“Acepto la extradición que el Gobierno de la Administración actual (de México), un Gobierno fallido por cierto, está haciéndome en este caso. (...)”, declaró el ex gobernador de Veracruz Javier Duarte. Un reproche al Partido Revolucionario Institucional (PRI), que lo “sacrificó” ante la sucesión de escándalos de corrupción.
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Martes 27 de junio de 2017
La audiencia se realizó en la torre de Tribunales de Guatemala, pasadas las 12 horas y con un fuerte operativo policial. Allí llegó Duarte, detenido en una cárcel que opera en el cuartel militar Matamoros desde el pasado mes de abril.
El exgobernador dijo también que renuncia a presentar cualquier apelación en este caso.
El gobierno de Jimmy Morales recibió el pasado 7 de junio la solicitud formal de extradición del exgobernador veracruzano. Desde entonces inició el trámite para efectiva su devolución a México.
Duarte fue aprehendido la noche del 15 de abril en la recepción de un hotel del municipio turístico de Panajachel, en el departamento de Sololá. Fue al inicio de las campañas electorales del Estado de México, Coahuila, Nayarit -en las que se contendían las gubernaturas- y Veracruz, donde se iban a celebrar elecciones municipales. Un teatral intento del PRI para recomponer su imagen.
De acuerdo con la Procuraduría General de la República (PGR), el exgobernador priista está acusado por los delitos de “delincuencia organizada y contra la salud”, y existen otras dos órdenes libradas por la Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral de Xalapa, Veracruz.
Estas últimas son por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal, peculado, tráfico de influencias y coalición.
Entre 2012 y 2015, uno de los principales “logros” de Duarte, hoy detenido, fue el desvío de millones de pesos de los recursos públicos los cuales utilizó para adquirir bienes inmuebles tanto en México como en el extranjero. Otro fue la aplicación de la reforma energética en un estado petrolero clave como es Veracruz.
Asimismo, durante su gobierno, alcanzó niveles extremos la violencia contra periodistas y activistas, con el caso Narvarte –en el cual el reportero Rubén Espinoza fue asesinado en la Ciudad de México, donde se había refugiado, junto a Nadia Vera, activista, y otras tres mujeres– y el de Regina Martínez, colaboradora de Proceso. También aumentó la violencia contra las mujeres, expresada en feminicidios y criminalización del aborto, entre otras cuestiones.
