Tribuna Abierta. José Luis Escrivá, ¿técnico o ideólogo? Un eslabón más en la cadena neoliberal

José Luis Escrivá, actual ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, forma parte de la tríada tecnocrática del gobierno PSOE-Podemos, completada por Nadia Calviño, ministra de Economía, y Arancha González Laya, ministra de Asuntos Exteriores. Con un amplio currículum caracterizado por el desempeño de tareas de dirección en prestigiosas instituciones públicas y privadas, Escrivá desembarcó hace unos meses en el ministerio para encargarse de gestionar la reforma de las pensiones. Nos ha sido presentado como un experto en la Administración, capaz de arreglar los problemas que afectan a la prestación de los mayores y los que amenazan la pensión de los que aún estamos en edad de trabajar. Sin embargo, tras los sofisticados ajustes técnicos se esconden importantes amenazas que trataré de desgranar aquí. Para ello, analizaré su propuesta sobre los planes de empleo.

Si estudiamos el actual sistema público de pensiones que tiene nuestro país, vemos que existen dos modalidades principales: una asistencial, financiada con impuestos generales y recibida por personas en situación de vulnerabilidad económica, y otra contributiva obligatoria, financiada por las cotizaciones sociales de empresarios y trabajadores activos y recibida por los contribuyentes con una cuantía (que se mueve entre niveles de pensión máxima y mínima fijados por ley) situada en base a su historial laboral. A este sistema habría que añadir los planes de pensiones privados, los cuales se han caracterizado por una baja rentabilidad, llegando las pensiones públicas a acumular más retorno que el 95% de estos planes.

No obstante, el sistema público de pensiones ha sido mermado en los últimos años. Llegando a alcanzar un superávit del 2,2% del PIB en 2007, la crisis económica volcó esto hasta convertirlo en un déficit del 1,5% en 2015. Por otra parte, el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, regulado en la Ley 28/2003 y en el Real Decreto 337/2004, que fue creado fundamentalmente para almacenar excedentes que contrarrestaran los déficits causados por ciclos económicos adversos, experimentó una importante pauperización durante el gobierno de Mariano Rajoy, pasando de acumular más de 60.000 millones de euros en 2011 a presentar unos escasos 8.000 millones en 2018 (a esto se sumarían deudas contraídas con el Estado que arrojarían un balance negativo de 35.000 millones para el Fondo).

Es en este punto donde aparecen las propuestas del ministro Escrivá. Ya apuntó hace unos meses Alejandro Bravo en Izquierda Diario las reformas que estaban por venir, desde extender la edad real de jubilación hasta aumentar el número de años tenidos en cuenta para hacer el cálculo de la pensión. En este artículo voy a centrarme en los planes de empleo, pues aquí se encuentra la insidiosa ideología que hay detrás del ministro.

Los planes de empleo son planes de pensiones privados que las empresas ofrecen a sus empleados como un complemento de la pensión pública. Hasta ahora esta fórmula englobaba a menos del 10% de los trabajadores de nuestro país, concentrados principalmente en el sector bancario. Sin embargo, existen multitud de intereses de inversión que apuestan por extender el modelo. De hecho, José Luis Manrique, director de estudios de Inverco, animaba hace unos meses a la Administración a fomentar los planes de empleo, a la vez que celebraba la elección de José Luis Escrivá como ministro de Seguridad Social, del que decía que “es una persona muy técnica y creo que ahora hacen falta perfiles técnicos que sepan valorar exactamente la situación y la evolución de las pensiones públicas”.

Para potenciar estos planes, el gobierno ha planeado aumentar las desgravaciones de impuestos que llevan asociados, pasando el máximo de cantidad que puede acogerse a la deducción de 8.000 a 10.000 euros. Además, se piensa crear un macrofondo público que pueda competir con los planes de empleo de las empresas, para llegar especialmente a las pymes y a los autónomos. Sin embargo, la Administración no se haría cargo de este macrofondo, sino que estaría gestionado por entidades privadas elegidas por concurso público, reservándose el Estado algunos mecanismos de control. Asimismo, la Comisión del Pacto de Toledo ha insistido al Gobierno en la importancia del envío de la “carta naranja”, consistente en una misiva que informa a cada cotizante de la pensión que recibirá tras su jubilación, lo que serviría de medida de presión para elegir un plan complementario privado (pues muchos trabajadores actuales verían la paupérrima pensión pública que les quedará).

