La madrugada de este sábado, Jeanine Áñez fue aprehendida en el Beni y trasladada a la ciudad de La Paz, luego de que el Ministerio Público haya ordenado su captura por los delitos de “sedición, terrorismo y conspiración”. Su declaración era esperada a las 9 de la mañana en la Fiscalía, sin embargo al no estar su abogado defensor, optó por guardar silencio.
Sábado 13 de marzo de 2021
Foto: Freddy Barragán / Página Siete
A primeras horas de la mañana de este sábado, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, en conferencia de prensa, daba a conocer la aprehensión de Jeanine Áñez. Ayer se conocía la aprehensión de 2 de sus ex ministros de Energía y de Justicia, Rodrigo Guzmán y Álvaro Coímbra, respectivamente. Y hace 3 días la Fiscalía aprehendió al Almirante, Flavio Arce. Todos estos involucrados y con responsabilidad en el golpe de Estado.
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Evoquemos los hechos luctuosos que se suscitaron en noviembre del año 2019 al perpetrase un golpe de Estado en Bolivia, en el cual 39 personas perdieron la vida, otros fueron arrestados y torturados y hubo varios heridos. Esta masacre se suscitó en Senkata (El Alto), Sacaba (Cochabamba) y Rosales, Pedregal y Ovejuyo (La Paz).
Recordemos que el gobierno de facto presidido por Jeanine Áñez, ordenó a las fuerzas militares reprimir las protestas de sectores de trabajadores y vecinos autoconvocados que resistían el Estado policial encabezado por Jeanine Áñez, Arturo Murillo y Fernando López.
Para darle un blindaje jurídico a los masacradores del pueblo humilde, aprobó el Decreto Supremo 4070 que autorizaba a las Fuerzas Armadas a asumir medidas extremas contra la población, eximiéndolas de cualquier responsabilidad penal.
Tras continuos reclamos por parte de las y los familiares de las víctimas y sectores que sufrieron durante la represión policial y militar durante el golpe, y a pesar de la retardación de justicia que dilata el clamor de una gran parte de la sociedad para que los responsables de estos hechos tengan las consecuencias debidas, en la madrugada de hoy se ha aprehendido a Jeanine Áñez.
No obstante, es preciso considerar que los delitos por los que avanza la investigación contra Jeanine Áñez, Álvaro Coímbra y Álvaro Guzmán -entre otros ex funcionarios y mandos militares y policiales- son por sedición y terrorismo, pero por lo que se debe juzgar a estos personajes son por los delitos de lesa humanidad, para que las masacres sufridas por nuestros hermanos y hermanas de Senkata, Sacaba y Ovejuyo no queden en la impunidad.
Que la Fiscalía con el visto bueno del Gobierno hayan decidido proceder a la investigación del golpe de Estado, sobre la base de los cargos de “conspiración, sedición y terrorismo”, le permite al MAS iniciar procesos a unos pocos ex funcionarios que habrían sido los artífices del golpe de Estado, situación que sería muy distinta si avanzaran los procesos por las masacres y los cientos de torturas a las y los detenidos. Esto último implicaría la detención no solo de algunos individuos sino de decenas de involucrados, tanto civiles como militares, por crímenes de lesa humanidad. Que los procesos no avancen por esta segunda vía le permite al MAS y a los golpistas explorar las vías de negociación manteniendo, la polarización política, relativamente controlada.
