En Perú se empiezan a visibilizar aún más los casos de violencia contra las mujeres. El caso de la niña Jimena, víctima de feminicidio, reabre la discusión sobre el papel del Estado.
Sábado 10 de febrero de 2018
Movilización en repudio por el feminicidio de la niña Jimena
Foto: La República
Hace pocos días un nuevo caso de violación y posterior feminicidio contra una niña de 11 años, conmovió al Perú y al mundo entero. Nos referimos al caso de Jimena, quien fue violada y luego incinerada por Cesar Alva Mendoza, en el populoso distrito de San Juan de Lurigancho (Lima). Este caso ha puesto en evidencia, una vez más, la violencia que sufren miles de mujeres todos los días.
Jimena fue secuestrada en una bicicleta por su victimario cuando se encontraba participando de los talleres de verano que se llevaban a cabo en las instalaciones de la comisaria de su zona. Al parecer, los efectivos policiales no repararon en el hecho, o no le dieron la importancia del caso, debido a que – como muchos testigos aseveran - el violador colaboraba como informante y por ello su cercanía con el ambiente policial era una constante. Cabe mencionar que Cesar Alva Mendoza, tenía antecedentes por abuso sexual y por tráfico de drogas y ni siquiera eso hizo que los efectivos policiales tengan los reparos necesarios con este personaje.
El caso de la niña Jimena se suma a las escalofriantes cifras presentadas por el Observatorio para la Criminalidad del Ministerio Público, las cuales detallan que en el año 2017 se presentaron 23,068 denuncias de abuso sexual contra mujeres, de las cuales el 76% son menores de edad. Estas cifras ponen en evidencia también que al día se denuncian por lo menos 70 violaciones sexuales en el Perú, sin embargo, cabe mencionar que muchos de los casos de violación a mujeres, y sobre todo a menores de edad, no se denuncian por desconocimiento de los canales adecuados, por vergüenza o por temor a sufrir represalias por parte de los violadores.
El gobierno de Pedro Pablo Kuczynski muy poco o nada ha hecho para acabar con esta dolorosa realidad, lo que queda evidenciado en las cifras expuestas también por el ministerio Público. Estos datos muestran que en lo que va de su mandato (año 2017), las violaciones de mujeres se han incrementado en un promedio de 2,110 nuevos casos. Lo paradójico es que el gobierno de PPK arrancó su gestión mostrándose “dúctil” a las demandas de género, incluso hubieron quienes le atribuyeron a sus ministras la calificación de “respondonas” para mostrar con ello una falsa diferenciación entre el Gobierno y el fujimorismo, que es el sector que – junto a las iglesias evangélicas – tienen las posturas más misóginas y conservadoras del país.
PPK no sólo ha reducido el gasto público en materia educativa y de salud, sino también, se observa la ausencia de un plan de prevención y de una política integral de mitigación y reparación de las víctimas. Esto se da porque para el presidente peruano lo más importante es cumplir con las demandas del gran capital internacional que le exige austeridad en el gasto social para cumplir a pie juntillas con el pago de la deuda externa.
Esto es lo que ha llevado a que el ejecutivo con Kuczynski a la cabeza, termine cediendo a las demandas reaccionarias del fujimorismo que, bajo el manto hipócrita de la campaña calumniosa denominada “con mis hijos no te metas”, impidió que se introduzcan en la curricula educativa temas que tengan que ver con la educación sexual. Sin embargo, hoy los fujimoristas - aprovechándose de la indignación popular - han salido a pedir la pena de muerte para los violadores. Esta medida demagógica no resuelve el problema de fondo, como bien lo demuestran las cifras de los países donde se aplicó como factor disuasivo. El motivo real que lleva al fujimorismo a sostener esta salida tiene que ver con la necesidad que tienen de descalificar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la cual está suscrito el Perú, a fin de que cuando esta instancia falle contra el indulto, su fallo carezca de legitimidad social.
Desde Pan y Rosas, nos solidarizamos con la familia de Jimena y con las víctimas y familiares de todas las mujeres que han sufrido agresiones sexuales, por eso nos sumamos a su demanda para que los responsables sean sancionados. Así mismo, exigimos que en los centros educativos se imparta una educación sexual para que las y los niños aprendan a conocer y valorar su cuerpo. Demandamos también que se implemente una reforma educativa con enfoque de género, que implique capacitación a docentes, estudiantes y padres de familia financiada por el Estado. Por otro lado, exigimos una Ley de Emergencia contra la violencia hacia las mujeres que considere un régimen de subsidios a las víctimas; la creación inmediata de refugios transitorios y un plan de vivienda a corto plazo basado en impuestos progresivos a las grandes fortunas y a las corporaciones inmobiliarias; un régimen de licencias laborales para las mujeres víctimas de violencia que tienen empleo y de licencias y pases educativos para las mujeres que estén en el sistema educativo, así como la creación y coordinación de equipos interdisciplinarios para la prevención, atención y asistencia. A Jimena también la mató el Estado con su política, el Estado es cómplice.
