Rosario. Jonatan Herrera: mañana audiencia y movilización

CASO JONATAN HERRERA

COMUNICADO AUDIENCIA REVISIÓN DE PRISIÓN DEL POLICÍA RAMIRO ROSALES - 2 DE AGOSTO DE 2018 – NUEVA AUDIENCIA MAÑANA VIERNES 3 DE AGOSTO A LAS 9.30 HS.

FRENTE A LA REPENTINA Y LLAMATIVA DECISIÓN JUDICIAL DE CONVOCAR A UNA NUEVA AUDIENCIA EL DIA DE MAÑANA, HACEMOS UN LLAMAMIENTO PARA ACOMPAÑAR A LA FAMILIA DE JONATAN HERRERA.
NOS ENCONTRAREMOS MAÑANA VIERNES 03 DE AGOSTO A LAS 09:30 HS EN EL CENTRO DE JUSTICIA PENAL (Sarmiento y Virasoro).
REDOBLEMOS LOS ESFUERZOS. TODXS JUNTXS EN LAS CALLES SEGUIREMOS EXIGIENDO JUSTICIA Y LUCHANDO EN CONTRA DE LA IMPUNIDAD !

Hoy, jueves 2 de agosto, se celebró la audiencia por la revisión de prisión a Ramiro Rosales, el único policía preso por el fusilamiento de Jonatan Herrera. La defensa de Rosales pretendió solicitar una morigeración de la pena que está cumpliendo su defendido a partir de requerir salidas laborales. Lo inaudito y bochornoso del pedido es que Rosales sería empleado en el Estudio Jurídico del Dr. Alexánder quien fuera su abogado en las etapas iniciales del juicio. Un lugar de trabajo en el que no estarían garantizadas las mínimas condiciones de seguridad que exige una solicitud de este tipo.

El juez Juan José Donnola, tal como detallaremos a continuación, se declaró incompetente para intervenir en esta causa. Empero a horas de finalizada la audiencia, la querella que representa a María Elena Herrera, la mamá de Jonatan, fue notificada de una nueva audiencia a celebrarse en el día de mañana ante el Juez Juan Carlos Curto. Ingrata sorpresa la celeridad con la que actúa la justicia cuando quienes exigen beneficios son miembros de las fuerzas policiales. La querella solicitó sea suspendida para la semana próxima por imposibilidad de los abogados querellantes de asistir ya que tenían otros compromisos asumidos con anterioridad para el día de mañana y la Oficina de Gestión Judicial rechazó el pedido.

Como mencionábamos, el juez Donnola a pedido de las partes acusadoras -tanto del Fiscal Adrián Spelta como las dos querellas que representan respectivamente a María Elena Herrera, madre de Jonatan, y a la Madre de su hijo- se declaró incompetente en esta causa porque entendió que la solicitud debe ser resuelta por el Tribunal de Juicio de Primera Instancia en pleno, es decir, con presencia de todos sus miembros, que juzgaron a los policías involucrados en el asesinato de Jonatan. Asimismo, argumentó que para poder decidir sobre una revisión de pena se debe conocer profundamente la actitud y los hechos de Rosales al momento y con posterioridad al asesinato de Jonatan, así como todos los elementos probatorios y los argumentos vertidos durante la instancia del juicio oral y público. De este modo, no se prosiguió a tratar el pedido debido a esta cuestión de previo y especial pronunciamiento. En consecuencia, el pedido de la defensa de Rosales deberá ser tramitado ante el Tribunal correspondiente.

Por su parte, las querellas solicitaron que sea resuelto por el Tribunal de Cámara que dictaminó en segunda instancia, por considerar que fue el último que sentenció en esta causa y porque, además, la sentencia no está firme ya que fue apelada ante la Corte Suprema de Justicia de la Provincia. Recurso que ha sido admitido en segunda instancia pero aún no ha sido recepcionado por la Corte y por ello entienden sigue siendo competencia del tribunal mencionado. La querella que representa a María Elena Herrera sumó como antecedente, en este sentido, que luego de ser dictada la sentencia de primera instancia y a la espera de la apelación solicitada fue el mismo Juez Curto, integrante del primer tribunal, quien resolvió una solicitud similar de la defensa de Rosales en relación a otra revisión de una medida cautelar.

Recordamos que Jonatan Herrera fue acribillado el 4 de enero de 2015 por policías del Comando Radioeléctrico (CRE) y de la recientemente creada Policía de Acción Táctica, mientras lavaba su auto en la puerta de su casa. Este caso evidenció prácticas policiales violentas, especialmente sobre jóvenes de sectores populares, de encubrimiento y alteración del lugar del hecho, a fin de lograr impunidad. También evidenció prácticas del Ministerio Público de la Acusación que incumplen estándares internacionales para la investigación y determinación de responsabilidades en estos casos. Durante el juicio quedó evidenciada la responsabilidad policial. No obstante, el 6 de abril, los jueces Curto, Alarcón y Zvala dictaron una sentencia bochornosa, que atentó gravemente la vigencia efectiva de los derechos humanos y que consagró impunidad. A pesar de que los jueces reconocieron que Rosales ese domingo a plena luz del día, en una zona densamente poblada, hizo detener el colectivo en que se trasladaba junto a otros policías para sumarse a la persecución que venían efectuando policías del CRE, bajó del mismo, desenfundó su arma reglamentaria 9 mm y disparó once veces, impactando por lo menos uno de sus disparos en una de las piernas de Jonatan, causándole la muerte; lo condenaron sólo 6 años y 6 meses de prisión por homicidio culposo; la fiscalía y la querella habían acusado por homicidio doloso calificado. Esta condena fue confirmada por los jueces de segunda instancia Beltramone, Depetris y Alonso, el 5 de octubre de 2017; contra la cual se interpusieron recursos de inconstitucionalidad, aún pendientes de resolución.

La ejecución sumaria de Jonatan Herrera constituye una grave violación a los derechos humanos por lo que corresponde el cumplimiento efectivo de la sanción. Además, cualquier morigeración de la prisión del último policía preso significaría, en caso de ser concedida, una amenaza para la vida, la integridad y la tranquilidad de la familia de Jonatan que han sido sistemáticamente amenazados, amedrentados y hostigados por las fuerzas policiales desde el asesinato de su hijo. Por ello, en próximas instancias seguiremos solicitando jurídica y políticamente que no le sea otorgado este beneficio al único policía preso por el fusilamiento.

Reiteramos por lo demás, nuestra sorpresa por la celeridad y eficiencia con la que el Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe actúa cuando quienes exigen prontas acciones son miembros de las fuerzas policiales, mientras que los familiares de víctimas de violencia institucional deben esperar años en una ardua y desgastante lucha cotidiana para que se lleven a cabo las investigaciones y los procesos judiciales en los que se anhela obtener justicia para que el Estado repare algo de lo dañado con estas graves violaciones a los Derechos Humanos.

Consideramos, finalmente, que éste como todos los pasos que damos y daremos en cada una de las instancias judiciales obedecen a la paciente y mancomunada labor llevada adelante por los familiares y las diferentes organizaciones que componen la Multisectorial Contra la Violencia Institucional así como otras organizaciones y referentes que acompañan el arduo proceso de lucha.

La lucha sigue!
Justicia por Jonatan Herrera!
Ni un pibe menos!
Basta de impunidad, el Estado es responsable!

Multisectorial contra la Violencia Institucional – Rosario