En este punto, alguien podría preguntarse si un sistema con elementos de capitalización es eficiente, por lo que se pueden estudiar brevemente un par de casos en Europa. Por un lado, tenemos al Reino Unido. Aquí el sistema de pensiones de empleo se reforzó tras las reformas del gobierno conservador de 2016. A pesar de que el empresario administra el fondo, es el trabajador el que aporta el caudal principal de ingresos a través de contribuciones de su salario. Además, a diferencia de la Seguridad Social, estos planes permiten que el trabajador realice aportaciones voluntarias, lo que beneficia a los empleados con los salarios más altos.

Por otro lado, está el caso de Suecia, donde hasta hace unas décadas funcionaba un sistema de reparto. Sería a partir de los años ochenta del siglo pasado, coincidiendo con la hegemonía del discurso neoliberal, cuando se empezó a hablar de la incapacidad de sostener el sistema a largo plazo. Esto llevó a un intenso debate que desembocó en las reformas de 2001, que hicieron que las pensiones suecas pasaran a sostenerse en tres pilares: los planes de empleo, los fondos de pensiones individuales y las cuentas nocionales. Estas últimas generan una pensión que se calcula en base al fondo acumulado, el tipo de interés utilizado y la esperanza de vida que se le calcula al trabajador. Como señala el economista francés Michel Husson, esta reforma provocó que se pasara de un sistema regido por normas sociales a otro basado en la actuación individual, teniendo sus ideólogos la habilidad de hacerlo pasar como un mero ajuste técnico. De hecho, en un artículo realizado por economistas de la Comisión Europea, a pesar de alabar su resiliencia y el amplio consenso de los partidos políticos que le permitió entrar en vigor, se apunta que el modelo de pensiones sueco posee mecanismos de ajuste que transmiten las cargas financieras derivadas de la longevidad a los propios pensionistas, perjudicando fundamentalmente a los que no pueden permitirse compensar una prestación pública baja con una pensión privada.

Como hemos visto, cuando se empiezan a introducir elementos de capitalización en sistemas de reparto, las pensiones tienden a reducirse enormemente para las clases trabajadoras. Las propias empresas son muy conscientes de esto, como lo prueba una reciente encuesta de la firma KPMG. Al preguntar sobre los planes de empleo a empresas españolas de distintos tamaños y sectores, el 63% opina que la reforma del sistema público ocasionaría una reducción de las pensiones a futuro.

No obstante, a pesar de todo ello, se nos dice que el sistema de reparto no es sostenible en nuestro país, pues nos encontramos ante un importante proceso de envejecimiento poblacional. Si estudiamos las proyecciones demográficas del INE, la AIReF y Eurostat, es cierto que las perspectivas no son halagüeñas. Se calcula una tasa de fecundidad de 1,4 hijos por mujer para el año 2050, aún lejos del valor que suele considerarse como promedio de reemplazo (2,1), circunscribiéndose los aumentos poblacionales a la llegada de inmigrantes. Además, la tasa de dependencia (el cociente entre la población mayor de 67 años y la que tendría de 16 a 66 años) se situaría entre el 50 y el 55% para ese mismo año.

Asimismo, un estudio de la Confederación Europea de Sindicatos denuncia que somos uno de los estados de la Unión Europea que sigue teniendo sueldos más bajos que en 2009. Los jóvenes lo tenemos aún peor, pues la mitad de los trabajadores menores de 30 años tiene un sueldo inferior al 66% del sueldo mediano del país, a lo cual se une que tengamos que vivir en grupo si queremos emanciparnos, pues los altos precios del alquiler provocan una gran extracción de rentas.

