el calderonato que se orquestaron operativos militares con el fin de sofocar el descontento de los trabajadores y la persecución política al dirigente del Sindicato Minero y actual senador de Morena Napoleón Gómez Urrutia, causal que lo orilló a refugiarse en Canadá casi 12 años bajo la tutela de algunos líderes sindicales hasta que regresó en 2018 ocupando un cargo plurinominal en el Senado.
El Sindicato Minero es el “responsable solidario”
El día de ayer le fue comunicado a Napoleón Gómez Urrutia por parte de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) que se deberá pagar 54 millones de dólares más intereses a los 226 trabajadores de la mina de Cananea beneficiarios de un fideicomiso creado en 2005. Cabe recordar que a finales de enero de 2021 el cuarto laudo emitido por la JFCA concluyo que deben respetar y realizar todos y cada uno de los pagos a los trabajadores mineros.
En dicha resolución de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje se señala que el reparto de los recursos guardados en el fideicomiso a los trabajadores debe de hacerse de manera proporcional. Sin embargo, cabe resaltar que las autoridades laborales nombradas por la 4T absolvieron a Grupo México, Industria Minera México y Minera Cananea del pago de las prestaciones y de atender las demandas del gremio minero. Siendo los principales responsables de las violaciones a los contratos colectivos de trabajo.
¿La 4T está realmente abogando por los mineros?
El gobierno de la 4T para levantar los bloqueos en las carreteras que llevaron a cabo los mineros el pasado 18 de enero propuso mesas de diálogo a través de la Secretaría de Gobernación. En el discurso el gobierno promueve una solución negociada para parar el conflicto, sin embargo, la empresa propiedad de Larrea no ha dado respuesta a los llamados del gobierno ni de los trabajadores.
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No hay garantía de que los acuerdos alcanzados se ejecuten en favor de los trabajadores de la sección 65, puede ser un desvío para que bajen la guardia y dejen de hacer bloqueos en la carretera federal, tal cual han hecho con otros conflictos obreros en los que escuchan, pero no hay resoluciones inmediatas de las demandas.
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Este conflicto de intereses no solo lleva 15 años de lucha por parte del gremio minero, recordemos que, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, el estado mexicano en pleno auge de las privatizaciones, propiciadas durante ese sexenio, Germán Larrea adquirió a un precio muy bajo el derecho de concesión para explotar la mina, siendo uno de los yacimientos de cobre más importantes del mundo. Mientras tanto, los mineros de la sección sindical 65 se han mantenido en pie de lucha hasta el día de hoy.
Todos estos años de lucha, de resistencia ante ataques y represiones han cimbrado en estas últimas semanas no solo al Estado mexicano, sino a la misma dirección sindical, por lo que consideramos que la base trabajadora debe mantener la presión a su dirección y no ceder ante las intimidaciones, ni a las promesas de las autoridades.
Por otro lado, no se puede confiar ciegamente en Gómez Urrutia, pues sus antecedentes dentro de la lucha obrera muestran cómo en cada ocasión ha llamado a confiar en una salida dialogada para el conflicto, con las mismas autoridades que absuelven a la patronal, argumentando que, ante la crisis internacional de la industria acerera y la voracidad de las empresas mineras en México, somos los trabajadores los que debemos mostrar toda la disposición para estar de lado de los patrones. No conforme con esta lógica antiobrera, la burocracia minera censura bajo el discurso de democracia y unidad en las filas mineras, cualquier tipo de crítica o expresión de descontento al interior del sindicato.
Es en base a maniobras y trampas, que la legalidad burguesa ha mantenido acorralado en procesos burocráticos a la base trabajadora de Cananea y eso debe terminar ya. Los métodos clásicos de lucha de los trabajadores, como paros, huelgas y movilizaciones se hacen más urgentes que nunca y deben impulsarse de manera conjunta por todo el sindicato, no sólo en la sección 65 y apelando a la solidaridad de clase con más sectores y movimientos.
Solamente mediante la unidad de todas las luchas obreras, organizadas democráticamente desde las bases y en unidad con los demás sectores en lucha, es que las y los trabajadores podremos imponer una salida favorable a nuestros intereses y enfrentar la crisis, despidos y planes de miseria que tienen los patrones y el gobierno.