Con esta perspectiva, que no ha hecho más que empeorar con la pandemia, mucha gente puede encontrar razonables las propuestas de Escrivá. La cuantía de las pensiones de nuestro país se deriva de los sueldos percibidos durante la vida laboral, pero las prestaciones se financian a partir de los salarios de la población activa actual. Vistas los paupérrimos slarios que tenemos la mayoría de las y los trabajadores, se podría creer que el único método para salvar las pensiones es introducir elementos de capitalización como los planes de empleo. Sin embargo, hay importantes voces discordantes con esta opción.

Este es el caso de Iván Ayala, profesor de Economía Aplicada en la Universidad Rey Juan Carlos, el cual, después de apuntar que las grandes multinacionales dejaron de ingresar 13.000 millones de euros en impuestos en nuestro país, que podrían ser muy útiles para aliviar la deuda de la Seguridad Social, propone soluciones como financiar los déficits del sistema mediante los Presupuestos Generales del Estado. También ofrece alternativas Ignacio Zubiri, catedrático de Hacienda Pública en la Universidad del País Vasco, las cuales pasarían por sostener las pensiones mediante cotizaciones sociales, impuestos, un fortalecimiento del Fondo de Reserva o la emisión de Deuda Pública. Por otro lado, los economistas Lidia Brun, Nacho González y Pedro Trivín, apuestan por la financiación de las pensiones a partir de los Presupuestos Generales en lugar de potenciar los planes de empleo, pues opinan que esto último serviría para aumentar la desigualdad, además de apuntar la necesidad de que las rentas del capital aporten una mayor contribución al sistema público.

En definitiva, podemos ver que la reforma del sistema de pensiones que pasa por los planes de empleo conduce a una importante desigualdad, que continuaría la tónica de diferencias entre ricos y pobres que Occidente lleva siguiendo desde hace años. El lector atento habrá notado que a lo largo del artículo se repite continuamente el adjetivo “técnico”. Todas las reformas destinadas a introducir elementos de capitalización en las pensiones públicas han llevado aparejadas este calificativo, que ha conducido a vaciarlas de cualquier significación ideológica para dejarlas en el campo de los ajustes administrativos realizados por expertos. Sin embargo, podemos observar que este tipo de reformas no son simplemente cambios ejercidos por gobiernos responsables que buscan el bienestar de sus ciudadanos, sino que lo que persiguen es precarizar los sistemas de reparto y favorecer la participación de entidades privadas que únicamente buscan el lucro.

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José Luis Escrivá es el encargado de introducir estos cambios en nuestro país. Su trayectoria profesional, además de su actitud calmada y metódica, le han granjeado la simpatía de buena parte de los medios de comunicación. Siempre dispuesto a contestar a cada pregunta con prudencia y paciencia, responde a cualquier cuestionamiento sobre sus políticas con algún estudio realizado por profesionales de Hacienda.

No obstante, no debemos dejarnos engañar por ello. Sabemos que sus reformas, revestidas de sofisticados modelos empíricos, esconden medidas destinadas a precarizar el sistema público de pensiones y aumentar la desigualdad social. No hay que olvidar que la reforma de las pensiones ya había sido exigida por Europa hace unos meses para permitir la llegada de ayudas económicas por la Covid-19. De hecho, algunas empresas privadas especializadas ya se han olido el negocio y han empezado a lanzar sus nuevos productos. En conclusión, no nos debe cegar la idealizada imagen que nos intentan vender. Escrivá no es un simple técnico, sino un ideólogo que continúa el camino emprendido por otros muchos antes que él, un eslabón más en la cadena neoliberal.

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La solución al problema de las pensiones tampoco es “técnica”. Es política y se resuelve en la arena de la lucha de clases, imponiendo un programa que vaya en sentido inverso al del Gobierno: conquistar un sistema financiado en base a impuestos progresivos a las grandes fortunas y las cotizaciones necesarias abonadas íntegramente por la patronal, que garantice una pensión mínima de 1200 euros, actualizada según el aumento del coste de la vida y una rebaja de la edad de jubilación a los 55 años como una vía para combatir el desempleo.